Opinión

Diputados

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Funcionarios “Blindados frente a la sociedad”, guardianes de la opacidad, actos oscuros, indiferencia absoluta hacia la ciudadanía, desprecio por la ley.

Por supuesto que es inconstitucional la elección de dos integrantes de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, ocurrida el último día de enero. Fueron designados con 16 votos cuando la fracción IV del artículo 17 de la Constitución local dispone que se requiere mayoría calificada, es decir, debe reunirse la voluntad de dos tercios de los integrantes de la Legislatura. Y dos tercios son 17.

Han violado la constitución tanto los legisladores como los nuevos funcionarios, que justo en la liturgia misma de aceptación del cargo juraron cumplir y hacer cumplir la ley suprema. Del mismo modo que ocurrió en 2010 cuando sin reunirse la mayoría de los votos fueron designados los consejeros del organismo electoral. Entonces y ahora se violó la Constitución. Entonces el control de la Legislatura lo tenía el PRI, ahora lo tiene el PAN: el comportamiento autoritario y arbitrario es el mismo. ¡No pueden los poderes funcionar de ese modo! “Blindados frente a la sociedad”, guardianes de la opacidad, actos oscuros, indiferencia absoluta hacia la ciudadanía, desprecio por la ley.

Por si no fuera suficiente el acto inconstitucional, al subsanar una irregularidad en la conformación de ese organismo, la legislatura designó a un funcionario subordinado del comisionado presidente y, como quien no quiere dejar la menor duda sobre el sitio de donde provienen las decisiones, designó a una empleada del Poder Ejecutivo, asignada precisamente a la oficina del gobernador. Efectivamente, ya se hicieron del control de otro organismo autónomo. El que le faltaba al panismo, que ya no se distingue frente a lo peor del priismo prepotente. Entiende uno que todo poder tienda a expandirse, pero aquí ya se pasaron.

A los políticos sí que les gusta parecer simpáticos. Les preguntan por agua y responden con un aguacate. En un acto que no entraña sino la creencia de que la ciudadanía es un atado de imbéciles, el presidente de la mesa directiva salió a decir que al cuestionar los nombramientos sólo se está buscando “hacer quedar mal” a las cuatro fuerzas políticas que los aprobaron, pero pasa por alto la cuestión central, que es el acto inconstitucional. (Un acto que seguirá siendo inconstitucional así hubiera sido respaldado por diez o por 16 fuerzas políticas, y que espero sea echado abajo por el Poder Judicial de la Federación). Y los nombrados, desentendiéndose de la gravedad de los hechos, suplican que por favor los dejen trabajar con la promesa de que demostrarán que son buenas personas. De plano vamos de retroceso en retroceso. Todo lo avanzado es arrojado a la basura, apostándole a la amnesia colectiva, a la opacidad, al agandalle.

Este acto inconstitucional es el más reciente eslabón de un arranque de tristes augurios para la Cámara de Diputados. Un acto anterior ocurrió en diciembre, al aprobar una reforma orientada a mutilar los derechos de los trabajadores. El Poder Legislativo funcionó de facto como una pieza de la relojería del Poder Ejecutivo, en mi opinión violando el espíritu del artículo 13 de la Constitución, y lo pudo hacer sólo con los toletes de las fuerzas antimotines del Ejecutivo. Un segundo acto fue la designación de seis magistrados del Poder Judicial, que fue un retroceso en las formas y una abierta imposición de criterios de partido.

Una estampa más de este penoso paisaje la protagonizaron un legislador del Partido Acción Nacional y el propio titular del Ejecutivo. Cuando el legislador reveló que respaldaría la iniciativa formulada por una organización ciudadana para prohibir la presencia de menores de edad en corridas de toros, no sólo reaccionó uno de los más poderosos empresarios taurinos sino que el propio titular del Ejecutivo ocupó la escena del modo más grotesco e irrespetuoso. Al salir con la simplonería de que “dejen de estar jugando y pónganse a trabajar” paró en seco a otro poder, al que debe respeto. Aunque tenga razón. Que el gobernador es parte del proceso legislativo es una verdad a medias, porque el gobernador puede vetar una ley pero hasta que ha sido aprobada. Lo que hizo fue un alarde de injerencia que vulnera la separación de poderes. Y al no ofrecer defensa, ni por conducto del diputado ofendido ni por ningún otro miembro de ese cuerpo colegiado, la legislatura asumió el papel subordinado que el Ejecutivo le está asignando, contrariando de modo flagrante el espíritu constitucional.

Estamos entrando a los terrenos de lo preocupante. Aquí aplica lo que alguna vez cuestionó el historiador Lorenzo Meyer respecto del despreocupado cinismo de los políticos ante la crítica (necesaria y legítima) de los críticos. Siguiendo a Meyer, ahí están los políticos dispuestos a aguantar gritos y mentadas de madre, pues al fin y al cabo sus privilegios ya no se los quita nadie. Que esto sucediera en los días del autoritarismo de los 70s, pasa, pues estábamos a años luz de la alternancia. Que suceda en nuestros días es, de plano, para avergonzarse.

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