Desconocimientos, fallos, legalidades y democracias
ENTRE PERROS Y BARRILES
Por: Jorge Antonio Torres Anaya
México se encuentra en un vacío de significados. Por más que en los medios se hable de ciertos conceptos que conllevan ciertas ideas, al pueblo no le son claras y terminan por abandonar todo intento por entender el engranaje de “lo político”. No como excusa sino como mera consecuencia de esta falta de claridad, toda acción o reacción en el campo de lo social (y por lo tanto de lo político, según aserciones de Aristóteles respecto de la naturaleza del hombre) le es absurda, inútil e innecesaria para la la vida común.
¿Qué es desconocer las instituciones? Para términos prácticos, se podría definir como una reacción cuasi anarquista, en donde fuera del malentendido de definirlo como desorden, se considera que las instituciones encargadas de mantener el orden dentro de una sociedad establecida incumplen con su labor y privan a la sociedad de esa voluntad de decidir su rumbo más allá de la supuesta autoridad establecida.
Habría que restablecer la premisa de que si toda autoridad representativa (tal y como son las instituciones gubernamentales), de acuerdo a la voluntad popular, no cumple con su objetivo, el pueblo tiene el poder de desconocerlas.
Aquí entran los fallos que contradicen la voluntad del pueblo. En una democracia representativa, si la voluntad del pueblo expresa su inconformidad con un fallo en el tribunal, este órgano de representación del orden legal debe acatar dicha voluntad popular.
¿Qué entendemos por legalidad e ilegalidad? En una sociedad donde se establece una Constitución como conjunto de leyes que regulan la vida en ella, se ha de entender que es la voluntad popular lo que se plasma en este documento, especialmente si se considera a esta sociedad una democracia representativa. Esto quiere decir que todo servidor que tenga un cargo legislativo representa a un sector de la sociedad que lo eligió para ese cargo y que por lo tanto expresa por medio de las leyes su voluntad por la representación a un sector de la sociedad y que por lo tanto este grupo expresa, por medio de las leyes, su voluntad por la representación de este servidor público.
No debe entenderse entonces en una autoridad sino como una servidumbre a la voluntad popular. Todo acto violatorio de esta esencia del cargo público es una aberración del orden, y por lo tanto una ilegalidad dentro del marco de la democracia representativa.
Las pasadas elecciones parecen no demostrar correspondencia con estas ideas:
1) Si el IFE es una institución que se encarga de realizar las elecciones para elegir a los representantes populares y a todas luces esta actividad se ve violada sin ninguna queja por parte de este organismo, no realiza adecuadamente su labor y pueden ser imputadas sus decisiones e incluso ser desconocido y disuelto el IFE si la voluntad del pueblo lo demanda.
2) Si el TRIFE, al igual que el anterior argumento, es incapaz de resguardar y emitir fallos que constaten realmente la voluntad del pueblo, también está sujeto a ser imputado, desconocido y disuelto si se desea.
3) La Constitución, como compendio de leyes bajo las que se rige México, no puede nunca ser un impedimento para la voluntad popular, dado que de ella debería emanar. Al reclamo popular tampoco deben de anteponerse los fallos (a todas luces erróneos) de los magistrados, puesto que si el pueblo lo demanda, tanto las leyes como los “representantes” de orden social” deben de acatar la voluntad popular.
4) Una verdadera democracia representativa debe de hacer consciente al pueblo que en una supuesta “jerarquía social” el ciudadano se encuentra arriba del servidor público y no al revés. Todo representante está a disposición del pueblo. No como autoridad.
Además opino que se debe de respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación, legislarse adecuadamente sobre los derechos indígenas, evitar que los grandes capitales se involucren en nuestras elecciones y dejar de disfrazar el fraude electoral desde los medios.
@AntonioTorresA
antoniotorresanaya@gmail.com
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