El actuar del SUPAUAQ en defensa de la estabilidad laboral

Por Ángel Balderas Puga*

“Nuestro sindicato es una vergüenza, éste es un descarado acto proselitista, ni siquiera le importó someternos a un desprestigio nacional. Ángel Balderas es un farsante.”

Comentario de Cristian Padilla Vega a la nota de Mariana Chávez en La Jornada “Denuncian en la U. de Querétaro amenazas a quien no apoye a candidato a rector” (La Jornada en línea, 14/11/11, 22:52 hrs.)

Algunos profesores, en realidad muy pocos, criticaron de manera acre e injusta a nuestra dirigencia sindical, en el pasado proceso de sucesión rectoral, por la actitud decidida que asumimos en defensa de la estabilidad laboral y de la libertad de expresión de cinco compañeros investigadores de la Facultad de Informática que fueron amenazados con el despido como resultado no de su trabajo académico sino de sus preferencias electorales, lo que es inadmisible en una universidad, la que debe ser sinónimo de tolerancia y discusión crítica de las ideas.

Por otro lado, una gran cantidad de profesores manifestaron su aprobación con el accionar de la dirigencia sindical, ya que muchos conocemos de presiones indebidas en los procesos electorales con el fin de coaccionar el voto.

A diferencia de la posición asumida por la dirigencia sindical de dar la cara y señalar con nombre y apellido a las personas involucradas, se publicaron dos desplegados anónimos a nombre de supuestos profesores de la UAQ, ni siquiera apareció en dichos desplegados el nombre de algún responsable de la publicación. En estos desplegados y en otro que publicaron algunos directores, aparecen una serie de inexactitudes que es conveniente aclarar.

El secretario general de nuestro sindicato nunca tomó decisiones personales. Todas las decisiones fueron tomadas de manera colectiva por el Comité Ejecutivo y, cuando fue posible, por el Consejo Consultivo (que agrupa al Comité Ejecutivo y los delgados de todas las Facultades y de la Escuela de Bachilleres).

En todo momento, el actuar de la dirigencia sindical fue en concordancia con dos documentos fundamentales para nuestro sindicato: el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y los Estatutos que rigen la vida interna.

En defensa del Contrato Colectivo de Trabajo

En efecto, la cláusula 2.4 del CCT señala, textualmente, “declaran la Universidad y el Sindicato su voluntad expresa de rechazar cualquier limitación a la libertad de cátedra, de expresión e investigación por considerar éstas, libertades esenciales a la labor universitaria…”. Al actuar, como actuamos, defendimos la libertad de expresión en nuestra Universidad.

Desde un principio nos dirigimos a las instancias adecuadas para denunciar la situación, entregamos oficios a la Comisión Electoral y a la Oficina del Abogado General, en concordancia con la cláusula 11 del CCT que señala, textualmente, “la Universidad se obliga a sancionar a los responsables de interferir en las relaciones laborales del trabajador académico, por el uso de la injuria, de la intriga, de la calumnia, la difamación o cualquier otro acto entre los miembros de la comunidad universitaria, a cualquier nivel, que den como resultado el que el trabajador académico disminuya en su eficiencia o se vea impedido para continuar normalmente sus labores. Tratándose de hechos imputables a la Universidad, por actos de sus administradores o representantes, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o en su caso la ley respectiva”.

Finalmente, en la cláusula 59 del CCT, relativa a las garantías dentro de la Universidad, se considera que “el libre ejercicio intelectual forma parte inalienable del conjunto de condiciones para que la Universidad pueda cumplir con sus fines, las partes convienen en garantizar en su forma más amplia las actividades de investigación y de cátedra, así como todas aquellas que forman parte de las garantías individuales” y, consideramos, dentro de esas garantías individuales está la de no perder un empleo por ejercer, de manera responsable, el derecho a votar por la persona que se considera más apta para ejercer un cargo.

Legalidad interna

El artículo 43 de nuestros estatutos señala que “son facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo: a) Tomar decisiones bajo su propia responsabilidad entre una sesión y otra del Consejo Consultivo, b) Implementar, instrumentar y ejecutar las disposiciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Consultivo…”

Como puede notarse, en el inciso a, la toma de decisiones no es algo opcional sino una obligación del Comité Ejecutivo y este último está facultado para dicha toma entre una reunión y otra del Consejo Consultivo y esto fue, ni más ni menos, lo que se hizo.

Por otra parte, de acuerdo al inciso b, es obligación ejecutar los mandatos del Consejo Consultivo y fue precisamente este último el que mandató al Comité Ejecutivo, en sus sesiones del 10 de octubre y del 14 de noviembre, para llevar a cabo acciones enérgicas en contra de la coacción del voto de los profesores. Tan es así, que gracias a nuestro sindicato, la Comisión Electoral mandó imprimir una serie de carteles para recordar a los universitarios que el voto es libre y secreto.

Desconocimiento

En la sesión del Consejo Consultivo del 14 de noviembre, se resaltaron los fundamentos legales del actuar de la dirigencia sindical, sin embargo, fue triste la intervención de algunos profesores que, a pesar de haberles leído el contenido de las cláusulas y artículos aquí reproducidos, insistían en reclamar al Comité Ejecutivo por su supuesta “parcialidad” hacia un candidato a la Rectoría. Por ejemplo, el profesor Rolando Javier Salinas García, de la Facultad de Psicología, intervino diciendo que aceptaba que desconocía totalmente el CCT, un profesor presente le acercó un ejemplar de dicho Contrato y ¡lo rechazó!

En su comentario en La Jornada, Cristian Padilla Vega afirma que defender a cinco compañeros amenazados con el despido es un “acto proselitista” rayando ya en el fanatismo e ignorando lo que ya se le había señalado, antes de escribir su comentario, que se trataba de una cuestión laboral antes que una cuestión electoral. Padilla Vega acusa al sindicato de “someternos a un desprestigio nacional” cuando quien en realidad desprestigia a nuestra Universidad es quien amenaza con el despido a cinco investigadores de alto nivel. Con nuestra actitud, la dirigencia sindical defendió con vehemencia el trabajo académico de alto nivel y esto es lo que le da prestigio a una universidad. En todo caso Padilla Vega debería reclamar a quien hizo las amenazas y no a quien defendió a los amenazados.

Por último, Padilla Vega me acusa de ser un “farsante”, es decir, que finjo lo que no soy o lo que no siento. Me gustaría saber cómo sabe lo que soy o cómo sabe lo que siento para que justifique su afirmación, es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que se presenta a sí mismo como “docente universitario”.

*Secretario General del SUPAUAQ

anbapu05@yahoo.com.mx