Del colaboracionismo histórico al colaboracionismo criminal: el Estado como socio del delito

La palabra “traición” suele parecernos antigua, salida de los manuales escolares: Iturbide, Santa Anna, Miramón. En la política actual, sin embargo, ese término se queda corto. No basta hablar de corrupción ni de traición en el sentido constitucional. Lo que presenciamos es otra cosa: un colaboracionismo criminal, en el que el Estado no solo tolera o negocia con el delito, sino que se convierte en su gerente y jefe de logística.

El “huachicol fiscal” lo ejemplifica bien. No es el campesino con garrafón ni el ducto pinchado de madrugada, sino operaciones a escala industrial. Buques que entran con papeles falsos, impuestos evaporados, concesiones a empresarios cercanos al poder. La escena no corresponde a una desviación individual, sino a un patrón sistémico. La sociología política lo ha llamado captura del Estado; la historia europea, colaboracionismo. En ambos casos, la legalidad es absorbida por intereses que actúan como fuerzas de ocupación.

El colaboracionismo clásico se asociaba a la Segunda Guerra Mundial: gobiernos que servían dócilmente a tropas extranjeras. El colaboracionismo criminal, en cambio, no necesita invasores. Aquí el ocupante es interno: mafias que se organizan como ejércitos y pactan con las instituciones hasta volverse indistinguibles de ellas. En este modelo, la soberanía no se pierde en batalla: se hipoteca en notaría.

El caso de Tabasco, con la organización llamada “La Barredora”, muestra el extremo de este proceso: cuando el propio jefe de la seguridad estatal resulta ser el líder de la red delictiva. Ya no hay dos actores colaborando -Estado y mafia- sino uno solo con doble camiseta. Si en el colaboracionismo europeo se obedecía a Berlín, aquí se obedece al despacho propio. Y la paradoja es brutal: el aparato diseñado para proteger a la ciudadanía se convierte en el garante de su sometimiento.

Este colaboracionismo criminal se sostiene en tres pilares. El primero es la opacidad: concesiones, contratos y permisos que nunca se someten a escrutinio público. El segundo es la impunidad: investigaciones que se extienden hasta volverse irrelevantes. El tercero es la banalización: la tendencia a nombrar “corrupción” lo que en realidad es captura institucional. Con esas tres condiciones, el engranaje funciona sin sobresaltos.

Las muertes terminan de darle forma a la categoría. Oficiales que aparecen “suicidados”, fiscales ejecutados en puertos clave, empresarios acribillados en carreteras. No mueren los beneficiarios, mueren los que avisan. Esa asimetría pedagógica deja claro que hablar cuesta la vida, mientras callar paga dividendos.

Para la inteligencia colectiva la lección es clara: frente a la corrupción todavía caben remedios técnicos -auditorías, controles, sanciones-. Frente al colaboracionismo criminal, las respuestas deben ser políticas, éticas y colectivas: pactos sociales amplios, vigilancia ciudadana constante, memoria histórica que impida normalizar la entrega del país como trámite administrativo.

México carga con esa paradoja: discursos de soberanía y prácticas de claudicación. La factura la pagamos todos; el recibo lo guardan unos cuantos. Y mientras no nombremos el fenómeno por su nombre, seguiremos atrapados en la comedia de los eufemismos.

Porque aquí no es que el Estado negocie con los secuestradores del avión. Es peor: el piloto es también el jefe del cártel, y lo anuncia por el altavoz con una sonrisa. Y, para colmo, pide factura.