La impunidad. De Aguas Blancas a Nochixtlán
Por: Kevyn Simón Delgado
El 28 de junio de 1995, hace ya 21 años, se cometió uno de tantos crímenes que marcaron la historia contemporánea de nuestro país: la matanza de Aguas Blancas. Ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, el vado de Aguas Blancas fue testigo del cruel asesinato masivo de 17 personas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
Estos, en un camión de redilas, se dirigían a Atoyac de Álvarez a manifestarse por la desaparición forzada de uno de sus compañeros. Los asesinos, agentes de la policía estatal convertidos en grupo paramilitar, infundados en sus uniformes negros, fueron quienes abrieron fuego salvajemente contra el grupo de campesinos, como se puede apreciar en un video que salió a la luz ocho meses después de la masacre, ahora al alcance de cualquiera en internet.
Guerrero, como todos los estados del sur, era y es una entidad sumida en la desigualdad y la pobreza, a la merced de violentos caciques regionales, compadres del secretario de Gobernación o presidente en turno, como la dinastía Figueroa. Rubén Figueroa padre era compadre de José López Portillo y Rubén Figueroa hijo era compadre de Ernesto Zedillo, lo que les proporcionaba el manto protector de la justicia mexicana ante cualquiera de sus violaciones.
La oposición, generalmente cargada a la izquierda del espectro político, se puede decir que han tenido en Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, unos de sus principales bastiones, aunque nunca de manera contundente, pero sí más claramente que en la mayoría de las entidades de México.
Propiamente en Guerrero, en la Costa Grande, surgieron las guerrillas de los normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos a finales de los sesenta como consecuencia del autoritarismo, la explotación y la represión. Ahí mismo, durante la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 con el Frente Democrático Nacional y durante la formación del Partido de la Revolución Democrática desde 1989 hasta 1995, decenas y decenas de militantes del entonces esperanzador partido político fueron asesinados entre los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León.
Prontamente el “sol azteca” traicionó a sus bases y se enfocó en pelear internamente por migajas, abriendo sus puertas, muy pragmáticamente a expriistas, como Ángel Aguirre, quien sustituyera a Figueroa hijo como gobernador tras el escándalo provocado por la salida del video de la matanza de Aguas Blancas y quien, nueve años después, ya electo gobernador ahora con el PRD en el 2011, tuvo que presentar su renuncia por la matanza y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “cuna de la conciencia social”, en el 2014, otro crimen que permanece prácticamente impune.
El 19 de junio de este año, nos vimos nuevamente ante otro crimen con estas características: Nochixtlán. Asunción Nochixtlán, ubicado en la región mixteca de Oaxaca, poblados originarios que, desde hace 10 años atrás con la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, han respaldado en buena medida las acciones del magisterio disidente, partícipes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se vieron rodeados por la policía federal cuando esta trataba de deshacer los bloqueos a las carreteras que se tenían en la zona desde días atrás.
El saldo: siete asesinados en Nochixtlán y uno en Tierra Blanca, más una veintena de heridos de bala. Hasta el momento no hay una sola evidencia que señale a los pobladores “simpatizantes” –como se les llamó- del magisterio como culpables del hecho, todas las fotografías y videos muestran a policías disparando desde la calle o desde algunas azoteas.
Todos fuimos testigos de las burdas contradicciones en las que entraron la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Oaxaca inmediatamente después de darse a conocer el hecho gracias a los videos de periodistas independientes. Que si los policías iban o no armados, que si desde el principio o solo al final, que si cientos de policías preparados fueron emboscados por otras tantas personas que únicamente se defendían con piedras y palos, etc.
En los presentes días la -casi siempre ineficiente- Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la oportunidad de esclarecer lo sucedido y encaminar este crimen hacia la justicia. Sin embargo, así como ocurrió en Aguas Blancas, pasando por San Salvador Atenco e Iguala, lo más probable es que se limite a dar recomendaciones… y nada más.
En ambos crímenes de lesa humanidad, de no haber sido por los videos proporcionados, el gobierno ni se hubiera inmutado y, mucho menos, ni hubiera proporcionado ciertas explicaciones ni construido “verdades históricas”.
La situación fue y ha sido aprovechada para criminalizar la protesta social e impulsar políticas que afectan a amplios sectores de la sociedad. Los medios de comunicación masiva, siempre maniqueos, plasmaron y plasman una crónica entre buenos y malos, el gobierno contra los subversivos, en este caso, la malvada CNTE. Pero en la memoria y juzgados por la historia, los verdaderos criminales están en
