La educación en segundo plano

Dr. Bernardo Romero Vázquez / Irene Cortés Roque

PARA DESTACAR: El recorte al presupuesto en materia de educación, contenido en el PEF 2017, es una clara violación al Derecho Humano a la Educación, lo limita en sus diferentes expresiones. Además, genera un acto de inconstitucionalidad

Los Derechos Humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas, cuyo goce debe garantizarse a sin hacer distinción por razones de género, nacionalidad, posición económica ni color de piel. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Derechos Humanos poseen ciertas características: son universales porque van más allá de las fronteras geográficas, son inalienables porque no se pueden negociar, vender, suprimir, ni renunciar a ellos. Son también interdependientes e indivisibles, ya que el avance de uno facilita el desarrollo de los demás y por el contrario, la privación de uno de ellos afecta negativamente a los demás.

Estos derechos se fundan y proyectan ideales de igualdad y motivan la no discriminación; su finalidad es proteger al individuo en su existencia misma y fomentar una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Sus principios y ejes de acción básicos se rigen a partir de dos conceptos fundamentales: La paz y la dignidad humana.

A pesar del reconocimiento universal de los Derechos Humanos, en México actualmente se vive uno de los momentos más caóticos y el escenario del pleno ejercicio de éstos resulta lejano. De acuerdo con el informe emitido en 2016 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una de las dos entidades más importantes encargada de promover la protección de los Derechos Humanos en el continente Americano, se revela que el principal agresor a los Derechos es el Estado mexicano, que además de vulnerar derechos relacionados a la seguridad, libertad, vida e integridad personales, a no ser detenido arbitrariamente… ahora atenta en contra de lo que podría llevar a México a salir adelante: la educación.

II

Fundamentalmente, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación que tiene el Estado mexicano para proveer de todo lo necesario de manera que se pueda garantizar este derecho. Eso incluye, desde luego, destinar los suficientes recursos económicos a las entidades federativas para que se impartan la educación básica, media superior y superior.

Además, contempla que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –que incluye la educación, inicial y superior– necesarios para el desarrollo de la nación y que apoyará la investigación científica, tecnológica así como alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura mexicana.

Sin embargo, el 1 de enero del 2017, entraron en vigor diferentes disposiciones legales que lejos de beneficiar a la sociedad mexicana, le han impuesto un panorama complicado, difícil de superar. La inflación consecuencia de los precios del petróleo ha puesto en el cielo el costo de los servicios básicos y de la vida en general.

Aunado a esto, el primer día de este año también entró en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF), en el que se prevé una reducción al sector educativo de 35 mil 331 millones 370 mil 460 pesos, un 11.66 por ciento menos que el año anterior.

Eso significa que millones de niñas y niños, adolescentes y estudiantes, tanto del nivel básico, media superior, técnico, superior (no sólo de Querétaro, sino de todo el país) no podrán ni siquiera aspirar a que se garantice su derecho a recibir educación.

Por otro lado, este año se reducirán los fondos federales concursables que apoyan a diversos proyectos académicos y de investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y le permiten atender a su población estudiantil.

En consecuencia, las universidades públicas no podrán atender la creciente demanda, cuando ya en el 2016 tan sólo la UAQ rechazó al menos al 66 por ciento de los aspirantes. Pero tampoco se podrá renovar la planta docente, ni los profesores que laboran por honorarios podrán aspirar a tener seguridad laboral, lo que llevaría también a la violación del Derecho Humano al trabajo, a la vida digna y a su desarrollo pleno.

En la UAQ, muchos son los esfuerzos que se hacen para elevar su calidad académica. La Universidad lucha por seguir cumpliendo sus funciones esenciales, mismas que se establecen en su Ley Orgánica, tales como impartir educación superior y media superior, generar conocimientos orientados a resolver los problemas sociales, promover la cultura y ser factor del desarrollo social.

El recorte al presupuesto en materia de educación, contenido en el PEF 2017, es una clara violación al Derecho Humano a la Educación, lo limita en sus diferentes expresiones. Además, genera un acto de inconstitucionalidad; es decir, que la disposición federal promulgada es contraria a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena como obligaciones de las autoridades en su artículo 1 y en lo relativo a la educación en su artículo 3. Incluso sin pensar en los Tratados Internacionales que México ha ratificado en materia de educación.

Mejor idea sería recortar los privilegios de la clase política, no los derechos de los jóvenes y niños.