¡Fue el Estado! (II)
Parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, presentó su Informe Final el pasado 24 de agosto y, como era previsible, no dejó a nadie satisfecho. Ni a las víctimas de la llamada “guerra sucia” ni, me imagino, al presidente López Obrador, quien no quedó muy bien parado en la conclusión de la Comisión que él ordenó crear por decreto, hace ya tres años.
En el centro de la explicación de las violencias del Estado, afirmaron que existió una política de contrainsurgencia, en la que se apeló por una doctrina de seguridad nacional y la construcción imaginaria de un enemigo interno al que había que aplacar bajo un fuerte disciplinamiento social (planteamiento, traído de Sudamérica, me parece). Garantizar la seguridad política del Estado posrevolucionario de partido hegemónico y salvaguardar el modelo capitalista y neoliberal, era la finalidad de la política contrainsurgente. Sin embargo, esto explica la represión hacia algunos grupos, no toda la violencia del Estado, como lo está planteando el Informe, el cual, además, no está centrado en las víctimas de la contrainsurgencia.
Para ello, sintetizaron durante la presentación del Informe, la represión tuvo diferencias regionales (según la geografía, la demografía, los cacicazgos, la intensidad de las luchas sociales, el interés económico, etc.). La represión no fue homogénea. Decirlo no es una novedad. Otro punto que destacaron fue que las técnicas contrainsurgentes migraron hacia el crimen organizado (¿al fin que el Estado es el crimen organizado?), planteamiento que ya han hecho otras investigaciones y que falta apuntalar. Dentro de las conclusiones, en términos negativos, afirmaron que las complicidades al interior del Estado han perpetuado la impunidad. Ahí están la negación y ocultamiento de información en archivos militares, a pesar del mandato presidencial. Presidente que tampoco ha presionado mucho en ese punto, dando por hecho que los archivos están abiertos. Lo que es falso. El CISEN no ha entregado los documentos de 1985 a 1995, que deberían estar en el AGN por ley. Además, el CISEN purgó y saqueó los documentos de la DFS. Tampoco se avanzó en la desclasificación de documentos sobre México en Estados Unidos. En suma, no hay garantía de que estos crímenes no vuelvan a ocurrir. Sólo los esfuerzos de los colectivos de víctimas han mantenido viva la exigencia de justicia (sin embargo, no se dialogó del todo con los colectivos). Si por el Estado fuera, habría un carpetazo y todos a su casa.
El Informe, aún incompleto, no contempla los datos de las víctimas pertenecientes a movimientos estudiantiles, obreros y guerrilleros, por lo que, por ejemplo, no está el 2 de octubre de 1968 o el 10 de junio de 1971. Aún así, hay datos y un mapeo muy interesante. Registraron 46 masacres (es decir, con más de tres asesinados extrajudicialmente), que dejaron 385 víctimas. Los más, por conflictos de control territorial, seguido por la criminalización y cuestiones político-partidistas. Puebla, la que más tuvo, colocando en el centro a la masacre de Monte Chila, en Jolapa, donde 50 personas fueron asesinadas por terratenientes en colaboración con el Ejército, en 1970. Le siguen Chiapas y Sinaloa.
Contabilizaron 662 ejecuciones extrajudiciales contra militantes del PRD, la mayoría después de 1991. Enlistaron 8,594 víctimas de violaciones graves, pero no es un número definitivo. Las víctimas políticos-partidistas son las mayores, seguidas de las víctimas por el control territorial y las urbano-populares. Y la detención arbitraria -la violación grave más repetida-, seguida de la prisión por motivos políticos y la tortura. Se contabilizaron 1,063 ejecuciones extrajudiciales, 649 desapariciones forzadas transitorias (es decir, víctimas que sí reaparecieron), 517 desapariciones forzadas, 282 torturas sexuales, 216 personas exiliadas, 85 víctimas de violencia sexual y 13 de violencia reproductiva. Chiapas es el estado con el mayor número de víctimas, seguido de Oaxaca y Guerrero. 1983 es el año más violento, con más de 900 víctimas identificadas, le siguen 1978, 1986 y 1974. Al no contar con los datos del movimiento estudiantil, años como 1968 y 1971 no presentan una gran cantidad de víctimas. Uno de los hallazgos centrales es que la violencia del Estado aumentó en los ochenta y, con toda seguridad, en los noventa. Tradicionalmente, la “guerra sucia” y sus consecuencias, se habían concentrado entre 1973 y 1979. Pero, una vez más, el Informe no se centra en la “guerra sucia”, sino que pone a todas las violencias en el mismo costal, pero explicando todas las violencias con los planteamientos o análisis de la “guerra sucia”.
