La desnudez de Loyola
Amplia gama de grises
Por:José Luis Alvarez Hidalgo
El legendario cuento de El traje del emperador siempre me ha parecido el símil perfecto para ilustrar esa obsesión que tienen los gobernantes cuando pretenden proyectar una imagen que no corresponde con la realidad; esto es, con la verdadera realidad –si acaso esto pudiese ser posible– que percibimos todos los que estamos directamente bajo el influjo de sus decisiones y que palpamos esa realidad de otra manera, la vivimos en carne y hueso y no desde el trono del reyezuelo.
Nos pasó con el IV informe de gobierno de José Calzada quien, además del insufrible repaso de cuentas alegres y de la intencionalidad de un discurso prefabricado sólo para provocar el aplauso de los convidados al festín, no se escatimaron gastos para publicitar un show superfluo y autocomplaciente que nada aporta a nuestra maltrecha cultura política y va en detrimento de una auténtica comunicación social que debe trabarse entre gobernantes y gobernados. Pura llamarada de petate.
Lo más escandaloso de todo es la cantidad de recursos del erario público que se destinan para promover la imagen del gobernante en turno.La más reciente investigación periodística de este semanario, publicada en el número anterior, nos da cuenta del gran despilfarro que se hace en esta materia. La nota firmada por Fernando Trejo, señala que el gasto realizado por el gobierno de Roberto Loyola en materia de “servicios de comunicación social y publicidad” rebasa en 4.5 millones de pesos lo presupuestado para 2013 en este rubro y, de acuerdo al abogado César Tarello, se le podrían fincar responsabilidades administrativas por esta grave falta. ¿Quién le pone el cascabel al gato? La respuesta ya la conocemos de antemano: nadie.
La otra pregunta que tampoco va a tener respuesta, es: ¿de dónde salieron (o, mejor dicho, se desviaron) esos recursos para destinarlos a la publicidad del presidente municipal de Querétaro? ¿Quién tendría que investigar ese desfalco y fincar las responsabilidades del mismo? El colmo es que la entidad encargada de lo anterior es creada por el propio gobierno municipal y se llama pomposamente Tribunal Municipal de Responsabilidades pero, como está bajo la tutela del propio gobernante, sabemos que no va a mover un dedo para hacer justicia.
Y si a las cifras vamos, más indignación nos da: en el rubro mencionado de “servicios de comunicación social y publicidad”en el gobierno anterior de Francisco Domínguez, durante el último año de su período en 2012, el presupuesto fue de casi 20 millones de pesos y, por si esto fuera poco, este recurso se incrementó en un 30 % en el actual gobierno de Loyola, lo cual representa casi 7 millones más; y si, además, se le agregan los 4.5 millones con los que ya rebasó el presupuesto, el resultado es de una desvergüenza absoluta porque el Sr. Loyola ya se gastó más de 30 millones de pesos antes de que acabe este año en promover su imagen como un adalid de la justicia social.
No somos ingenuos, sabemos que está inviertiendolo todo en posicionar su probable candidatura para la gubernatura del estado en 2015 y se aprovecha de su investidura como presidente y de los cuantiosos recursos que tiene a la mano para mantenerse en campaña los tres años de su mandato. Lo deleznable es que lo haga con nuestro dinero y no con el suyo; que se tiren a la basura tantos millones de pesos que serían muy útiles en verdaderos programas sociales en apoyo de los que menos tienen; que no se le exijan cuentas y se le finquen las responsabilidades necesarias y concluya su mandato con la impunidad que se les garantiza a todos los atracadores del erario público.
Lo más triste del caso es que su campaña de difusión mediática raya en el patetismo más vulgar y prosaico al pretender hacernos creer que es un gobernante cercano al pueblo que se pone la cachucha y se ensucia las manos y pinta los números de las casas y va de colonia en colonia, de puerta en puerta a ver en qué puede ayudar y se baja de su pedestal y está con su gente al ras del suelo rompiéndose la madre junto al pueblo jodido que dice gobernar y, no conforme con eso, ahora nos endilga en su publicidad el calificativo de “Bonito” y la vaciedad de esta palabra pretende expresar que una obra de gobierno puede calificarse de esa manera y que el resultado es el Querétaro Bonito en el que suertudamente vivimos todos los queretanos y bla, bla, bla.
Habría que legislar en ese sentido e imponer topes de gastos muy severos a los gobernantes en sus campañas de comunicación social, que no son otra cosa que plataformas para impulsar la siguiente candidatura a costa de nuestros bolsillos y, se vale soñar, que sea una entidad reguladora ciudadana la que se encargue de administrar y asignar estos recursos para la exclusiva difusión de las obras de gobierno. ¡Austeridad Republicana, por Dios! ¿Es mucho pedir?
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