La disputa por la verdad

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara hace unos días los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, el debate se centró, una vez más, en ¿censura o defensa del derecho de las audiencias?

Entrar a esa discusión nos llevaría al lugar de siempre. La respuesta dependerá, muchas veces, de la simpatía o el rechazo que cada quien tenga hacia el gobierno de Morena.

Por eso prefiero centrarme en otro punto.

Muchas voces opositoras, como la diputada panista Kenia López Rabadán, han advertido sobre el riesgo de que el gobierno termine decidiendo qué es verdad y qué no.

Y tienen razón. Ningún gobierno debería tener la facultad de convertirse en árbitro de la verdad. Por eso concedamos, por un momento, su preocupación.

Pero entonces hay que preguntarnos ¿Quién decide hoy qué es la verdad?

Primero hay que hacer una precisión. Los nuevos lineamientos no aplican a todos los medios de comunicación. Su alcance se limita a los concesionarios de radio y televisión abierta y de paga. Es decir, a un reducido grupo de empresas que, desde hace décadas, concentran buena parte de la conversación pública del país:

Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, MVS Radio, Grupo Fórmula, Grupo ACIR, Radiorama y otros pocos.

Todas ellas, empresas de comunicación controladas por un reducido número de personas que, como cualquier otra empresa, operan bajo intereses económicos.

Eso no tiene nada de ilegal. Es la naturaleza misma de cualquier empresa. Sin embargo, aquí debemos asumirlo como lo que es: empresas que se dedican a forjar y controlar las narrativas para construir una verdad que muchas veces se ve alineada con sus intereses económicos. Y pensar lo contrario sería pecar de ingenuos.

El caso de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, lo ilustra bien. Los adjetivos infundados, las evidentes mentiras, y el constante golpeteo de la televisora hacia el gobierno, no es consecuencia de la extraordinaria defensa por la libertad de expresión. Sino más bien por el enorme poder de difusión que le otorga ser propietario de uno de los grupos de comunicación más importantes del país. 

Por eso también importa discutir quiénes son hoy los que tienen la capacidad de moldear la conversación pública.

Porque, si bien no podemos permitir que el Estado concentre ese poder, tampoco deberíamos ignorar cuando es el poder económico quien lo ejerce, siempre desde sus propios intereses.

Empecemos por romper el mito de que el gobierno es el único actor capaz de condicionar la conversación pública. Mentira: los grandes grupos mediáticos también pueden hacerlo.

Evidentemente no queremos que el Estado sea dueño de la verdad, pero tampoco deberíamos asumir con toda normalidad que los medios, los empresarios o cualquier otro poder tienen derecho a apropiarse de esta.