Por: Agustín Escobar Ledesma

PARA DESTACAR: La Medalla de Honor “Nelson Mandela” a doña Conchi es, a todas luces, insuficiente, dadas las condiciones de pobreza extrema en las que vive. Doña Conchi fue juzgada y sentenciada a seis años de prisión por un delito que no cometió; hoy sigue auxiliando a los migrantes, pero está a punto de perder la vista y continúa viviendo en una choza de láminas.

Es del todo encomiable la decisión de las y los integrantes de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, en otorgar la Medalla de Honor “Nelson Mandela” a la defensora de los derechos humanos de los centroamericanos, María Concepción Moreno Arteaga, mejor conocida como doña Conchi, quien forma parte de la Red para las Migraciones en Querétaro.

Como sabemos, Nelson Mandela fue un denodado opositor al régimen del apartheid, que el gobierno racista de Sudáfrica condenó a la cárcel durante 27 años, por defender los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población negra de su país. Gracias a su ejemplar lucha, después de resistir el encierro y salir libre, en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz y, un año después, se convirtió en el primer presidente de color de Sudáfrica. Desde entonces es un referente insoslayable de los derechos humanos, por eso el Poder Legislativo de Querétaro, instituyó la presea que lleva su nombre.

Aunque habrá que señalar que el reconocimiento a doña Conchi es, a todas luces, insuficiente, dadas las condiciones de pobreza extrema en las que vive, sin embargo, puede ser el principio para sensibilizar a Francisco Domínguez Servién, titular del Poder Ejecutivo, para que, por lo menos, le otorgue una pensión mensual vitalicia y una vivienda digna a esta persona que está en riesgo de perder la vista, por la diabetes mellitus.

Recuerdo nítidamente que fue en diciembre de 2007, cuando acudí en mi bocho amarillo a El Ahorcado, Pedro Escobedo, debido a que algunas personas me habían informado que era un punto de refugio de los migrantes centroamericanos que pasaban en el lomo de La Bestia, en busca del sueño americano.

Apenas un año antes, el presidente espurio surgido de las filas del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, le había declarado la guerra al narcotráfico, situación que dejó en condiciones de mayor vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos de nuestro país, en tanto que en el gobierno local de Francisco Garrido Patrón, la detención de doña Conchi no le importó.

Una vez en la comunidad de tétrico nombre, busqué al subdelegado municipal quien, al enterarlo de mi proyecto de investigación sobre la migración en Querétaro, lo primero que dijo, completamente indignado por la injusticia cometida, que hacía dos años que los federales habían detenido y encarcelado a una señora de la comunidad por ofrecer agua y alimentos a los migrantes que pasaban por ahí.

Por el testimonio de Ramón Quintanar Arteaga, quien en aquel momento era el subdelegado de El Ahorcado y con el de Carolina Moreno Aguilar, nuera de doña Conchi, fue que nos enteramos de la arbitraria y violenta detención que sufriera la defensora de los derechos humanos, en la que participaron agentes armados de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Y es que doña Conchi es una mujer compasiva y generosa que, a pesar de no tener nada, siempre ha ofrecido todo lo que tiene y persistentemente ha atendido el hambre, la sed y el sufrimiento de los migrantes centroamericanos que pasan por su casa. Fue por eso que el 9 de marzo de 2005, como si se tratara de una delincuente de alta peligrosidad, la AFI la detuvo y la acusó de traficante de indocumentados, siendo recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto.

Desde dos años antes de su detención, doña Conchi era diabética y, durante los primeros cuatro meses en la cárcel, las autoridades de la penitenciaría, le negaron el ingreso del medicamento que tomaba para controlar la enfermedad, situación que ahora, después de once años, le ha traído graves consecuencias a su salud, puesto que está a punto de perder la vista.

Doña Conchi fue juzgada y sentenciada a seis años de prisión por un delito que no cometió, sin embargo, gracias a que su caso fue difundido por los medios locales -Tribuna de Querétaro dio la primicia-, nacionales e internacionales y a que su defensa jurídica la llevaran los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, finalmente fue liberada en agosto de 2007.

Ahora, a nueve años de haber recobrado la libertad, doña Conchi no solo sigue auxiliando a los centroamericanos, sino que ahora está a punto de perder la vista y continúa viviendo en una choza de láminas por cuyas rendijas se cuela el aullido de la pobreza. La defensora de los derechos humanos es tan pobre que en marzo de este año perdió la oportunidad de participar en un programa gubernamental de vivienda para construir un cuarto porque no contaba con los mil setecientos pesos que le solicitaban las autoridades del municipio de Pedro Escobedo.

En 2014 el Poder Legislativo otorgó la Medalla de Honor “Nelson Mandela” a Martín Martínez Ríos, fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez, quien también es integrante de la Red para las Migraciones en Querétaro.