Opinión

Inmaculadas falacias en torno a la participación ciudadana

(Tercera y última parte)

Por María del Carmen Vicencio

Nuestra “democracia”, en la percepción de una buena parte de la población, funciona así:

Todos los ciudadanos depositan en una gran bolsa pública los impuestos, que el Estado les cobra por diversos conceptos: los bienes que cada quien tiene, las compras que realiza o los servicios que recibe, etc. Aunque, viéndolo bien, en realidad no todos pagan impuestos. En México, una buena cantidad de personas, morales y físicas, encuentran gran cantidad de estrategias para evadirlos. Esto disminuye el erario público. Además de la evasión fiscal, las deducciones (“legales”) hacen que se aminoren aún más los ingresos de la nación. También hay muchas formas de deducir, y más empresarios y ciudadanos comunes de los que nos imaginamos, que se dedican a buscarlas y a ejercerlas.

Lo que después de la evasión y de la deducción entra a las arcas públicas, ya un tanto mermado, se habrá de repartir entre los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de justicia distributiva (que muchos hemos internalizado desde la escuela primaria), la idea era que tanto el cobro, como la distribución del erario fuesen equitativos; es decir, a los que tienen más, se les cobraría más, y a los que tienen menos, se les quitaría menos; por otro lado, los ricos recibirían menos y los pobres serían compensados con más. Con esto estaríamos logrando el equilibrio.

Por eso, para decidir cómo distribuirlos, están los congresos y los cabildos alrededor de nuestros gobernantes, cuyos miembros pertenecen a diferentes partidos políticos, para que no sólo un autócrata decida el destino de esos recursos. Sin embargo, el lector sabe que la realidad mexicana es muy distinta. Nuestros gobernantes, desde hace muchos sexenios, están al servicio, tanto de sus propios intereses, como de los de esa cúpula hiper-privilegiada, que sin estar formalmente inscrita en el régimen, decide los destinos de nuestra nación.

El mayor porcentaje del erario se va al pago de nómina de los altos funcionarios, con sus respectivas y “merecidas” prestaciones. Por eso, al servicio público suele vérsele como una enorme ubre y parte del trabajo consiste en aprender las formas de ordeñarla sin que se note y por eso muchos ciudadanos aspiran a ser funcionarios “de primer nivel”, pues ese oficio rinde grandes dividendos.

Otra buena parte del tesoro está destinada a impulsar los procesos “democráticos”, a sostener al IFE y a los partidos políticos. Por eso es tan rentable crear un nuevo partido político. Se gana mucho con ello.

Ahora bien, tanto los partidos, como los gobiernos “necesitan” informar y hacerse promoción, para lograr que los ciudadanos confíen en ellos, sepan de todas las cosas maravillosas que hacen y les vuelvan a otorgar su confianza en las próximas elecciones. En este caso, no importa que el gasto real rebase con mucho lo presupuestado, pues para quienes tienen el poder, esto puede moverse a su antojo (por ejemplo, los nueve millones que tenía presupuestado el ayuntamiento para su difusión en los medios, crecieron mágicamente a 29; Libertad de palabra, 12 de junio de 2011). Por eso, también es muy lucrativo ser dueños de medios masivos o empresas publicitarias de alto nivel, pues las tajadas que reciben son excelsas.

Ciertamente no basta con hacerse propaganda; para que la acción de los políticos sea creíble, tienen que hacer “mucha obra pública”. Obviamente la obra pública que más reditúa es la que más y mejor se ve. Por eso conviene construir edificios portentosos y llenar la ciudad de puentes. Eso es lo más visible y en donde se pueden justificar muy bien los enormes gastos que se realizan. Por eso es bueno, también, ser dueño de importantes empresas constructoras; en especial es bueno, si el dueño es a la vez político o amigo de políticos.

“Te apoyaré con tantos millones para tu campaña, pero dame la Secretaría de Obras Públicas”, es la costumbre que termina por volverse ley. Y, para hacer efectiva la modernización que México requiere, considerando las exigencias del mundo globalizado, una buena parte de esa obra pública se encarga a empresas extranjeras, pues “son las que tienen certificación internacional”.

Otra tajada suele darse (allá en lo oscurito, para que nadie se entere) al crimen organizado de todo tipo, para pagar los favores recibidos, para zafarse de alguna amenaza o para evitar que se difunda ese expediente negro personal, que por alguna razón cayó en sus manos…, y también para sufragar los enormes gastos de la guerra contra el narcotráfico.

Como en México tenemos serios problemas con la calidad de los servicios, para darle confianza a la población, una buena tajada tendrá que dirigirse al pago de agencias capacitadoras, evaluadoras, certificadoras, que para una mayor eficiencia habrán de ser también “de corte mundial” (y cuyos dueños son muchas veces los propios funcionarios). Así por ejemplo, en dos días un despacho de capacitación laboral, ligado al PAN, recibió una adjudicación directa de 9.3 millones de pesos, por parte de la Secretaría de Gobernación (La Jornada, 20 de junio de 2011).

Después de haber cubierto todos estos gastos “prioritarios”, aún queda una buena bolsa para cubrir las demás necesidades de la ciudadanía. Sólo que esos recursos no están disponibles tan fácilmente. A diferencia de esa “bolsa mágica”, de la que los gobernantes pueden disponer a su antojo, como indiqué arriba, lo que le corresponde a los ciudadanos siempre se encuentra “etiquetado” y por eso los funcionarios suelen decirnos que “no hay presupuesto” para lo que nosotros necesitamos.

Esto se debe a que muchos de los impuestos que se recogen va a parar, en primer lugar, a las arcas de la federación, luego a las del estado, y al final a las del municipio, en forma de toda clase de “programas” (Progresa, Procampo, Soluciones, etc.); el problema es que para ser beneficiario de esos programas, los ciudadanos, las delegaciones y los ayuntamientos han de hacer una tormentosa gestión, en la que quienes más reciben no son los que más necesitan, sino quienes más relaciones, más capacidad de gestión, o más poder tienen. Esto ha dado lugar, por ejemplo a que, en México, los ricos concentren los beneficios de los subsidios, en lugar de que éstos se destinen a los segmentos de la población de menor ingreso, según denuncia la ONU (La Jornada, 18 de junio de 2011).

Esa idea de que, en los regímenes democráticos, los ciudadanos participamos en la toma de decisiones sobre la forma como ha de distribuirse el presupuesto, es muy poco creíble después de ver todo lo que tiene que suceder para recuperar los recursos que nos pertenecen.

Paralelamente a todos estos retruécanos, aparecen otras “inmaculadas falacias de la participación ciudadana”, en forma de comités delegacionales o consejos municipales, que supuestamente operan como cuerpos consultivos de las diferentes administraciones.

Aunque en la percepción de muchos, “la población es muy apática y por eso tiene el gobierno que se merece”, hemos de reconocer que también hay una gran cantidad de ciudadanos entusiastas, decididos, comprometidos y luchones, organizados en dichos comités o consejos, que están haciendo serios esfuerzos por hacer oír su voz, por detener las malas decisiones en el gobierno, por presionar a los políticos para que volteen hacia la ciudadanía. Estos comités, en el caso de las delegaciones, tienen que andar mendigando y hasta rifarse (sic) los magros recursos que reciben éstas, para atender las necesidades de la población que vive en esos lugares que no se ven. Algunos se hacen cargo de tareas para las que los gobiernos se declaran incompetentes (vecino vigilante).

La opinión de la ciudadanía a través de ellos, sin embargo, tampoco es suficientemente escuchada. Así, aunque los consejos se opongan, por ejemplo, a ciertos cambios de uso de suelo que merman las zonas naturales protegidas, o se opongan al surgimiento de gasolineras que crecen como hongos por todos lados, o se opongan a que la Sedesu reparta permisos a empresas que causan daño a la población y al ambiente, o aunque insistan a los gobiernos en que es más prioritario resolver el problema del transporte público, que construir más puentes, los funcionarios con poder siguen decidiendo sin tomarlos en cuenta.

Participar en dichos consejos o comités, cuando se tiene un proyecto, implica un esfuerzo titánico, mucho trabajo y mucho tiempo. Una pregunta que queda en el aire es, si los ciudadanos estamos haciendo las veces de los regidores o de los inspectores oficiales, ¿por qué tenemos que pagar por los servicios que no nos prestan?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

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