Opinión

El tramposo ejercicio del Artículo Tercero

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

PARA DESTACAR: En menos de 10 días laborales, la reforma se revisó, se discutió y se aprobó en menos de 2 meses, (con la interrupción de las vacaciones de diciembre), y se hicieron todos los trámites necesarios para hacerla entrar en vigor. Se han subordinado al modelo neoliberal, que propicia la privatización encubierta de la educación pública.

Si uno revisa la versión actual del artículo tercero constitucional, dedicado a la educación, descubrirá que ha sido reformado 28 veces desde 1993, poco después de la firma del TLCAN. Solo en el 2013, al inicio del gobierno de Peña Nieto, dicho artículo sufrió 15 modificaciones y en el 2016 otras 3.

Entre esos cambios destacan: 1) el señalamiento de que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria…”, y 2) el agregado más controvertido (párrafo D III), que dice: “…adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…

Resulta interesante revisar también la crónica de la aprobación de dicha reforma:

El 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto dirige su primer informe a la nación. El 2 de diciembre se firma el Pacto por México. El 10 de diciembre, la Secretaría de Gobernación envía a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma educativa del presidente. El 13 de diciembre, la Cámara de Diputados la vota y la aprueba en lo general. El 20 de diciembre, la Cámara de Senadores también la aprueba en lo general y en lo particular, con 113 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones (Boletín 0767, 2012). El 7 de febrero de 2013, se declara constitucional, por ambas cámaras y el 28 de febrero, se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Es decir, en menos de 10 días laborales, la reforma se revisó, se discutió y se aprobó en menos de 2 meses, (con la interrupción de las vacaciones de diciembre), y se hicieron todos los trámites necesarios para hacerla entrar en vigor.

Llama la atención la gran determinación y el enorme entusiasmo con que el Gobierno Federal decide aplicar la ley desde ese momento, en especial que dé tanta importancia a ese párrafo “adicional”, que más tiene que ver con el artículo 123, y que se refiere al trabajo. También desconcierta, que el ejecutivo no solo no se haya preocupado antes, por atender otros ordenamientos fundamentales de dicho artículo, sino que los haya violado impunemente, so pretexto de elevar la calidad educativa.

Me refiero a varios apartados, que siguen vigentes, a pesar de las reformas:

La educación que imparta el Estado “será: gratuita, libre, laica, democrática…”. “Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios…” “Sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas…”, “la defensa de nuestra independencia política y económica…” “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando privilegios…”

Digo que estos señalamientos han sido violados por el Gobierno Federal y los de la mayoría de los estados, porque lejos de defender nuestra independencia política y económica, se han subordinado al modelo neoliberal, que propicia en todo el mundo la privatización encubierta de la educación pública; porque la última reforma se impuso autoritariamente, ignorando la voz de los maestros pensantes y privilegiando la de los grandes empresarios; porque nuestros gobiernos no están dispuestos a comprender la complejidad del problema educativo, ni a respetar la diversidad cultural de la nación, ni la dignidad de las personas de los profesores; porque, en cambio, los han prejuzgado, hostilizado y humillado, provocando una guerra fratricida de todos contra todos.

En este contexto, la defensa de la educación pública no sólo busca proteger los derechos laborales de todos los mexicanos, sino preservar y renovar un proyecto educativo libertario, diseñado por grandes pensadores, que ha costado a nuestra nación mucha sangre y muchos años de reflexión.

 

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