La libertad de prensa necesita un mejor funcionamiento institucional.
La iniciativa impulsada por la diputada local Claudia Díaz Gayou para fortalecer la protección de periodistas abre una discusión necesaria. En un país donde ejercer el periodismo puede costar la vida, cualquier propuesta merece analizarse con seriedad. Sin embargo, conviene preguntarse si el problema principal radica en la falta de legislación o en la incapacidad del Estado para hacer cumplir la que ya existe.
México no parte de un vacío jurídico. La Constitución protege la libertad de expresión, existen tratados internacionales, una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un mecanismo federal especializado y criterios desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos. A ello se suman protocolos y obligaciones para las autoridades. Pese a ese andamiaje, el país continúa figurando entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
El déficit evidente es la implementación del marco jurídico. Los diagnósticos nacionales e internacionales coinciden en señalar deficiencias de coordinación, recursos insuficientes, investigaciones ineficaces y una impunidad persistente. En esas condiciones, crear nuevas estructuras administrativas difícilmente resolverá un problema que es, sobre todo, de voluntad política y de capacidad institucional.
Querétaro ofrece una realidad distinta a la de estados donde el crimen organizado mantiene una confrontación sistemática con la prensa. Aquí, las agresiones más frecuentes suelen ocurrir durante coberturas de hechos de inseguridad o accidentes.
Reporteros han sido amenazados por particulares involucrados en los propios incidentes, como ocurrió con un guardaespaldas que intimidó a periodistas mientras cubrían un caso relacionado con el empresario al que protegía, o con el conductor de una unidad de transporte de personal que agredió a comunicadores tras un accidente vial.
Estos episodios muestran que la protección cotidiana depende menos de nuevas leyes que de protocolos claros y de la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Policías capacitados para facilitar el trabajo periodístico, perímetros de seguridad bien administrados y procedimientos que permitan documentar hechos sin poner en riesgo a los reporteros tendrían un impacto mucho más inmediato que la creación de otra oficina gubernamental.
Pero la discusión también debe mirar hacia el propio ecosistema informativo. La expansión de plataformas digitales ha permitido que cualquier persona publique contenidos con enorme alcance, lo cual enriquece el debate público, pero también ha diluido las diferencias entre periodismo profesional, propaganda e improvisación. Cuando quienes difunden información actúan sin verificar datos, sin distinguir opinión de noticia o sin asumir responsabilidades editoriales, contribuyen a deteriorar la confianza social hacia todo el gremio.
Por ello, además de exigir mejores instituciones, los medios de comunicación también deberían asumir compromisos públicos de transparencia y profesionalización.
Un directorio accesible, códigos de ética, mecanismos efectivos de derecho de réplica, políticas claras de rectificación de errores, separación entre información, opinión y publicidad, así como avisos de privacidad y lineamientos editoriales públicos, son prácticas que fortalecen la credibilidad sin necesidad de imponer nuevas obligaciones legales.
La libertad de prensa no se protege únicamente con leyes. Se protege cuando las autoridades investigan y sancionan las agresiones; cuando policías, fiscalías y jueces entienden que el periodismo cumple una función democrática; y cuando los propios medios demuestran, con hechos, que merecen la confianza del público. Es un cambio cultural, de largo plazo, más que un nuevo ordenamiento en lo inmediato.
