La cueva de Ali Babá
Por: Omar Arcega E. twitter.com/Luz_Azul
Dice el adagio latino «Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas» (Donde hay sociedad hay derecho y donde hay derecho hay sociedad). Es decir una sociedad no puede ser plena si no se rige por unas leyes y estas son respetadas por todos sus miembros.
En este sentido, México está lejos de ser una sociedad justa, pues no siempre se aplica la norma y esto nos lleva a una barbarie donde la discrecionalidad de los poderosos acaba mandando. En este turbio panorama, surgen de vez en cuando actos que nos dan esperanza de que no todo esté perdido. Uno de estos acontecimientos se dio hace unos pocos días, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras dos años de deliberación y análisis, concedió un amparo a la asociación «Mexicanos Primero» su interés legítimo en pedir cuentas a terceros sobre el desvió de recursos públicos.
Todo inició cuando en el 2013, cuando utilizando como pruebas los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010, elaboradas por la Auditoria Superior de Fiscalización, «Mexicanos Primero» pidió fincar responsabilidades por el desvió de 30 mil millones de pesos destinados a la educación. Entre los posibles responsables estaban secretarios estatales de educación pública y líderes sindicales vinculados tanto a la CNTE como al SNTE.
En un comunicado la asociación aseveró «presumimos que la resolución de la Suprema Corte obliga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos federales y locales, en todos y cada uno de los casos detectados de desvío de recursos públicos destinados a la educación. En caso de que la ASF decidiera no iniciar los procedimientos correspondientes, deberá fundar y motivar sus razones para ello».
En otras palabras, con este histórico fallo, se sienta un precedente para que el desvió de recursos educativos no pueda quedar en la impunidad. Esto es relevante pues se calcula que en cada ejercicio presupuestal se «pierden» unos 35 mil millones de pesos, distribuidos entre 40 mil aviadores y unos 5 mil comisionados.
Pero también este fallo abre la oportunidad para que asociaciones civiles puedan acudir al amparo en favor de derechos de terceros, es decir, la oportunidad para que las acciones gubernamentales estén más observadas y fiscalizadas. Esto fortalece una cultura de la rendición de cuentas.
Para que un desvió de esta magnitud pueda darse, tiene que haber complicidad de secretarios de educación pública a nivel estatal, de funcionarios de primer nivel de la SEP y sobre todo los principales beneficiarios: los líderes sindicales. En toda esta trama de corrupción los primeros lastimados son los niños y jóvenes que perdieron oportunidades de educación o que carecieron de maestros quienes les impartieran educación. Y es que con esa cantidad de dinero se podrían pagar a profesores de inglés, educación artística, dotar de infraestructura más digna, en fin, realizar una serie de acciones para mejorar la educación pública en México.
Con estas cantidades de dinero desviadas ahora se puede explicar el tren de vida de Elba Esther y los viajes que en diversas ocasiones el sindicato otorgó a los representantes sindicales. Ahora toca revisar detenidamente las nóminas magisteriales de Guerrero y Michoacán, estados donde por “usos y costumbres” los maestros mantienen prácticas de opacidad. Por ejemplo en el estado de Guerrero se ha detectado que «una parte sustantiva de los centros escolares incluye apersonas con clave de pago pero sin labor específica ni asistencia real a la escuela: muchos en la nómina, pocos atendiendo a los grupos».
En esta red de corrupción ningún estado se salva, por ejemplo en el Querétaro de transparencia que tanto se presume se registraron montos irregulares por 237 millones de pesos entre 2010 y 2011, es decir el 3.21% del presupuesto estatal de educación no está debidamente acreditado. Todo esto debe ser aclarado pese a la presión de partidos como el PANAL que es el menos interesado en la educación de la niñez.
Es de esperar que tras este fallo, las tibias autoridades educativas decidan poner en cintura a aquellos que pervirtiendo los legítimos derechos sindicales, se dedican al saqueo de los recursos de todos los mexicanos. No es justo que el enorme esfuerzo de dedicar dinero a la educación se pierde en corruptelas.
Si deseamos una sociedad justa y que genere oportunidades para todos, es imperativo generar los mecanismos para reducir las oportunidades de corrupción y desvíos de recursos, las vías son múltiples, una son este tipo de fallos, otra el Sistema Nacional Anticorrupción, todas están dotan de instrumentos para el ejercicio de la transparencia, pero esta no se va a dar si la sociedad civil no está atenta a estos temas. Y eso es responsabilidad de cada ciudadano, es decir, tuya y mía.
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