Huimilpan

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Para su formal conclusión, al proceso electoral de Querétaro le quedan sólo unos días. Como es bien sabido, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro decretó, el 11 de septiembre, la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Huimilpan. En ese municipio, el gru

eso de los votantes se repartió en tres tercios y el tercio mayoritario lo alcanzó el partido Nueva Alianza, con 4 mil 219 votos, aventajando al PAN con apenas 551 votos y al PRI con menos de mil.

A lo largo de casi 80 páginas, la sentencia del tribunal local desahoga la argumentación puntual que permite apreciar la gravedad de los hechos que valoró para esta decisión que no tiene precedente en la historia política local. Habíamos presenciado en Tolimán hace 12 años, y este año ha ocurrido nuevamente, la revocación de un triunfo, pero no la anulación de una elección.

Para el caso de Huimilpan, el tribunal estableció que en 19 de las 44 casillas instaladas prevaleció la violencia y la presión generalizadas, y que el clima de intimidación propició que el electorado se inclinara en favor del candidato de Nueva Alianza. En las 19 casillas, que representan el 43% del total, se documentó la presencia de encapuchados y personas armadas en sus inmediaciones, secuestro, sustracción de documentos, disparo de armas de fuego y amenazas de muerte. Algunos relatos están de miedo.

Los hechos constan en siete tipos de pruebas: informes de los cuerpos de seguridad (Policía Municipal, Seguridad Ciudadana estatal y Policía Federal) relativos a llamadas de auxilio; testimonios presentados ante notario público por parte de habitantes de varias comunidades rurales, con nombres y apellidos; fotografías aportadas por el Partido Acción Nacional e informes periodísticos diversos. También hojas de incidentes firmadas por los integrantes de las mesas directivas de casilla y representantes de partidos políticos, y un acta del Consejo Local del INE, donde consta lo que los capacitadores electorales reportaron a sus instancias centrales.

Ahí se encontró el fundamento para establecer que “se violaron los principios constitucionales de elecciones libres, así como secrecía y libertad del sufragio”, que afectaron directamente la autenticidad del proceso electoral, con lo cual se trastocó gravemente el sistema electoral mexicano. Si bien el tribunal no estableció cuántos votos fueron orientados mediante intimidación, el conjunto de violaciones fue considerado “determinante” para definir el resultado.

Al declararse la nulidad de la elección, se revocó la constancia de mayoría a la planilla encabezada por Juan Guzmán Cabrera y se ordenó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la convocatoria a elecciones extraordinarias; se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro para que se finquen responsabilidades criminales.

Quedan muy pocos días para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre al estudio y resuelva la impugnación presentada por Nueva Alianza. El Trife podrá confirmar, revocar o modificar la sentencia del tribunal local, pero tendrá que hacerlo antes del 30 de septiembre.

De manera paralela corre el mandato dictado por el tribunal al instituto electoral. Lo que procede está previsto por el artículo 22 de la Ley Electoral del Estado: 15 días para emitir la convocatoria (el plazo vence el 26 de septiembre) y 90 para los nuevos comicios, esto es, a más tardar el 26 de diciembre.

El presidente del instituto respondió a los medios que si Nueva Alianza decide registrar al mismo candidato corresponderá al Consejo Electoral de Huimilpan resolver sobre su procedencia. Extraña respuesta, ya que el último párrafo del artículo 22 no permite duda alguna, pues dice a la letra que “el candidato que dio origen a la irregularidad que determinó la nulidad de la elección no podrá participar en la elección extraordinaria”.

Huimilpan, no está por demás recordarlo, es el puente que conecta a la capital de Querétaro con el caliente estado de Michoacán. Con esta sentencia se aportan evidencias de cómo la violencia ha escalado a la disputa por el poder del Estado. Es cierto, hay muchos poderes sueltos, peligrosos y sin rostro; por eso habrá que seguir poniendo el acento en el Estado, cuyo poder no sólo está identificado y regulado sino que está constitucionalmente subordinado a la voluntad de la población, que en la democracia es la fuente única de la soberanía.

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