Opinión

Instituciones, violencia y elecciones 2015

Por: Rafael Plancarte

Pronto se llevarán a cabo elecciones en 17 estados del país. Las candidaturas independientes, las nuevas reglas electorales y el clima de violencia son temas que hacen distintiva a esta elección. Si bien las principales preocupaciones en las coyunturas electorales venían siendo la corrupción y el fraude electoral, a éstas se le suma el problema de que el crimen organizado pueda influir en las elecciones, tal como lo ha mostrado el trabajo Elecciones, Violencia y Estructura Social, publicado en 2014 por el CIDE. Hace más de un mes que Jalisco se ve inmerso en un clima de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y grupos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), conflicto que en el más reciente capítulo de narcobloqueos tuvo algunas secuencias en estados aledaños. Este cártel se ha fortalecido al grado de que lograron derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes, al estilo de algunos grupos extremistas en Medio Oriente. Esto es sólo un ejemplo de que el narcotráfico se ha convertido en un actor central en nuestro sistema político. Un poder fáctico que se desenvuelve en un contexto institucional laxo y débil. Un actor que es a la vez producto y manipulador de arreglos institucionales y que reta frontalmente al Estado, quien ha ido perdiendo control territorial y ha tenido que pactar acuerdos de no agresión con el narcotráfico en diversas ciudades. En algunos estados el narcotráfico será un fuerte decisor debido a la infiltración de sus redes en las instituciones y al temor de políticos y ciudadanos. Los múltiples homicidios y amenazas a candidatos de todos los partidos coadyuvan a que la mancuerna entre el narco y el poder político se consolide.

El Instituto Nacional Electoral y sus órganos desconcentrados estarán a prueba en la instalación de casillas y el correcto funcionamiento de la jornada electoral, principalmente en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Coahuila. Incluso se han tenido que designar Secciones de Atención Especial en las que se implementarán protocolos para que algunas zonas sean tratadas de forma distinta.  El ya citado estudio del CIDE muestra además algunas tendencias en materia electoral de los últimos años que deben ser consideradas para las próximas elecciones: la violencia reduce la competitividad y genera un mayor voto de castigo, esto último propiciando que sea la oposición la más beneficiada.

Las instituciones definen el devenir de los países y especifican el complejo proceso de construcción de la vida cultural, económica y política. La fortaleza de la democracia está así en función de los arreglos institucionales que han sido adoptados por una sociedad concreta. La fuerte presencia del narcotráfico en la política mexicana y el hecho de que los partidos políticos tengan amplios vínculos con el crimen organizado desde hace muchos años se puede explicar como producto histórico de sendas y arreglos sociales que han terminado por hacer de la ilegalidad y la impunidad la conducta prevaleciente, lo cual hace sumamente costosos los cambios en las instituciones y preserva lógicas que son desastrosas para nuestra sociedad, perpetuando la violencia, la desigualdad y la falta de un camino en común. En cierto sentido la violencia se debe a la profunda heterogeneidad estructural del país. Un contexto de falta de oportunidades y desigualdad social son campos fértiles para la incorporación de jóvenes al narcotráfico, generando una carencia de demócratas. Además, el narcotráfico se complementa muy bien con el modelo económico vigente. El TLCAN, al aumentar el flujo del intercambio comercial, le ha otorgado mejores oportunidades para traficar (Medina, 2015). Al mismo tiempo este actor genera grandes divisas que equilibran la balanza de pagos.

La ciudadanía está en riesgo. El involucramiento en organizaciones se da a través del narcotráfico, lo cual está lejos de constituir una actividad participativa que propicie conductas cívicas y el respeto a la legalidad. El déficit de legalidad genera un déficit en la participación ciudadana. Eso es lo que también muestra el estudio del CIDE: que existe una fuerte tendencia a que en los municipios donde hay altos niveles de violencia, que dicho sea de paso son municipios pobres, la participación electoral tienda a disminuir. En estas elecciones la violencia podrá ser un causal de abstencionismo y un factor que impida la gobernabilidad democrática.

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