El Tribunal Electoral: caro e inútil (Segunda parte)

Por: Ángel Balderas Puga

No se puede entender el fraude electoral de 2012, en las elecciones presidenciales, sin haber comprendido el fraude de 2006. En ambos casos las instituciones encargadas de vigilar el proceso se convirtieron en cómplices del fraude. Por un lado el Instituto Federal Electoral (IFE) y por el otro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Tribunal kafkiano en 2006

En 2006 la Coalición por el Bien de Todos (CBT), postuló a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República. Luego del fraude, la Coalición denunció ante el Tribunal varios delitos electorales ante los cuales el Tribunal no hizo absolutamente nada.

Con respecto a la injerencia, ilegal, de Vicente Fox a favor de Felipe Calderón el Tribunal acreditó dicho delito electoral, sin embargo concluyó que “no pudo determinar el impacto de la injerencia” en el resultado de la elección y por lo tanto, no hizo nada.

Con respecto a la difusión ilegal de mensajes del sector empresarial en contra de López Obrador, el Tribunal acreditó dicho delito electoral, sin embargo concluyó que “no pudo determinar el impacto electoral” y por lo tanto, tampoco no hizo nada.

Con respecto a la intervención de representantes de la Iglesia católica y de propaganda religiosa a favor de Calderón, el Tribunal señaló que no se acreditó dicho delito electoral, a pesar de que Calderón llegó incluso a utilizar imágenes de la Virgen de Guadalupe como parte de su campaña electoral o de los discursos desde el púlpito a su favor.

Con respecto a la utilización de programas sociales federales en apoyo al candidato panista, el Tribunal señaló que no se acreditó dicho delito electoral, a pesar de que se desviaron recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Pemex para apuntalar la campaña de Calderón.

Con respecto al uso indebido del padrón electoral para favorecer al PAN, el Tribunal señaló que no se acreditó dicho delito electoral, a pesar de las múltiples pruebas del uso ilegal del padrón por parte del PAN, pruebas presentadas incluso en televisión por Carmen Aristegui. Cuando se demostró el uso ilegal del padrón por la compañía Hildebrando, del cuñado de Calderón, el IFE se comprometió a “realizar las investigaciones conducentes”. Seis años después seguimos esperando el resultado de dichas “investigaciones”.

Con respecto a la participación ilegal de Elba Esther Gordillo, cacique del SNTE, el Tribunal señaló que no se acreditaron delitos electorales, a pesar de que incluso públicamente, se dieron a conocer las conversaciones del, en ese momento, gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández con Elba Esther, en las que es evidente la asociación mafiosa para tergiversar el voto ciudadano. Cabe señalar que Hernández ha sido acusado recientemente de ligas con la delincuencia organizada, junto con Tomás Yarrington, también ex gobernador priista del mismo estado.

Con respecto a la propaganda ilegal de empresas como Coppel y Jumex, el Tribunal señaló que no se acreditaron delitos electorales, a pesar de múltiples pruebas, como comprobantes de ventas de las tiendas Soriana en las que, de manera descarada se hacía propaganda por Calderón, incluso un día antes de la elección.

Pero lo peor de todo fue la resolución del Tribunal con respecto a las múltiples y contundentes evidencias de inconsistencias en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el conteo rápido, en el conteo distrital y en el recuento ordenado por el Tribunal.

Análisis, con base en los datos oficiales del IFE, muestran que se manipularon más de cuatro millones de votos en las elecciones de 2006, poco menos de dos millones de votos de más para Calderón y casi dos millones 300 mil votos robados a López Obrador.

El Tribunal señaló al respecto que no se acreditaron dichas inconsistencias a pesar de que decenas de académicos mexicanos de alto nivel pusieron a disposición del Tribunal sus competencias desde distintas especialidades con el objetivo de lograr certeza en los resultados de la elección, como marca el artículo 41 constitucional.

2012: al diablo con las instituciones

El actual presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, calificó también las elecciones en 2006. En este 2010 hicieron caso omiso de las múltiples pruebas del rebase del tope de campaña por parte del PRI, de la compra de votos, de la triangulación de recursos, del desvío de dinero a la campaña priista, de la intervención de empresas fantasmas para financiar al PRI, de la manipulación de las encuestas para favorecer a Peña Nieto.

Con sus actitudes los integrantes del IFE y del Tribunal Electoral, en los hechos, están mandando al diablo a sus propias instituciones. Exhibieron su falta de ética, profesionalismo y objetividad. Se comportaron de manera facciosa para mantener sus privilegios a pesar de los enormes daños que causará este nuevo fraude electoral.

anbapu05@yahoo.com.mx

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