Opinión

Hornos ladrilleros artesanales de Querétaro: cien mil afectados por las emisiones contaminates, ¿Y el Estado de derecho?

Por: Joaquín Antonio Quiroz Carranza*

En Querétaro funcionan 546 hornos ladrilleros artesanales ubicados en las localidades de San Pedro Ahuacatlán y Visthá, San Juan del Río; Santa María del Camino, Bordo Blanco y San Nicolás, en Tequisquiapan; Jesús Ma. Barrientos, La Angostura, La Palma y La Griega, en El Marqués; La Solana, Querétaro; y Pedro Escobedo.

Anualmente cada horno lanza cinco toneladas de contaminantes que incluyen bifenilos policlorados, dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y peligrosas. Las emisiones generadas por los hornos ladrilleros afectan a más de 100 mil queretanos de forma recurrente y grave, provocando afecciones dérmicas, respiratorias, malformaciones y cáncer.

Los ladrilleros trabajan sin instalaciones y equipos adecuados, bajo condiciones meteorológicas adversas, carecen de seguridad social, laboran jornadas de 12 horas o más por día, sufren riesgos mecánicos, físicos, químicos y biológicos, todo ello en condiciones de tensión, esfuerzo fisiológico y angustia permanente.

En cada horno laboran entre seis y siete trabajadores, quienes reúnen los materiales y preparan la argamasa con arcilla, agua y otros materiales; mensualmente fabrican 10 mil ladrillos por horno, mismos que venden a un costo de entre $1.2 y $1.6 pesos por pieza, precio fijado por los industriales de la construcción o los intermediarios locales.

Para lograr un beneficio económico significativo, los productores ladrilleros usan “combustibles” de bajo costo, obtenidos de las empresas locales: aceites automotrices residuales, neumáticos fuera de uso, envases de plástico, residuos sólidos y líquidos, aserrín, madera residual, fibras sintéticas y naturales, residuos industriales, mezclas de solventes, basura, residuos biológico-infecciosos.

La entrega de residuos peligrosos o biológico infecciosos a particulares no registrados en la Semarnat viola la legislación ambiental mexicana, y pone en entredicho la capacidad de las autoridades municipales, estatales y federales para salvaguardar el ambiente natural y respetar el Estado de derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los convenios y tratados internacionales, leyes generales, federales, estatales, reglamentos y normas oficiales mexicanas.

El desastre ambiental local y estatal no sólo es responsabilidad de los ladrilleros, sino de aquellos que trafican residuos peligrosos, de quienes cobran salarios estratosféricos al erario público para hacer cumplir el Estado de derecho y no lo hacen, y de aquellos que lucran con el esfuerzo humano y los recursos naturales: la industria inmobiliaria y comercializadores del ramo.

La producción artesanal de ladrillos, presenta acumulación desorbitada de ganancias en aquellos que monopolizan la comercialización de combustibles o minerales y de los grandes industriales de la construcción inmobiliaria; y desolación ambiental, páramos yermos, cuyo suelo horadado da la impresión de un paisaje lunar, cauces de agua contaminada y grandes cantidades de partículas atmosféricas, el empobrecimiento económico de los pobladores y el decaimiento de la salud pública.

El suelo, el agua y el aire de la patria están profanados por la avaricia de capitales nacionales, siempre vinculados a los capitalistas internacionales, degradado física y contaminado químicamente. El ambiente social y la salud humana de los queretanos se deterioran paulatina e inexorablemente por la voracidad del capital inmobiliario, industrial y comercial, bajo el protectorado de las instituciones públicas municipales, estatales y federales.

Los procesos de la producción de ladrillos artesanales violan la legislación mexicana en materia ambiental y laboral, porque las empresas generadoras de residuos tóxicos peligrosos y biológico-infecciosos deben, por obligación, entregarlos a empresas certificadas para su disposición o confinamiento; entregarlos para su combustión informal es totalmente ilegal, además de criminal.

Las instituciones municipales, estatales y federales no cumplen con su deber de aplicar convenios y tratados internacionales, leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas que por ser aprobados por el Poder Legislativo son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Los industriales de la construcción al fijar, formal o informalmente, un precio subvaluado al ladrillo rojo y otros materiales de barro, y usarlos como insumo, son la causa directa de este desastre ambiental y social, al convertir pasivos ambientales y sociales en ganancia neta.

La fabricación artesanal de ladrillos se desarrolla bajo un esquema de atraso tecnológico, ineficiencia energética, inequidad social y degradación ambiental, todo esto es resultado de las relaciones sociales capitalistas y depredadoras. Es necesario que la sociedad civil organizada e informada genere los argumentos y acciones necesarias a fin de cumplir con su función de transformadora activa de la República y recupere sus capacidades como salvaguarda del ambiente natural, patrimonio de la nación, derecho constitucionalizado en la Carta Magna.

 

cenciart@yahoo.com

*Catedrático de la Facultad de Ciencias Naturales

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