Por: Martagloria Morales Garza

PARA DESTACAR: Quizá ya no estamos en los tiempos en que los presidentes mataban a los diputados para evitarse el juicio de procedencia, pero estamos en otros en donde las falsas acusaciones pueden amedrentar, o acobardar a los políticos opositores.

El fuero político o más correctamente dicho, la inmunidad parlamentaria, existe en muchos países y tiene su origen en la Revolución francesa en 1790; en la Asamblea Nacional Francesa “se establece la facultad del Legislativo para decidir si conceder o no la autorización para procesar a un parlamentario”. Las razones era el fuerte recelo de los parlamentarios revolucionarios con el poder judicial que era parte del viejo régimen.

En el caso de México, el origen es un poco más reciente, pues se puede ubicar en la Constitución de Cádiz en 1812, la cual estuvo vigente en México hasta que se aprobó la Constitución de 1824, que por cierto no preveía el asunto de la inmunidad. Posteriormente reaparece en las Siete Leyes de 1836 y finalmente la asume la Constitución de 1857 y la de 1917.

El fuero, o más apropiadamente dicho, la inmunidad, significa que ciertos funcionarios para ser juzgados deben pasar primero por una declaración de procedencia de la mayoría de Cámara de Diputados a nivel federal.

Esto viene a cuento, porque entre mayo y ahora, se está discutiendo en varios estados el tema de eliminar el fuero a los funcionarios públicos. El caso más publicitado fue el del Congreso de Jalisco, aunque no fue el primer estado que eliminó el fuero, sino que el 19 de mayo lo hizo el Congreso de Veracruz, un congreso priista a sabiendas de que el nuevo gobernador es de otro partido.

En el Congreso de Aguascalientes se sometió a votación una propuesta similar a la de Jalisco y Veracruz, pero no fue aprobada por los panistas porque según su dicho se pretende atacar al que será el nuevo gobernador de la entidad.

En Querétaro el diputado Héctor Magaña presentó una iniciativa para quitar el fuero (inmunidad parlamentaria) a los funcionarios públicos locales que lo tienen. Según la Constitución local tienen fuero: el gobernador, los diputados locales, magistrados del Tribunal de Justicia, jueces, el fiscal del estado, presidentes municipales y los titulares de organismos autónomos.

De aprobarse la iniciativa del diputado priista,  la ciudadanía en Querétaro estará feliz, pues ha sido una demanda de muchos sectores. Las críticas al mantenimiento de este privilegio son muchas. La primera tiene que ver con que lo que le dio origen ya no existe, la segunda tiene que ver a que viola la igualdad jurídica de los ciudadanos y la tercera se argumenta que esta inmunidad se ha convertido en un privilegio.

Comparto las críticas y además adelanto que me parece un acierto eliminar esta inmunidad, pero tengo algunas dudas que me gustaría plantear, solo para ampliar la reflexión.

Dos hechos recientes me hacen pensar que quizá no hemos dejado atrás los tiempos, del viejo régimen, del cual querían escapar los asambleístas franceses. O el tiempo en el cual el presidente o el gobernador, aprovechando sus recursos, el control del Ministerio Público, o del fiscal ahora, acusan falsamente a sus enemigos políticos aunque sea para confundir a la ciudadanía.

Un caso quizá permita aclarar el asunto. El presidente Fox en 2005, presentó al Congreso de la Unión una acusación para eliminar el fuero al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, lo cual logró por cierto, pero la Procuraduría ya no dio seguimiento al caso porque en realidad la intención no era juzgarlo sino solo disminuir su popularidad para las elecciones del 2006.

Quizá ya no estamos en los tiempos en que los presidentes mataban a los diputados para evitarse el juicio de procedencia, pero estamos en otros en donde las falsas acusaciones pueden amedrentar, o acobardar a los políticos opositores. Sobre todo en el caso de México, donde el procurador general de Justicia depende del Ejecutivo.

A pesar de esto, considero justa la iniciativa de eliminación del fuero pero es importante aclarar -para desilusión de algunos- que el fuero, no es más que una suspensión provisional, mientras dura en su cargo, de una acusación. La eliminación solo ahorra tiempo al juzgador.

Lo que desaparece es el procedimiento de la Legislatura del estado, que se llama juicio de procedencia, el cual debe ser votado y aprobado por la mayoría de los diputados, para con ello quitarle a ese funcionario el fuero y dejar que sea juzgado como cualquiera de nosotros.

Con esta iniciativa no se garantiza que los políticos paguen por lo que hacen o tengan sentencias significativas, pues esto depende del aparato de justicia que en México es uno de los más ineficientes; se calcula, que solo el 6 por ciento de las averiguaciones llega a su fin con una condena. Esto no importa si hablamos de políticos o de simples ciudadanos.

Así para que haya justicia en México se necesita mucho más que lo que hasta ahora hemos hecho pero sin duda aprobar esta iniciativa es un paso importante.