Derechos humanos, ‘enemigo’ de diputados locales del PAN
Durante la última década, la mayoría de los diputados locales que han representado al PAN en la Legislatura del estado ha evidenciado que mantienen una pelea contra los derechos humanos en su quehacer legislativo. Omisiones, declaraciones y prioridades en su agenda –oculta, muchas veces- lo demuestran.
El respeto a los derechos humanos, o la búsqueda por fortalecerlos, es algo que se le indigesta a la mayor parte de los legisladores de este partido.
De Fernando Urbiola Ledesma (2007) a Juan Luis Íñiguez (Tribuna de Querétaro 845), sus expresiones verbales en diferentes entrevistas con este medio y otros más confirman su aversión (por decirlo con sutiles palabras) hacia asuntos de interés colectivo que incluso ya están plasmados en resoluciones jurídicas a nivel nacional e internacional.
El artículo 1º. de la Constitución federal –inicio del capítulo I denominado “De los derechos humanos y sus garantías”- ampara a todos los integrantes de la población del país a no ser discriminados. Esto habría que recordárselo y enfatizárselo a la mayoría de los diputados locales cada periodo legislativo.
Integrante de la LV Legislatura, cuando el PAN también tuvo mayoría (16 de 25 curules), Fernando Urbiola Ledesma expresó en 2007 que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era como abrir la posibilidad de permitir que una persona se casara con un perro o con un animal. Esta declaración trajo consigo el repudio y la desaprobación de distintos sectores de la sociedad. Incluso activistas fueron a entregarle kits de no-discriminación.
Posteriormente, en 2009 el entonces presidente de la Comisión legislativa de la Familia –más de un académico y activista propondría pluralizar este último término- propuso e impulsó cambios en el artículo 2 de la Constitución local para penalizar el aborto y reconocer la vida desde la concepción, en todo el estado.
Pese a las voces de oposición en los foros, los gritos de cientos de ciudadanos en contra de la reforma, una corona fúnebre “en memoria de los derechos –humanos- de las mujeres” en la sesión de pleno, integrantes de Salud y Género que se desnudaron parcialmente frente a diputados locales del PAN a manera de protesta, al final pudo más la suma de prejuicios personales y las reuniones con el obispo de la Diócesis para que la mayoría de la LV Legislatura avalara esta propuesta en septiembre de 2009.
Eric Salas González, diputado local entonces y electo otra vez para el periodo 2015-2018, manifestó el año pasado -2016- que los gays le “dan hueva”. Uno de los presidentes de la Mesa Directiva y principales figuras en la bancada panista de la LVIII Legislatura, otra vez envuelto en la polémica.
Así, los derechos humanos fueron menospreciados, ooootra vez, en declaraciones de diputados locales del PAN.
En la entrevista, realizada por la académica y periodista Mariana Chávez Castañeda, uno de los temas que se le plantearon fue por qué los diputados locales no habían armonizado el Código Civil local después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que reconoce el matrimonio tanto entre personas heterosexuales como entre homosexuales (del mismo sexo).
Por si no esto no fuera suficiente, Juan Luis Íñiguez, diputado electo en el sexto distrito, señaló que hay derechos “más importantes” que luchar por legislar y posibilitar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Esto se sumó a cuando en el segundo informe de la Legislatura, el mismo diputado mezcló sus creencias religiosas con su labor legislativa en su discurso, y dejó entrever que sus decisiones como diputado tenían como base los intereses y los dogmas del catolicismo.
Dos más de sus compañeros de bancada, María del Carmen Zúñiga Hernández y Antonio Zapata Guerrero, también han expresado públicamente su desaprobación hacia la búsqueda por fortalecer los derechos de la comunidad LGBTTI. Cada uno lo dijo en sus etapas como alcaldes de Querétaro y Corregidora, respectivamente.
Los cinco casos de diputados locales panistas mencionados en este artículo deberían no sólo indignarnos por el contenido y trasfondo de sus expresiones verbales, sino motivar una exigencia ciudadana constante y puntual a todos los legisladores para recordarles que son servidores PÚBLICOS y que su responsabilidad es LEGISLAR PARA TODOS, no sólo para defender los dogmas, prejuicios e intereses de una religión.
Los derechos humanos no tienen por qué ser limitados u obstaculizados. Son el pilar del inicio de nuestra MÁXIMA LEY en el país. Habría que exigirles, a todo y cada uno de los diputados y las diputadas –PAN, PRI, Morena, PVEM, Nueva Alianza- que transparenten sus decisiones y sentido del voto en iniciativas de ley, así como en su quehacer legislativo- en esta materia.
