Opinión

El Estado, un problema social

Por Ricardo Rivón Lazcano

 

Cuando reclamamos a Calderón el fracaso de sus iniciativas, la muerte de miles de mexicanos, el desparramamiento de la pobreza, el nulo crecimiento, la persistencia de la desigualdad, el gobierno fallido, la justicia fracasada, etc., implícitamente estamos asumiendo que “si él quisiera”, las cosas podrían suceder de otra manera.

 

Creemos, ingenuamente, que México existe tal cual por voluntad de un solo hombre. Así lo aprendimos, así lo reproducimos. Cuando más flexibles nos portamos, decimos que la culpa la tiene el gobierno, o el Estado, sin dejar en claro nada más. Las culpas siempre están del otro lado.

 

Desde la relativamente cómoda trinchera del francotirador, realizamos los disparos más certeros contra el ogro que esconde el rostro filantrópico para desentenderse de sus tareas históricas. Ogro que mantiene una especie de borrachera egocéntrica cuyos sueños se reducen al anhelo de absolución. Delirium que le apuesta a la justicia del futuro, como cualquier mesías incomprendido.

 

Unos buscando culpables, otros capoteando las balas de goma de la crítica.

 

Escena memorable de la película Nixon, protagonizada por Anthony Hopkins: Una joven estudiante encara al presidente norteamericano exigiendo el retiro de las tropas de Vietnam. Luego de unos instantes de silenciosa tensión, ella exclama: –¡Ya entendí, usted no puede hacer nada! El rostro cansado, apenado, trágico de Nixon.

 

Fernando Escalante Gonzalbo nos invita a leer y pensar (Nexos, septiembre 2011). Un libro de inminente aparición en Fondo de Cultura Económica. Joel Migdal:  Estados débiles, Estados fuertes.

 

Idealmente, dice Escalante, el Estado es el único actor autorizado para sancionar, y por eso se supone que puede imponer su sistema normativo con mayor eficacia. Pero ése es sólo un supuesto con el que hemos vivido e interpretado la realidad política y social durante siglos. Sólo un supuesto.

 

En la práctica, en la realidad cotidiana, observando sin prejuicios –sin supuesto– en cualquier sociedad hay otros actores que controlan recursos más o menos indispensables y que tienen por eso capacidad para castigar e imponer sus propias normas, incluso en contra de la ley.

 

Si se piensa un poco, vienen de inmediato a la memoria sindicatos, caciques, líderes empresariales, intermediarios de todo tipo, y todos tenemos presentes casos en que de antemano se sabe que no puede aplicarse la ley, o no del todo, o no sin ciertas concesiones. A veces parece muy razonable, a veces es escandaloso, pero siempre queda la idea de que es algo excepcional, queda la idea de que lo lógico y normal es que se imponga el orden estatal directamente. Y no es así.

 

Asumir como criterio de definición del Estado algo parecido al tipo ideal weberiano, esto es, la territorialidad, la soberanía, la legitimidad, el monopolio de la violencia y la capacidad para exigir una obediencia inmediata e incondicional es, de nuevo, dar vueltas, ahogarse en el supuesto, o, recordando a Silva-Herzog Márquez, perderse en la idiotez de lo perfecto

 

La originalidad de Migdal –para Escalante–, lo que hace particularmente fructífero su enfoque, consiste en que adopta como punto de partida el carácter conflictivo de la legalidad y pregunta a cada paso qué configuración concreta resulta de la competencia entre el Estado y los demás actores sociales. Es decir: entiende que el estudio del Estado tiene que ser siempre un estudio empírico.

 

En esa dimensión de lo empírico pocas cosas resultan simpáticas, y muchas menos cosas simpáticas en una democracia, régimen político basado en “la oscuridad, la turbiedad, el exceso, las componendas, la apariencia indeleble de deshonestidad, la falsa piedad, el moralismo y la inmoralidad, la corrupción, la intriga, la negligencia, la intromisión, la vanidad, el autoengaño y por último, la esterilidad.”

 

Hay una política-política, una política teórica y una tercera política, la ideológica. Las dos últimas hacen abstracción del orden concreto, y con eso se minimiza y hace casi invisibles los procesos de resistencia y negociación que implica el ejercicio del poder en cualquier sociedad, y trivializa la interacción entre sistemas normativos.

 

Deja fuera de foco los mercados informales, los mercados ilegales, los sistemas de vínculos clientelistas, familiares, corporativos, y en general todo el orden social en la medida en que no cabe estrictamente dentro de la ley. Algo de todo eso sale a la luz cada tanto. Sin embargo persistimos en quedarnos sin entender en qué consiste el problema del Estado, la relativa fuerza o debilidad del Estado.

 

La teoría nos sigue engatusando, nos dice que el Estado es fuerte o debería serlo.

 

En los hechos, la autoridad del Estado compite con la autoridad de otros actores, y lo que el Estado exige a los ciudadanos entra en conflicto con lo que les exigen otros actores. O sea, que la vigencia de la legalidad es siempre discutible, problemática, y con frecuencia conflictiva.

 

Para entenderlo basta pensar en la regularidad con qué funciona el mercado de drogas en cualquier ciudad europea o estadunidense, por ejemplo, o pensar en la cantidad de migrantes en situación irregular en el mercado laboral de la mitad del planeta, o en la organización del comercio ambulante, en el financiamiento de partidos políticos, en la negociación de los contratos públicos o del rescate gubernamental de bancos en quiebra.

 

La imagen del Estado tal como aparece en los textos jurídicos, en los modelos académicos, implica una frontera territorial, que delimita geográficamente la autoridad, y una frontera social que separa lo público de lo privado, lo que corresponde al Estado y lo que corresponde a la sociedad. En la práctica, el personal del Estado (funcionarios, policías, representantes) tiene que confirmar la vigencia de ambas fronteras, tiene que confirmar la autoridad soberana del Estado, su autonomía y su coherencia frente a los intereses sociales. Tiene que concretar la idea del Estado. Pero puede hacerlo sólo a medias.

 

La debilidad del Estado se decide ahí, en la práctica. Y no es un problema de dinero ni de capacidad tecnológica o militar, y tampoco es un problema moral, de corrupción. Es, en el más exigente sentido de la palabra, un problema social.

 

Las minucias

El cambio, decía nuestro Carlos Dorantes, también puede ser retroceso. El cambio no es mejoría automática.

 

La universidad derrotada, la pérdida de identidad.

 

El silencio no existe. Nuestras orejas discapacitadas sí, incluido el oído. Mi perra se llama Vaca y escucha las olas rompientes del mar.

 

Cuando el marxismo se hizo religión cumplió su profecía: el marxismo es el opio de los pseudo-intelectuales.

 

Un poco pretencioso, un poco presuntuoso, un poco jactancioso. Y que ha leído mucho y que se sabe de memoria pasajes enteros. Ah, y que la crisis está cabrona.

 

En periodismo no es lo mismo chillotear que chayotear, aunque vayan de la mano.

 

rivonrl@gmail.com

@rivonrl

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