Opinión

Derechos humanos y recaudación de impuestos

Por: María del Carmen Vicencio Acevedo / metamorfosis-mepa@hotmail.com

PARA DESTACAR: ¿A quiénes beneficia esa política? Está claro que al pueblo NO, pues cuando los habitantes de las zonas populares demandan atención al ayuntamiento, se impone recurrentemente la respuesta del “no hay presupuesto”.

Por estos días se discute la Ley sobre la recaudación de impuestos para 2017. En una nación como la mexicana, definida formalmente como “democrática y republicana”, los impuestos tendrían que contribuir a la justicia social, en una distribución equitativa de los recursos que el Estado recabe.

Equidad no es lo mismo que igualdad. Tratar a los ciudadanos por “igual”, en un país con graves desigualdades sociales como el nuestro, empeora las disparidades. La equidad implica, en cambio, un trato compensatorio, por el que ha de cobrarse más a quienes más tienen, y menos, a quienes menos tienen, y dar atención prioritaria a la población más vulnerable. El principio de equidad es la base de un régimen, que presume respetar los derechos humanos.

El impuesto predial, como se sabe, permite a un ayuntamiento brindar a la población diversos servicios, como: alumbrado público, recolección de basura, construcción y mantenimiento de calles y banquetas, parques y jardines, ordenamiento vial y comercial, etc.

En los últimos días, nos enteramos sin embargo, que para 2017 “no habrá aumento en el impuesto predial”. Antes, en la pasada campaña electoral, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, Manuel Pozo, ofrecía como promesa de campaña: “Predial gratis”.

Esas ofertas no se acompañan de una propuesta al Congreso, de reforma fiscal, para garantizar una distribución más justa; “tratan a todos por igual”. Así, quienes las hacen, dan la imagen de que son solidarios con la población y “apoyan la economía familiar”. Esto les urge, ante la presión social que les exige parar la rapacidad corrupta de su clase política y la insensible avidez de Hacienda.

Los gobiernos, del color que sean, suelen presumir que pueden mantener el predial sin aumento, gracias a que se “aprietan el cinturón” o siguen la “política de austeridad”.

Una pregunta que queda en el aire es: ¿a quiénes beneficia esa política? Está claro que al pueblo NO, pues cuando los habitantes de las zonas populares demandan atención al ayuntamiento, se impone recurrentemente la respuesta del “no hay presupuesto”. Esta respuesta deviene en círculo vicioso, pues mientras mayor sea el descuido gubernamental de las zonas deprimidas, mayores recursos se requerirán, hasta que “ningún presupuesto alcanza” para aminorar su lamentable situación (La respuesta entre comillas la dio un funcionario).

Detrás del cobro y pago de impuestos (no solo del predial, sino de todos los que hay), se tejen vericuetos ocultos, que mantienen y aumentan los privilegios de unos cuantos e imponen el peso de la mayor carga fiscal sobre los hombros de las clases trabajadoras.

Cuando Pancho Domínguez era alcalde, fui testigo de lo que sucede con el cobro del predial en el otro lado de la medalla: un funcionario de Catastro presentó, ante el Consejo Municipal del Medio Ambiente un sofisticado programa computacional que marcaba con verde, amarillo o rojo, las zonas urbanas, según su adeudo predial. Las caballerizas del Club Campestre estaban de rojo. Ante la pregunta de por qué no cobraban, el funcionario explicó que “hacerlo generaría un serio conflicto social” (sic).

En otro contexto, el diputado local Héctor Magaña propuso recientemente una iniciativa de ley para eliminar el concepto de “obras públicas y educación” del impuesto predial (25 por ciento del pago). Según él, dicho cobro es “inconstitucional” porque “el mayor rubro de esa recaudación se va para sueldos de funcionarios de primer nivel”.

Fundar, Centro de Análisis e investigación, A.C., en su reporte: “Privilegios fiscales: beneficios inexplicables para unos cuantos”, elaborado por Iván Benumea y Javier Garduño (México, septiembre de 2016; accesible en la red electrónica), da cuenta, de una manera muy profesional, de la forma tan arbitraria, oscura e injusta como funciona en México la recaudación y condonación de impuestos.

Ese estudio concluye, señalando, entre otras cosas, que: “…el hecho de que un número muy reducido de contribuyentes sean los principales beneficiados de la cancelación de créditos fiscales, o implica un trato diferenciado por parte de la autoridad que amerita ser cuestionado, o podría significar prácticas abusivas de este tipo de mecanismos por parte de pocas personas, lo cual debería de ser investigado a profundidad…”

Estos señalamientos pueden ilustrar la noticia de que, nuevamente, el Gobierno del Estado entregará a la fraudulenta fundación privada Teletón más de 85 millones de pesos (¿cuánto más recibe de los demás estados y de la federación?).

Meses antes, la federación había recortado 51 millones de pesos al presupuesto anual de la Universidad Autónoma de Querétaro, orillándola a una quiebra técnica. No hay duda: a nuestros cínicos gobiernos poco les interesa la justicia social.

 

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