Opinión

La Autonomía Universitaria y el apoyo a la educación pública.

Por: Francisco Ríos Ágreda

PARA DESTACAR: Con la próxima visita de Francisco Domínguez a la UAQ, no están en conflicto los recursos extraordinarios procedentes de la federación (como con Ignacio Loyola), sino el compromiso de campaña de FDS, en el 2015, de incrementar en un 10 por ciento el presupuesto

Parece que la cita del 19 de mayo será el diálogo entre el gobierno que encabeza Francisco Domínguez Servién y los integrantes del Consejo Universitario de la UAQ, abordando en esa sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno universitario, los puntos ya acordados: la Autonomía Universitaria y el financiamiento a la Universidad.

Seguramente los personeros de una y otra instancia ya acordaron un formato para la discusión entre el gobierno estatal y los consejeros universitarios, teniendo claridad que Gilberto Herrera Ruiz, en su calidad de rector preside los trabajos de esa sesión y que esta ocurre en un escenario universitario.

Habrá que recordar que la Ley Orgánica de la UAQ posibilita, en su artículo 10, la presencia de un representante del Gobierno del Estado, que si bien no ha sido un hecho constante, en la práctica esta función la ha realizado eventualmente el Secretario de Educación de la administración estatal. En particular, recuerdo que siendo director y consejero universitario maestro por la Facultad de Filosofía, el propio Ignacio Loyola Vera, gobernador del estado, después de la “Marcha por la Dignidad Universitaria”, realizada el 8 de Mayo de 2002 (en memoria del otro 8 de mayo de 1980), con el respaldo de unos 20 mil estudiantes y de todos los exrectores universitarios, en la que se concluyó en un diálogo ríspido de los consejeros universitarios con el equipo de Loyola Vera, en el Salón Gobernadores de la Casa de la Corregidora, con el reclamo universitario de la retención arbitraria por parte del gobierno local de los 33 millones de pesos de los recursos FAM, ganados en concurso por la UAQ. Posteriormente a este encuentro, que nos recordaba la exigencia de “Diálogo Público” del movimiento estudiantil del 68, Ignacio Loyola se presentó en una sesión del Consejo Universitario y se comprometió a entregar esos recursos.

Ahora, el escenario no es exactamente igual, aunque sean ambos gobiernos -el de Ignacio Loyola Vera (1997-2003) y el de Francisco Domínguez Servién- de origen panista y compartan ideológicamente sus reservas con la educación pública. Ahora, no están en conflicto los recursos extraordinarios procedentes de la federación, sino el compromiso de campaña de FDS, en el 2015, de incrementar en un 10 por ciento el presupuesto del gobierno del estado, hecho público en la propia universidad ante los aspirantes de otros partidos a la gubernatura y la comunidad universitaria, en un foro especial. En términos actuales eso correspondería a 550 millones de presupuesto estatal para la UAQ en el ejercicio 2016, independiente de los recursos municipales para los campi de la Universidad en esas zonas. La idea es incrementar la matrícula universitaria en un 30%, con la finalidad de generar más espacios a los aspirantes a ingresar a la UAQ, que año con año son rechazados. Así de apremiantes son las necesidades universitarias de crecimiento, expansión y consolidación de la oferta educativa en las preparatorias, licenciaturas y posgrados de nuestra Alma Mater. Hay pues sobradas razones para que el gobernador incremente significativamente el presupuesto universitario.

Constitucionalmente, el artículo tercero señala claramente que: “Toda la educación que el Estado  imparta será gratuita. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el funcionamiento y difusión de nuestra cultura.” La constitución local también refrenda esa normatividad y señala que el presupuesto será suficiente y oportuno, además de rescatar el derecho humano a la educación. Obligaciones, funciones y necesidades son identificables y se requiere voluntad política para su cabal cumplimiento.

La autonomía universitaria, también establecida en el artículo tercero constitucional, indica que “Las universidades… a las que se les otorgue autonomía tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura… respetando la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas de estudio…”. Todo muy bonito en la norma constitucional, pero no hay autonomía universitaria, sí no existen las condiciones financieras, políticas y técnicas, entre otras, para el cumplimiento de las tareas fundamentales de las Universidad Autónoma de Querétaro. Otros asuntos se cruzan con la autonomía universitaria sobre la huelga del STEUAQ y en ese marco, la marcha universitaria, pero ya no hay espacio para abordarlas. Por lo pronto, FDS tiene la palabra.

 

 

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