Opinión

Discriminación a profesores jubilados en la UAQ

Por: Mariano Amaya Serrano

Académicamente, nuestra universidad ha propiciado una absurda Crisis de Discriminación a los Profesores Jubilados, subyace el pretexto de posibles problemas económicos, relacionados con sueldos y nueva escala de antigüedad…

De manera especial, nos referimos a una serie de acciones emprendidas por el Rector Raúl Iturralde Olvera y los funcionarios de su equipo operador, así como por algunos directores de facultades, escuelas y departamentos, con la pasiva aquiescencia (o debiera decirse complicidad bien remunerada) del Comité Ejecutivo y su secretario general, Marco Antonio Rubio Abonce, que propiciaron la crisis que en muy breves rasgos describimos y que fue emprendida en contra de los profesores jubilados.

En flagrante violación a la Cláusula 33 del Primer Contrato Colectivo de Trabajo (1975), que apareció de manera provisional y por concesión a presiones políticas del Ejecutivo en turno, aceptando el título de “Estatuto sobre las Relaciones Laborales…”, aprobado y ratificado por el H. Consejo Universitario y por el SUPAUAQ, en la Sesión Extraordinaria del día 25 de septiembre de 1975; y Ratificado por el H. Consejo Universitario en cuya acta correspondiente se asienta “el H. Consejo Universitario declara que el estatuto ha sido aprobado, tenga su principio de vigencia a partir de este momento (día 25 de septiembre de 1975). El SUPAUAQ solicitó formalmente al H. Tribunal del Trabajo del Estado de Querétaro, mediante el escrito correspondiente y debidamente firmado por el Secretario General de dicho organismo, Lic. Mariano Amaya Serrano, y testado por el Secretario de Actas y Acuerdos, Lic. Francisco Perrusquía Monroy;

“Primero, Tenerme por presentado en tiempo y forma, con la personalidad que ostento ante ese H. Tribunal en relación con el presente procedimiento.

“Segundo, que una vez que la H. Junta de Conciliación y Arbitraje haya cotejado la correspondencia y equivalencia de los documentos: “Contrato Colectivo de Trabajo que celebra, por una parte la UAQ y por otra el SUPAUAQ”, de fecha 1 julio de 1975 y que se encuentra depositado ante esa H. Junta, en esta promoción; con el Estatuto sobre las Relaciones Laborales en la UAQ y el SUPAUAQ, del 15 de septiembre de 1975, cuya transcripción en Acta anexamos (anexo III) así como el cuaderno editado por la UAQ determine que, la naturaleza jurídica del “Estatuto sobre las relaciones laborales entre la UAQ y el SUPAUAQ, corresponde a las contempladas por “los contratos colectivos de trabajo” tutelados por las leyes laborales y, que fue además la base del movimiento de huelga. Ambos documentos, de hecho, coinciden en lo esencial y aun en la mayor parte de lo accidental y accesorio, cumplimentándose con exactitud lo dispuesto por los arts. 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

“Tercero, que ese H. Tribunal cite a la parte patronal para que ratifique los documentos presentados a efecto de que sea registrado el Documento por la H. Junta de Conciliación y Arbitraje.

“Cuarto, una vez satisfechos estos requisitos legales, de acuerdo con el artículo 469, frcs. I y II, ese H. Tribunal determine la “terminación de la huelga” que se encuentra suspendida desde el 22 de septiembre de 1975.

Querétaro, Qro., 15 de julio de 1976.

(Págs. 560-564 de La Verdadera Historia del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Mariano Amaya Serrano, SUPAUAQ, 29 nov. 2013).

La cláusula 33 de este Contrato Colectivo de Trabajo cuyo texto transcribimos fielmente dice:

Cláusula 33. – «Los miembros del personal académico jubilados gozarán, en lo    conducente, de los mismos derechos y prestaciones que los trabajadores           académicos en pleno uso de su prestación de servicio».

(Pgs. 479 de La Verdadera Historia… y 21 del Contrato Colectivo de Trabajo Original).

El contenido formal de esta cláusula ha pasado a otros textos de los posteriores Contratos Colectivos de Trabajo, algunos de los cuales citamos como botones de muestra con el número 34; en efecto:

Cláusula 34 de los Contratos Colectivos de 1981-1983; 1985-1987; 1999-2001; 2001-2003; 2003-2005; 2005-2007, etc. cuyo título es:

Derechos iguales para el personal académico jubilado y, que pacta a la letra:

«Los trabajadores académicos jubilados gozarán de los mismos derechos que el presente contrato establece, así como de los aumentos salariales que tengan los trabajadores académicos en servicio» Contr. Col. 1985-1987.

A partir del Contrato Colectivo (1999-2001) aparece la expresión:

«Los trabajadores académicos jubilados y pensionados gozarán de los mismos derechos que el presente contrato establece, así como los aumentos salariales que tengan los trabajadores académicos en servicio».

Por lo tanto, tenemos derecho a exigir el cumplimiento de estas obligaciones, por lo que denunciamos y protestamos contra cualquier tipo de discriminaciones de las que estamos siendo objeto, aparte de los derechos económicos que se nos están conculcando, mismos que se encuentran protegidos y tutelados por la Constitución de la República, por la Ley Federal del Trabajo, por nuestro Contrato Colectivo de manera explícita y reiterada, desde el Primigenio de 1975, hasta el actual; por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU (10 de diciembre de 1948).

En las Instituciones Generales del Derecho, en los Tratados Internacionales celebrados por nuestra nación con otras Soberanías Nacionales así como en las declaraciones y compromisos firmados relativos a los «Derechos de los Adultos Mayores», los «Derechos mínimos de las personas de edad», Es el caso de los diversos convenios y recomendaciones aprobados en el marco de la «Organización Internacional del Trabajo» (OIT). Entre ellos figuran, por ejemplo: 1) – el C 102 «Convenio sobre la seguridad social» (norma mínima); 2) – el C 128 «Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes» y 3) – la R 162 «Recomendación sobre los trabajadores de edad». «Las cuestiones relativas a las personas de edad». 4) y 5) – también se tienen en cuenta en dos de los convenios de la OIT que regulan «Los derechos fundamentales en el trabajo», 6) – el C 111 «Convenio sobre la discriminación» (empleo y ocupación) y 7) – el C 87 «Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación».

En nuestro Estado existe la «Ley sobre las Personas y Adultos Mayores», promulgada desde el 16 de diciembre de 2011. Órgano legal de obligatoriedad general y de orden público, que debe primero ser conocido y acatado puntualmente por las Autoridades Universitarias y sus funcionarios, y que los dirigentes del SUPAUAQ exijan que sea respetada juntamente con todo lo prescrito y que es tutelado por los documentos y convenios arriba señalados.

Por otro lado, quien no habla no es escuchado, quien no exige sus derechos es despreciado. Los primeros en protestar y exigir debemos ser los jubilados que nos encontramos en esa categoría vivencial y somos conscientes de nuestros derechos y valientes para continuar en la lucha por su cumplimiento.

 

Las personas de edad han sido identificadas, además, como un Grupo social que requiere protección especial en otros instrumentos de «Derechos Humanos» aprobados por la «Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos» (OEA), entre los que figuran la «Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer» (Convención de Belém do Pará), «La Declaración de San Pedro Sula»: «Hacia una cultura de la no-violencia» y la «Declaración Interamericana». Algunas organizaciones intergubernamentales de las Américas como: «La Comunidad Andina de Naciones» y «el Mercosur» han elaborado normas sobre las personas de edad.

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