Para destacar: Un papel crucial ha jugado Emilio Álvarez Icaza en la investigación del caso Iguala. La atención de este caso se ha centrado en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero incluye seis ejecuciones extrajudiciales, 40 personas heridas, 80 personas perseguidas y 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Los mexicanos no podemos presumir de tener a muchos compatriotas al frente de organismos internacionales. Y los pocos que tenemos no son precisamente para inspirar orgullo, pues están al frente de las agencias del gobierno global orientadas a la aplicación de políticas financieras que han traído al mundo más precariedad.

Ahí está José Ángel Gurría en la secretaría general de la OCDE. Ahí está Jorge Familiar en la vicepresidencia del Banco Mundial para AL y el Caribe. Ahí está Alejandro Werner al frente del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y ahí está Aldo Flores Quiroga en la secretaría general del Foro Internacional de Energía. Mención aparte amerita Alicia Bárcena que desde 2008 está al frente de la secretaría ejecutiva de la CEPAL.

Hay un mexicano que ocupa una posición destacada en un organismo global; destacada tanto por la materia de ese organismo como por el enfoque con el que ha desempeñado su tarea. Se trata del sociólogo Emilio Álvarez Icaza Longoria, que en 2012 asumió la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital norteamericana. La mala noticia es que ya sólo le restan unos meses en esa responsabilidad, pues ha decidido no buscar la reelección y retornar a México para reinsertarse en el activismo social.

Un papel crucial ha jugado Emilio Álvarez Icaza en la investigación del caso Iguala. La atención de este caso se ha centrado en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero incluye seis ejecuciones extrajudiciales, 40 personas heridas, 80 personas perseguidas y 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Dada la presión internacional que acompañó al caso, la CIDH aceptó la solicitud del gobierno mexicano para integrar el Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que en unos días saldrá del país en condiciones que incrementan la vergüenza que vive México en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Integran el GIEI cinco figuras del más alto prestigio, que en varias naciones latinoamericanas han investigado crímenes de Estado que no podemos olvidar. Ellos son el español Carlos Beristain, que coordinó el informe “Guatemala, nunca más”; la colombiana Angela Buitrago, que fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de su país; el chileno Francisco Cox Vial, que formó parte del equipo dedicado a la extradición del general Augusto Pinochet a España; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, que como fiscal general de su país investigó la dictadura militar de Efraín Ríos Montt, y el colombiano Alejandro Valencia Villa, con experiencia en comisiones de la verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

Recordará la historia mexicana a este grupo de investigadores por haber desmontado el entramado del gobierno mexicano para imponer su “verdad histórica” sobre Iguala. Cuando el grupo de expertos comenzó a ser incómodo para el gobierno federal se desató una embestida para desacreditarlos. Se buscó desprestigiar a cada uno de ellos, pero la infamia más ridícula se enderezó contra Álvarez Icaza: una denuncia penal presentada por un individuo que se ostenta como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de oscuros antecedentes.

El argumento es surrealista: se acusó de fraude al secretario ejecutivo de la CIDH bajo el argumento de que era indebido el pago que el gobierno de México hizo para que los miembros del GIEI colaboraran en la investigación de Iguala. La calumnia, y el despliegue mediático que se le dio, provinieron del más profundo de los fangos. El Ministerio Público Federal acabó por desechar la denuncia que sólo buscaba ensombrecer la incómoda tarea del equipo investigador, y para lo que realmente sirvió fue para añadir una evidencia más del retorno del México autoritario, como el propio Álvarez Icaza denunció.

Ahora que Emilio Álvarez Icaza está próximo a concluir su encargo internacional, es  justo reconocer su gran aportación a la defensa de los derechos humanos. Pero además, es preciso decir una palabra en defensa de su historia. En lo personal me he formado una opinión viéndolo actuar: primero al frente del Centro Nacional de Comunicación Social, al lado de su padre José Álvarez Icaza. Cuando participamos en un modesto semanario que circuló el siglo pasado, vimos siempre en ellos a dos presencias solidarias; luego lo vi como consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, y en esa responsabilidad nos acompañó en la Universidad en más de una ocasión. Muy consistente papel desempeñó también al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, marcado por los casos Digna Ochoa y News Divine.

Vaya desde aquí nuestra bienvenida a Emilio Álvarez Icaza en su próximo retorno al reino de la impunidad. Vaya también un saludo a su madre, doña Luz Longoria, y a su esposa, la también socióloga Raquel Pastor, ambas mujeres comprometidas con las mejores causas de este país. Con su trabajo han contribuido a evidenciar al gobierno federal, que ha hecho del atropello una vergonzosa política de Estado.