Opinión

El Laberinto y el Minotauro (2/3)

Por: Gabriel Morales López

El minotauro hostil —es decir, el conjunto de burócratas encargados del acceso a la información— tiene varias formas de escabullirse, disuadir, desorientar, esconder secretos en un rincón y tender cortinas de humo. Aprovecha su experiencia en la administración pública y toma ventaja de la inexperiencia de los demás.

El arquitecto Dédalo diseñó un laberinto para que Minos pudiera esconder al Minotauro, el resultado de una infidelidad de su esposa Pasifae con un toro. Minos, acongojado por la traición, decidió no matar al engendro sino esconderlo en el laberinto.

Minos también castigó a Dédalo por haber ayudado con su ingenio a Pasifae a serle infiel: lo encerró en el laberinto que construyó. Dédalo e Ícaro idearon una forma de salir del laberinto. Construyeron unas alas de cera con las que volaron muy alto. Tan alto que el sol las derritió.

La construcción de Dédalo estaba pensada en tres dimensiones, pero la burocracia es un inmenso laberinto multidimensional. Las galerías y corredores de hoy son un lugar propicio para esconder el tesoro de la información: sus direcciones sobrepasan el arriba-abajo, la izquierda-derecha o el adelante-atrás. Los pasadizos se multiplican de forma exponencial entre los tres poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, los organismos públicos autónomos y los organismos de interés público.

Cada uno de esos grandes océanos burocráticos tiene sus propios archipiélagos infinitos: secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones, institutos, sectores, delegaciones, organismos desconcentrados o descentralizados, paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, tribunales, juzgados, procuradurías, comisiones, consejos y departamentos.

Para tener una idea, tan sólo en el nivel federal, el Poder Ejecutivo cuenta con más de 230 dependencias que están obligadas a contestar preguntas de los ciudadanos, siempre y cuando éstos averigüen qué tipo de información custodian. A esto se suman las intrincadas brechas en el resto de las autoridades obligadas a cumplir las leyes de acceso. Las veredas incluyen a las instancias privadas que por algún motivo reciben dinero público.

Los senderos se complican más, pues cada dependencia tiene su propia estructura orgánica, presupuesto, atribuciones, competencias, facultades exclusivas o concurrentes, directorio de funcionarios, resultados de auditorías, registros de su actividad cotidiana, planes, proyectos, programas, acciones, convenios, líneas estratégicas, políticas, directrices y criterios para la toma de decisiones.

Estas ramificaciones están determinadas por constelaciones de normas. Hay leyes orgánicas, leyes generales, leyes federales y estatales, códigos, decretos, estatutos, ordenanzas, jurisprudencias, acuerdos, convenios, resoluciones, laudos, sentencias, reglamentos, actas, circulares, normas oficiales, decretos y tratados internacionales.

Por ejemplo, una consulta a la página electrónica www.ordenjuridico.gob.mx —que compila las normas de los tres poderes y los tres niveles de gobierno— arroja que existen 545 ordenamientos aplicables o generados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aparecen 501 ordenamientos generados o aplicables a esa dependencia. Lo anterior, sin contar las modificaciones constitucionales y leyes generales aprobadas a partir del año 2012.

Además, la administración pública tiende a crecer conforme se detectan problemas y se institucionalizan las soluciones. En 1990, cuando las críticas internacionales hacia México por prácticas como la tortura arreciaron, y se buscaba dar una imagen de modernidad para negociar los acuerdos de libre comercio, se crearon las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos.

Con la aparición de las nuevas tecnologías, la población encontró nuevas formas de violar la ley o nuevas conductas consideras indeseables. La consecuencia fue la modificación de las leyes, la creación de nuevos delitos y de nuevas oficinas para la observancia de dichas leyes. Por ejemplo, la Policía Federal creó una policía cibernética.

Algunas veces las dependencias desaparecen —como el caso de Luz y Fuerza del Centro—, se subdividen, se fusionan o cambian de nombre. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) del gobierno federal en tiempos del priismo se convirtió en la Secretaría de la Función Pública (SFP) del panismo.

En distintos niveles de gobierno hay oficinas que realizan funciones similares o complementarias. Los límites de las funciones de una dependencia federal frente a los de una dependencia estatal o municipal llegan a ser borrosos.

Para un licenciado en Derecho puede ser claro que hay delitos del fuero federal que son perseguidos por la Procuraduría General de la República, así como delitos del fuero común que corresponden a las procuradurías de Justicia de los estados. Un ciudadano común no siempre tiene clara dicha frontera.

El nivel de complejidad del laberinto burocrático hace imposible concebirlo como una caja de cristal. El número de vidrios, apilados unos sobre otros, hace imposible ver lo que hay en su interior en sus múltiples dimensiones.

Los nuevos Minotauros del laberinto burocrático no difunden un mapa claro de su jaula. Omiten los detalles sobre el número y las dimensiones de sus pasadizos, los límites de cada dependencia, las contraseñas en las entradas y el contenido de las gavetas. Esa omisión es crucial dado el prolijo número de corredores y encrucijadas.

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