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El tipo penal de “homicidio vial”; inconsistencias del autoritarismo

Los rasgos autoritarios de los regímenes de derecha corren de la mano con la utilización exacerbada de los sistemas penales con fines políticos: sobrecrecimiento de los esquemas punitivos, creación de tipos penales antijurídicos, otorgamiento de funciones extralegales a las autoridades, etc. Tal es el caso de la propuesta de reforma al Código Penal por parte del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para incluir el tipo penal de “homicidio vial”.

La propuesta consiste en la creación de un nuevo tipo penal para sancionar a personas que incurran en homicidio en estado de ebriedad y se presenta como supuesta solución a lamentables hechos de tránsito ocurridos en Querétaro en fechas recientes, convertidos en espectáculo por los medios y que han generado alarma social.

Sin embargo, el cometer homicidio en estado de ebriedad no puede configurarse como un tipo penal independiente porque la condición de intoxicación es solo una circunstancia agravante del hecho. Es decir, se trata de una característica accidental y no configura las connotaciones esenciales de una conducta típica.

Además, un homicidio en un accidente vial es un evento involuntario, por lo que se clasifica como delito culposo, no doloso, el cual puede acrecentar la penalidad por circunstancias agravantes como el consumo de alcohol, a la vez que acumularse con otros delitos como lesiones y daños materiales, conductas que, por cierto, no están contempladas en ese tipo penal.

Esto significa que el tipo penal de homicidio vial propuesto, además de inviable, es innecesario, porque ya existen previsiones en la legislación penal, suficientes para sancionar a quien prive de la vida a otra persona de manera involuntaria, pero con agravantes como el estado de embriaguez. Pero sobre todo, ello implica una hipertrofia de los sistemas punitivos, lo que abre la posibilidad al autoritarismo y pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, ese tipo penal se enfoca solamente en la responsabilidad de la persona infractora y evita poner atención en las causas del verdadero problema, que tiene que ver con la forma en que se consume el alcohol y en la gran cantidad de condiciones que fomentan su consumo excesivo, incluyendo la permisividad social y los intereses económicos de los negocios de producción y venta de bebidas alcohólicas.

Así, desprovista de cualquier justificación racional, la propuesta del alcalde se revela como lo que verdaderamente es: puro oportunismo político, imbuido de autoritarismo. Y sobre todo, no evitará los accidentes viales fatales porque no atiende a las causas del problema.

Bernardo Romero Vázquez

Doctor en Ciencias Penales, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exconsejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos UAQ.

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