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El examen de ingreso y la trampa del mérito.

El reciente caso de la UNAM, cuyo primer examen de ingreso a licenciatura en línea produjo resultados que llevaron a la institución a revisar el proceso, dejó una lección incómoda: no existe un mecanismo de selección infalible. La Universidad suspendió temporalmente las inscripciones y creó una comisión técnica para analizar el procedimiento y sus resultados. El episodio permite discutir algo de fondo: ¿qué significa realmente “merecer” un lugar en la universidad?

Durante décadas, los exámenes han servido para medir conocimientos y habilidades bajo condiciones estandarizadas. Son útiles y, cuando la demanda supera a la oferta, permiten ordenar aspirantes con reglas conocidas. Pero conviene no pedirles más de lo que pueden ofrecer. Un examen de admisión mide el desempeño frente a ciertas preguntas, en un momento y bajo condiciones específicas; no determina por sí solo quién será el mejor estudiante o profesionista.

Tampoco todos los exámenes miden lo mismo. Una prueba de opción múltiple puede explorar conocimientos, comprensión, razonamiento o resolución de problemas; una evaluación oral incorpora habilidades de argumentación y comunicación. Por eso sería incorrecto reducir el examen escrito a la memoria o el de opción múltiple a la lógica. Además, el desempeño puede verse afectado por factores ajenos al dominio de los contenidos. La investigación ha documentado una asociación entre mayor ansiedad ante los exámenes y menor rendimiento, así como efectos del ruido sobre tareas cognitivas.

Esto no significa que debamos cancelar las evaluaciones. Bien diseñadas son herramientas indispensables para conocer aprendizajes y revisar la enseñanza. El problema aparece cuando convertimos una medición puntual en una definición total del mérito. Obtener un puntaje alto acredita un buen desempeño en esa prueba; no necesariamente resume el talento, la disciplina, las condiciones de origen ni el potencial de una persona.

Aquí aparece la contradicción central. Si la educación superior pública aspira a ser un derecho accesible, el horizonte debería ser ampliar la cobertura hasta que el examen deje de funcionar como mecanismo para distribuir lugares escasos. Sin embargo, abrir las puertas sin aulas, docentes, laboratorios, campos clínicos, bibliotecas o presupuesto suficiente tampoco garantiza una educación de calidad.

Mientras la demanda sea mayor que la capacidad instalada, algún mecanismo de selección seguirá siendo necesario. El desafío consiste en hacerlo transparente, técnicamente sólido y lo más equitativo posible, y en discutir si el examen debe ser el único criterio o formar parte de una evaluación más amplia.

Quizá la pregunta no sea cómo diseñar el examen perfecto. Ese examen probablemente no existe. La pregunta verdaderamente universitaria es otra: ¿cómo construimos instituciones con capacidad suficiente para que menos jóvenes tengan que jugarse su futuro académico en unas cuantas horas? El mérito importa, pero ningún puntaje nace en el vacío. Una universidad pública no sólo debe seleccionar con justicia; debe trabajar para que seleccionar a tan pocos deje de ser una necesidad.

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