Opinión

Elecciones SUPAUAQ: legalidad contra ilegalidad

Por: Ángel Balderas Puga / anbapu05@yahoo.com.mx

La situación inédita de la descalificación de las únicas dos planillas que contendieron por la dirigencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ) llevó a una situación prevista por los fundadores del Sindicato, hace más de 40 años. Efectivamente, el artículo 81 de los estatutos sindicales señala claramente que ante situaciones electorales no previstas, quien debe resolver es el Consejo Consultivo (que agrupa a los delegados sindicales de las diferentes Facultades) por lo que ante la situación de emergencia, el Consejo Consultivo se reunió el 7 de noviembre. Delegados sindicales de 11 de las 14 Facultades que componen nuestra Universidad tomaron la determinación de convocar a nuevas elecciones, a más tardar el 16 de noviembre.

El mismo artículo 81 señala que este tipo de resolutivos deben ser ratificados por la Asamblea General, máxima autoridad sindical, lo que sucedió el 8 de noviembre, a pesar de las actitudes violentas y porriles de integrantes y un pequeño grupo de simpatizantes de una de las planillas descalificadas.

Las nuevas elecciones se llevaron a cabo el 11 de noviembre y dado que esta vez no hubo impugnaciones al proceso, los ganadores tomaron protesta ante la Asamblea General.

De acuerdo al artículo 79 de los estatutos, el proceso de entrega-recepción se llevó a cabo el 12 de noviembre, avalado por la Comisión Autónoma de Vigilancia, por lo que el nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión de las instalaciones sindicales el mismo 12 de noviembre. Hasta aquí el íter que marca la legalidad interna del sindicato.

Por otro lado, una de las planillas descalificadas, por violar los estatutos y la convocatoria, no esperó la resolución de las impugnaciones sino que apelando al “haiga sido como haiga sido” sostienen que ganaron las elecciones porque sacaron cinco votos más que la otra planilla, fingiendo ignorar que todo proceso electoral serio termina hasta que se desahogan las impugnaciones al proceso.

Ignorando totalmente la legalidad interna y sin respeto para las Comisiones Autónomas ni para la Asamblea General, corrieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a solicitar la “toma de nota”, cosa que obtuvieron el 31 de octubre a pesar de que el proceso no había concluido, pues después de la resolución sobre las impugnaciones siguió el proceso de apelación, al que se sometieron ambas planillas.

Este proceso terminó hasta el 3 de noviembre por lo que es imposible que dicha planilla haya entregado la documentación oficial que se requiere para este tipo de procesos: Acta de la asamblea electoral y padrón original de votación, a pesar de lo cual la JLCA obsequió la “toma de nota” lo que no es legal.

Para cerrar la actitud parcial de la JLCA, se negó la “toma de nota” al Comité Ejecutivo elegido de acuerdo a la legalidad interna del sindicato, a pesar de que entregaron toda la documentación requerida.

Ahora nos enteramos de la intervención del Secretario del Trabajo para amenazar a la exsecretaria general para que, violentando los estatutos, hiciera un nuevo proceso de entrega-recepción, con la complicidad del ex director de la Facultad de Ingeniería y ahora director académico de la Universidad Marista, José Luis Mendoza Cedillo ¿Sabrán en dicha Universidad que su director académico se dedica a amenazar a maestras de su anterior Universidad?

Los “sindicalistas” intermitentes

Mendoza Cedillo forma parte de un curioso grupo de exfuncionarios universitarios que ahora se presentan como “sindicalistas”. Además de él, están un exdirector de la Facultad de Filosofía, Francisco Ríos Agreda, un exsecretario de Finanzas de la UAQ, José Antonio Inclán Montes (uno de los que intentó impedir la celebración del Consultivo del 7 de noviembre), un exdirector de Planeación de la UAQ, José López Salgado, y un expresidente del Instituto Electoral de Querétaro, Eduardo Miranda Correa.

Todos ellos muy “interesados” en el futuro del sindicato. Sin embargo, su supuesto interés no se corresponde con los hechos. En sentido estricto, ni siquiera deben ser considerados miembros activos del SUPAUAQ, pues no han cumplido con obligaciones como la asistencia a asambleas y actos convocados por el sindicato, violando el inciso ‘c’ del artículo 22 de los estatutos.

Solo por dar uno ejemplo, en el periodo que me tocó presidir el SUPAUAQ, entre 2012 y 2014 se llevaron a cabo 14 asambleas generales, Miranda solo asistió a dos, Mendoza solo a cuatro, Inclán solo a una, López ¡a ninguna! El más “cumplido”, Ríos Agreda, asistió a siete, aunque nunca asistió a ninguna de las movilizaciones en contra de la reforma laboral o de la reforma energética.

¿Qué validez pueden tener los comentarios de estos ausentes de la vida sindical de los últimos años? Su visión, tal como su asistencia a asambleas, es intermitente y fragmentada.

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