El Mirador: subsidiar al capital
Efraín Mendoza Zaragoza
En los últimos días se ha informado ampliamente sobre la odisea en que se ha convertido el acceso al fraccionamiento El Mirador, más allá de la Cuesta China. Un descomunal cuello de botella. En muy poco tiempo la población de esa zona se multiplicó de forma impresionante, sin que se adaptaran las vialidades. La antigua carretera a la Ciudad de México, de un solo un carril de ida y otro de vuelta, es un auténtico embrollo.
Ante la creciente irritación de los vecinos, recientemente el titular del Ejecutivo estatal anunció que el gobierno del estado dedicará más de 100 millones de pesos para ampliar la avenida Constituyentes más al oriente. Con ello aplacó el enojo, pues pondrá fin al problema. Sin embargo, vale la pena asomarse al trasfondo.
Llaman la atención tres señalamientos que el gobernador formuló con el anuncio. Primero: el problema fue generado por varias empresas inmobiliarias, pues en ellas recaía la obligación de construir esa vialidad; segundo, el costo de las obras, que debió ser absorbido por esas empresas, será cubierto con dinero público, y tercero, ese gasto no será recuperado, porque “desgraciadamente no tenemos una ley para cobrarles”.
Los tres señalamientos son graves y no habría que pasarlos por alto.
En primer término, el gobernante está fincando responsabilidades y está obligado a emprender las acciones que correspondan para que los responsables asuman las consecuencias.
Y al hablar de responsables hablamos de dos tipos: las empresas promotoras de los fraccionamientos y las autoridades que autorizaron esos desarrollos inmobiliarios y fueron omisas al no hacer efectivo al cumplimiento de las responsabilidades.
Segundo, se va a consumar una lesión al erario, por al menos 100 millones de pesos. Al “entrarle” el gobierno para cubrir la omisión de poderosas empresas, necesariamente se va a desviar dinero público que se habría dedicado a otros rubros. De acuerdo con datos de la prensa, entre las empresas omisas figura nada menos que Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT), uno de los más notables beneficiarios del ‘boom’ inmobiliario que vive el estado. A esa firma están asociados negocios del tamaño de Juriquilla Santa Fe, Antea y Cumbres del Lago. Es el colmo que el erario esté subsidiando a tan pobrecitos emprendedores.
Por último, el gobernador está anunciando que esta irresponsabilidad quedará impune. Una raya más al tigre de la absurda transferencia de recursos públicos a manos privadas. No hacen falta más palabras.
Los tres puntos son graves en extremo. Vivimos en Impunilandia. Claro, se trata de poderosos, los auténticos monarcas de esta república en sus manos. Pero eso sí, no se trate de jóvenes interceptados en la puerta del súper con algunos litros de leche: no solo son detenidos y vejados por las fuerzas del orden, sino que son exhibidos en la prensa como rateros, aunque nada se hayan llevado.
Se van, entre risas, 100 millones de pesos, mientras se regatean 30 centavos a la universidad pública. La clase media y los habitantes de las periferias, los que van a la universidad pública, está claro, para el Ejecutivo del estado no son prioridad alguna.
