Entre el Estado laico y la libertad religiosa

Por Blanca Estela Gutiérrez Grageda

Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para expresar mi opinión y reflexiones en torno a la propuesta de reforma al artículo 24 constitucional, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se encuentra para su análisis y votación en la Cámara de Senadores. Preparé lo siguiente:

Hay temáticas y problemáticas particularmente sensibles para los mexicanos, históricamente hablando. Algunas de ellas tienen que ver con el Estado laico, con la educación y con el papel y la función de las iglesias en nuestra vida pública.

Cada que se tocan dichas problemáticas, se desatan turbulencias sociales, políticas e ideológicas. Los bandos y las posturas se polarizan a tal grado, que lamentablemente, en no pocos casos, estos antagonismos (aunados con otros ingredientes de tipo político) han desencadenado dolorosas guerras fratricidas. Menciono sólo dos casos, que son los más representativos: la época de la Reforma liberal, cuando al mediar el siglo XIX se estableció la secularización de la sociedad, el Estado laico y se establecieron como preceptos constitucionales toda una gama de libertades, entre otras: las de pensamiento, educación y religiosa.

El segundo momento lo fue la época de la llamada “guerra cristera” o “cristiada”, donde los creyentes católicos tomaron las armas para luchar en contra de un gobierno y unas leyes que ellos consideraban enemigos de la Iglesia. Ambos momentos fueron profundamente dolorosos para los mexicanos, porque, como en toda guerra, las familias quedaron divididas y la muerte campeó en miles de hogares.

En ambos casos triunfó política y militarmente el proyecto que asumió la defensa del Estado laico. Después de 1929, cuando se establecieron los llamados “acuerdos” entre un sector de la jerarquía eclesiástica y la élite gobernante, inició lo que históricamente se ha llamado “el modus vivendi”, esa especie de pacto no escrito que posibilitó la coexistencia pacífica entre dos poderes: el político secular y el político religioso. Desde entonces a la fecha, tanto el Estado mexicano como las iglesias han convivido y coexistido pacíficamente, en un marco de respeto mutuo, aunque no exento de tensiones.

El pasado 15 de diciembre, en una sesión desaseada y plagada de irregularidades, precipitada, sorpresiva e irresponsablemente la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional, referente a la libertad de religión. La propuesta está hoy, en la Cámara de Senadores.

De entonces a la fecha, se han escuchado y visto todo tipo de opiniones y manifestaciones públicas, entre quienes se oponen con firmeza a dicha reforma y quienes han manifestado su beneplácito. Entre los primeros encontramos toda una gama diversa de actores sociales y políticos: académicos, miembros de las iglesias minoritarias, las logias masónicas, organizaciones no gubernamentales y políticos fundamentalmente de la llamada “izquierda mexicana”. Entre los segundos encontramos fundamentalmente a los miembros de la jerarquía católica, a destacados miembros del PRI, del PAN y del PRD, cuyas bancadas votaron a favor de la reforma, así como las voces de la llamada “ultraderecha” mexicana.

Los argumentos de quienes se han manifestado en contra han señalado básicamente lo siguiente: que la reforma al artículo 24 atenta contra el Estado laico; que responde a las exigencias y presiones de la jerarquía católica, que busca recuperar privilegios perdidos, aprovechando dos coyunturas que le son favorables: la visita del Papa Benedicto XVI a México en marzo próximo y el proceso electoral en puerta. Quienes han rechazado la propuesta, han expresado que detrás de la bandera de la “libertad religiosa” se esconde la pretensión de la Iglesia católica, de los grupos confesionales y de la derecha mexicana, para incursionar sin cortapisa alguna en terrenos que hasta hoy les están restringidos, esto es, para impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas; para favorecer la participación del clero en política electoral; para darles acceso libre y control de medios de comunicación masiva, particularmente electrónicos, entre otros.

Quienes se han manifestado a favor de la reforma, sostienen la incompatibilidad del marco jurídico imperante en México en materia de libertad religiosa con los tratados internacionales firmados por nuestro país. Estas voces aseguran que con la reforma constitucional se produce una ampliación de libertades y que se mantiene incólume el Estado laico. Señalan que la reforma favorece a la sociedad en su conjunto y que no lleva dedicatoria alguna a religión particular.

Ante esta diversidad de opiniones, señalo que yo me identifico, con algunos matices, con los primeros. Y expongo mis argumentos.

Dos principios parecieran estar en pugna: la pervivencia del Estado laico y la ampliación de las libertades religiosas. Al respecto propongo hacernos dos preguntas: ¿existe en México libertad religiosa? ¿Son las problemáticas de la libertad religiosa centrales de nuestra agenda nacional?

Respecto a la primera pregunta, la respuesta es clara: en México existe la libertad de creencias y de religión, tal y como está establecido en el artículo 24 constitucional. Nuestra legislación en materia religiosa no es, como lo señala la iniciativa de ley presentada, ni “fundamentalista”, ni “anticlerical”, ni “ideológica”. Es una legislación que respeta y no privilegia ninguna creencia religiosa sobre otras. Luego entonces, ¿por qué la necesidad de la reforma? Porque lo que se pretende, precisamente, es ampliar esa libertad, abriéndoseles espacios a los grupos confesionales donde hasta la fecha les están restringidos: en las escuelas y en la educación, en los medios de comunicación masiva y en los espacios públicos como son las calles y las plazas. En este sentido, coincido con las voces que han expresado que detrás del principio de “libertad religiosa” se esconde el reclamo de privilegios religiosos, mismos que minan las bases de una convivencia libre y democrática.

La historia de las últimas décadas nos ha demostrado, como país, que el artículo 24 constitucional es garantía de convivencia sana y pacífica, de tolerancia y respeto entre ciudadanos. Lo que la iniciativa de reforma se propone no es ampliar la gama de libertades, sino minar las bases del Estado laico y por ende, atentar en contra de los derechos de los grupos minoritarios.

En la reforma aprobada yo observo juegos de palabras que ocultan verdades y distorsionan principios y derechos. En la rebuscada argumentación jurídica (que remite a los tratados internacionales firmados por México) también. En ningún momento se demuestra que en México no exista libertad religiosa, ni que el marco jurídico vigente violente los tratados internacionales. No hay tal.

Dice la iniciativa de reforma que un “Estado laico sin libertad religiosa plena, resulta incomprensible”. Señores: vivimos en un Estado laico con libertad religiosa. No busquemos problemas donde no existen.

La reforma atenta en contra del Estado laico, no hay duda. Por ejemplo, en el decreto que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, claramente se anuncia que una vez modificado el artículo 24: “se requerirá tanto la revisión de los artículos 3°, 5°, 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”. Sin embargo, el mismo decreto reconoce que “por el momento”, ojo: por el momento, “sólo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución (…)”. Es decir, van por más: uno que en lo personal me preocupa, es el que tiene que ver con la reforma al artículo 3º que establece la educación laica. De hecho, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de manera explícita señala que el concepto de libertad religiosa implica, ojo: “el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas aún dentro de la escuela pública (…)”.

En la iniciativa de ley se presenta a España como un modelo a seguir en materia de libertades religiosas. Lo que la iniciativa no menciona, por señalar un ejemplo en particular, es que en España la jerarquía católica presiona al gobierno para que sean expulsadas de la enseñanza pública las docentes que son divorciadas. ¿Ése es el camino que queremos seguir?

Vayamos al punto que tiene que ver con los medios de comunicación. La ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público limita a las iglesias para poseer o administrar medios electrónicos de comunicación. Sin embargo, según el decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, la libertad religiosa comprende la más amplia libertad para la comunicación de las convicciones religiosas, mediante la utilización de “medios de comunicación social, pasando por la escuela, los centros de formación religiosa, etc. (…) En consecuencia, este derecho debe ejercerse sin restricciones o censuras previas”. Ejercer sin restricciones esto que se señala como un “derecho”, abre las puertas para que la Iglesia mayoritaria en México, la católica, posea y controle medios de comunicación masiva, lo que en los hechos representaría la consolidación de nuevos privilegios, en detrimento del conocimiento racional del mundo y sus problemáticas que son complejas y diversas.

En tanto la jerarquía eclesiástica mexicana, y la propia del Vaticano, siga en los hechos protegiendo y defendiendo a pederastas, continúe oponiéndose a la diversidad sexual, se pronuncie en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y se empeñe en su propósito de negar los avances de la ciencia, no podemos permitir como sociedad, que ésta actúe abierta y públicamente, sin restricción alguna, pregonando principios que a todas luces contravienen con la sana convivencia en una sociedad plural y diversa.

En relación a la segunda pregunta planteada, relativa a si el tema de las libertades religiosas es prioritario de la agenda nacional en nuestros días, señalo: éste no es un tema central de la agenda nacional. Tenemos, como país, problemáticas realmente urgentes que atender, como son las siguientes:

1) La pobreza lacerante, que se incrementa día a día. Como país, debemos concentrar esfuerzos, tiempo, energías e iniciativas para combatir la pobreza extrema en la que vive la mitad de nuestros compatriotas y que es, sin duda alguna, caldo de cultivo de la violencia casi generalizada que vivimos. La pobreza, el hambre, la falta de empleo y oportunidades de estudio para los jóvenes, les niega en los hechos, a la mitad de los mexicanos, uno de los derechos básicos de todo ser humano: el de una vida digna.

2) El estado de descomposición social en el que estamos inmersos, donde urge que discutamos como país la reforma del Estado que sigue pendiente. Próximos a festejar el primer centenario de la Constitución Política de 1917, debemos concentrar tiempo, energías y propuestas a redefinirnos como sociedad, como país y como nación. Debemos empezar a discutir, entre todos, la reforma del Estado, con una nueva propuesta constitucional que redefina nuestra razón de ser como país, como nación, en un contexto mundial complejo y globalizado.

3) La impunidad con la que actúan delincuentes, jueces, políticos y funcionarios, es un tema sin duda urgente de atender. Impulsar la reforma del sistema de administración de justicia es y debe ser un tema que no puede esperar más tiempo. Debemos impulsar leyes que garanticen el Estado de derecho, prácticamente inexistente. La impunidad y la corrupción son un auténtico cáncer que ha carcomido a nuestras instituciones. Debemos erradicarlo y ello es apremiante.

En resumen, destaco:

Lo que se pretende con esta reforma constitucional no es ampliar la gama de libertades ciudadanas, sino ampliar el ámbito de acción de la Iglesia mayoritaria de México. Por sus consecuencias, la reforma representa una fuerte embestida en contra del Estado laico.

Por lo tanto, aprobar esta propuesta es retroceder históricamente en materia de derechos ciudadanos y en materia de secularización y laicidad.

Las creencias religiosas a las que todos tenemos derecho deben mantenerse en el ámbito de lo privado.

La educación en México debe seguir siendo laica. El problema de la educación en nuestro país no está en la restricción a las libertades religiosas.

En la decisión de los senadores y de las legislaturas locales está el futuro de esta reforma. Por su trascendencia, la sociedad en su conjunto debe involucrarse analizando el alcance y las consecuencias de lo que se pretende reformar. Debemos exigir y sumarnos a los debates, escuchar y opinar, analizar nuestra historia, estar alertas y atentos. No debemos permitir que los poderes fácticos se impongan, ni que las coyunturas políticas de este año nos hagan retroceder como sociedad.

Por ello, solicito y demando a los senadores y a los diputados locales que nos representan, que asuman con responsabilidad esta decisión y que no voten atendiendo intereses políticos de grupo o de partido. Escuchen y atiendan a la ciudadanía. Cuiden y fortalezcan la vigencia del Estado laico. No podemos introducir nuevos elementos polarizantes en nuestra sociedad, ya de por sí fracturada, polarizada y desarticulada. El momento histórico que vivimos es delicado.

Como historiadora, como ciudadana y como madre de familia, señalo que la iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional representa una irresponsabilidad histórica en quienes la están promoviendo. Avivará tensiones y polarizará aún más a nuestra sociedad. La iniciativa es una clara concesión política a los grupos confesionales de este país, quienes pretenden regresar por sus fueros, sacando provecho del ambiente de caos y desorden social en que vivimos.

No nos confundamos. Nuestros problemas actuales no tienen que ver con materia religiosa alguna. Nuestros problemas centrales tienen que ver con materia de justicia, de igualdad y equidad social, de pobreza y de educación.

Atendamos, pues, lo urgente y no abramos nuevos frentes. No metamos el ingrediente religioso a nuestros problemas, ya de por sí complejos y difíciles. La historia nos ha demostrado, una y otra vez, que cuando el ingrediente religioso interviene en la vida pública, todos salimos perdiendo. Y ahí está nuestra historia para recordárnoslo.

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