Opinión

Estado policiaco

Para destacar: El gobernador ha recuperado a plenitud su antigua condición de gran legislador, mientras la Legislatura, con la honrosa excepción de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, ha recuperado su penoso papel de oficialía de partes al servicio de aspiraciones monarquistas.

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

 

Va desde aquí un abrazo al periodista Eric Pacheco Beltrán, corresponsal de Proceso en Querétaro, director de Libertad de Palabra y productor del programa “Derecho a saber” en Radio Universidad. Expreso mi condena por el asesinato de su hermano Francisco, dedicado también al periodismo crítico. El crimen ocurrió este lunes en el estado de Guerrero, una región envuelta en una ya muy costosa guerra civil. En esa región del sur mexicano las fronteras entre el Estado y la delincuencia son inexistentes. Nuestra solidaridad, estimado Eric.

Hechos como éste vuelven urgente que se ponga el acento en el control ciudadano sobre el poder público. Y se justifica la insistencia con ocasión de la reforma constitucional que aprobó antier la Legislatura de Querétaro bajo un delator sigilo. El titular del Ejecutivo no ocultó su alborozo y repartió felicitaciones a los diputados, como quien premia con una estrella en la frente a los niños aplicados. Tiene fundamento ese júbilo, pues el gobernador ha recuperado a plenitud su antigua condición de gran legislador, mientras la Legislatura, con la honrosa excepción de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, ha recuperado su penoso papel de oficialía de partes al servicio de aspiraciones monarquistas. A grandes trancos está quedando restaurado el viejo autoritarismo. Con esta reforma ha quedado formalmente inaugurado el Estado Policiaco que coloca a Querétaro a las puertas del Estado de Excepción. Fueron varias reformas en un solo paquete, pero me detengo sólo en tres.

Fue creada la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia. Si la gran novedad consiste en que ahora su titular será nombrado por la Legislatura, lo cierto es que será de entre los que ponga en la terna el gobernador. Además, si los legisladores no se ponen de acuerdo, será el gobernador quien de manera directa haga la designación. Algunos ya están apostando 10 contra uno a que el nuevo fiscal será el mismo procurador en funciones. Quien resulte designado durará en el encargo nueve años, es decir, cubrirá toda la actual administración y tres años de la siguiente. Un guardaespaldas de lujo.

Con la segunda reforma se cumple el acariciado deseo de que todo el mando policiaco, en los hechos, se concentre en las manos del titular del Ejecutivo. La Constitución faculta ahora al gobernador a asumir el mando directo e inmediato de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las municipales, cuando por sí y ante sí el propio gobernador, en la más insólita discrecionalidad, juzgue que las circunstancias son de fuerza mayor. ¿Qué causa es de fuerza mayor? La reforma no lo precisa. Cuando al monarca se le antoje, pues. Lo que sigue es el Estado de Excepción. Es la gobernabilidad concebida como asunto policiaco.

Por último, no bastó al Ejecutivo tomar por asalto, en diciembre, al pleno del Poder Judicial. Al amparo de la más absurda argumentación, ahora se ha metido hasta la cocina. Al Consejo de la Judicatura, órgano que controla administrativa y financieramente a ese poder, fueron incrustados dos miembros en un acto de la más grotesca obscenidad: a los tres magistrados que ya integraban ese órgano, se añadirán un sujeto nombrado por los partidos políticos en la legislatura y otro nombrado por el gobernador. Así de brutal. Nunca pensé que la ambición de poder podía llegar a tanto.  Rayo fulminante contra la división de poderes y flagrante violación a la Constitución General de la República, particularmente al artículo 116.

Se debilita al pleno de magistrados y se trasladan al Consejo de la Judicatura facultades extraordinariamente amplias. Por ejemplo, contraviniendo la disposición superior de que la justicia estará a cargo de tribunales independientes, ahora un individuo nombrado por el Ejecutivo intervendrá con pleno poder en la designación, ratificación, investigación y remoción de los jueces. ¡Preciosa justicia..! Deliberada violación al espíritu del artículo 13 de la Constitución local. Exceptuando la digna oposición de la licenciada Celia Maya, los magistrados han guardado un subordinado y cómplice pero comprensible silencio.

Pensé que ya lo habíamos visto todo. Hoy tenemos un gobernante absoluto, sin contrapesos ni control ciudadano. Una visión de espaldas a la democracia y el republicanismo. Ojalá la Procuraduría General de la República revise esta reforma constitucional y presente formal combate legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo espero que la Corte la eche abajo. A estas alturas, las violaciones constitucionales, los absurdos retrocesos y la intromisión flagrante del Ejecutivo en el ámbito de otros poderes es algo que, sencillamente, no tiene nombre.

 

Ciudad de Querétaro, abril 27, 2016

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