Para destacar: El proyecto integral sobre residuos sólidos municipales resultante, a cargo de la Sedesol, lo formuló el Banco Mundial en dos etapas. El primer proyecto piloto elaborado (1992-1994) consideró cinco ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, Monclova, Matamoros y Reynosa, y arrojó un primer diagnóstico.

Por:Fernando Corzantes

Consejero Electoral INE

La tendencia de concesionar los servicios públicos municipales a empresas privadas, es una imposición de instituciones supranacionales como el Banco Mundial (BM).   Como parte de las obligaciones del estado mexicano ante los empréstitos solicitados y otorgados por el BM a principios de los años noventa, se le obligo a la modificación de leyes y reglamentos en todos los frentes, para instituir un menor Estado. 

El BM incluso justificó la participación de particulares en el “negocio” del manejo de residuos sólidos a través del proyecto denominado “Second Solid Wáste Management Project”, que fue realizado y publicado por el Banco Mundial, siendo de particular importancia para ese organismo financiero, pues se concentró en los residuos sólidos municipales y sirvió para elaborar proyectos similares en otros países.   Con la asesoría técnica y financiera del Banco Mundial y su plan antes citado, se realizo el Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales (PMIRSM) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el marco del Programa 100 Ciudades.  El proyecto integral sobre residuos sólidos municipales resultante, a cargo de la Sedesol, lo formuló el Banco Mundial en dos etapas. El primer proyecto piloto elaborado (1992-1994) consideró cinco ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, Monclova, Matamoros y Reynosa, y arrojó un primer diagnóstico.   El financiamiento del Banco Mundial se concentró en ciudades de la frontera norte o destinos turísticos en el sudeste de México. La única excepción fue el estado de Querétaro, que tuvo financiamiento del Banco Mundial para varios rellenos en distintas ciudades.   En el marco de las políticas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial, se elaboró un segundo proyecto piloto, éste en escala nacional y también con la asesoría de esa institución. El documento se concluyó en 1994, pero fue de circulación interna. El objetivo de este proyecto era la formulación de un modelo de política pública de gran alcance, de arriba hacia abajo, estableciendo una dependencia de recursos humanos y financieros de abajo hacia arriba.   Estas políticas aseguran una participación municipal pasiva y basada en los pocos recursos asignados por el gobierno federal, y dadas las características del programa, no se fomenta una independencia de los gobiernos locales ni mecanismos de participación social que permitan a la ciudadanía trascender y apropiarse del proyecto.   Cabe señalar que la génesis de las empresas “especializadas” en la recolección de residuos sólidos datan de éstas fechas, ya que se les van creando las condiciones para su irrupción.

A finales de los noventa, el Banco Mundial concluyó que la calidad de los servicios de limpia varían de acuerdo con la ciudad de que se trate, aunque en términos generales los problemas se resumen en seis puntos: 1) debilidad institucional en los ámbitos federal, estatal y municipal; 2) falta de personal con capacidades técnicas, financieras y administrativas adecuadas; 3) servicio de recolección insuficiente y ausencia de control de los sitios de confinamiento, lo que ha provocado tiraderos clandestinos y contaminación superficial y subterránea; 4) nula recuperación del costo del servicio, lo que ha impedido una inversión en el ramo; 5) reglas poco eficaces, así como un escaso monitoreo y análisis de impacto ambiental, y 6) el obstáculo que ha representado el gremio de los pepenadores o de los excesivos empleados del área de limpia, al entorpecer los servicios “modernos” de recolección y disposición final.   (Note usted la semejanza de éstos argumentos con los expuestos por la Presidencia municipal capitalina).   Es decir, se induce al estado a malgastar el dinero público, se crean mecanismos administrativos y procedimentales que generan inercias en el servicio de recolección y se le coloca en una frontera de imposibilidad financiera y material, que justifica la entrega del servicio a particulares.  Es un modelo de intervención dirigido a toda la estructura estatal: la educación, el agua, la energía, etc.  A gran escala se hizo lo mismo con Pemex, donde lograron quebrarlo, para justificar la privatización de todas las áreas del petróleo.

El BM impuso como conclusión final y recomendación obligada, la entrega del servicio a manos particulares, me refiero al de limpia. Como es de suponerse, los rellenos sanitarios y los sistemas de limpia manejados por la iniciativa privada han sido financiados con recursos públicos municipales en una mayor proporción.  La administración de los recolectores privados no garantiza su eficiencia. En lo administrativo contable en cierta forma, pero no en lo que respecta a variables ambientales y modelos de participación comunitaria, donde está una parte importante de la solución del problema.   Sobre ello continuaremos.

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