Opinión

La reforma laboral disfrazada de “educativa”

Por: Ángel Balderas Puga

Los cambios constitucionales aprobados con la reforma dizque “educativa” desnudan a una reforma laboral cruda que se pretende aplicar a millones de maestros de todo el país. Esta reforma laboral aprobada, con el nombre de educativa, fue publicada en Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero.

Su esencia es la fracción tercera del artículo 3º constitucional en la que se señala, textualmente: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Como puede notarse se hace referencia a una evaluación con base en la cual se decidirá la permanencia o no en el empleo de los trabajadores de la educación de los distintos niveles. Dado que el artículo 3º se refiere a la educación obligatoria, las nuevas disposiciones se aplicarán a los docentes de las escuelas primarias, secundarias y del nivel medio superior. Pero no creemos que tarden en aplicarse esas mismas disposiciones a la educación superior federalizada, la excepción, son las Instituciones de Educación Superior autónomas, las que fijan sus propios términos para el ingreso, la promoción y la permanencia.

Evaluación para despedir no para diagnosticar

Luego de la reforma constitucional sigue su reglamentación mediante leyes secundarias que es en donde se precisarán las verdaderas intenciones de los promotores de la reforma “educativa”. En la fracción XXV del artículo 3º constitucional se habla de establecer el “Servicio Profesional Docente”. Pues bien desde abril de este año circula el anteproyecto de la llamada “Ley General del Servicio Profesional Docente” (El Universal, 09/04/13) que contiene puntos centrales de tipo laboral más que educativo.

En el capítulo VII “De la permanencia en el servicio”, artículo 47, se señala que las evaluaciones son obligatorias, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fijará la periodicidad de las evaluaciones, que debe haber al menos una cada cuatro años y que las evaluaciones se harán en estándares e instrumentos de evaluación que para fines de permanencia se definan y sean autorizados.

En el artículo 48 se señala que si se reprueba la evaluación inicial, en un plazo no mayor de un año debe hacerse una segunda evaluación, si se vuelve a reprobar se llevará a cabo una tercera. Si alguien no se incorpora a programas de regularización o no alcanza la suficiencia en la tercera evaluación” será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”. Hay que ver si esto no se contrapone a la Ley Federal del Trabajo o a la misma Constitución.

Como puede verse, el problema de la evaluación es crucial pues se está ligando a la permanencia en el empleo por lo que es totalmente falso lo que dicen los políticos mentirosos y sus corifeos de que no se afectarán derechos de los trabajadores cuando el texto de su anteproyecto de ley va claramente en sentido contrario y esto es lo que contará, no las palabras huecas de políticos, locutores y empresarios que impulsan este esquema que arrojará a miles de actuales maestros al desempleo, pues, casi seguramente, se impondrán esquemas de evaluación estandarizados no adecuados en la inmensa mayoría de los casos.

Los jóvenes docentes, los principales afectados

En la contrarreforma laboral, impuesta el año pasado, se legalizan los contratos temporales con una duración máxima de seis meses, sin embargo, desde el punto de vista laboral la pseudo reforma educativa es mucho más agresiva con los jóvenes normalistas de este país, pero también con aquellos jóvenes profesionistas que tienen vocación para la enseñanza.

En efecto, en el anteproyecto de ley secundaria para las modificaciones constitucionales existen cosas verdaderamente absurdas.

Un joven normalista es evaluado durante cuatro años continuos bajo diferentes estándares por medio de una educación que ofrece el mismo estado. Para poderse titular es nuevamente evaluado y su título significa que tiene la base mínima para incorporarse al trabajo docente pero con la reforma educativa proyectada no se le contratará de manera definitiva sino hasta después de tres años de un “período de inducción”, eufemismo que significa: ¡contrato a prueba durante tres años! Eso lo marca el artículo 20 del anteproyecto de ley señalado líneas arriba.

De acuerdo a ese mismo artículo 20, durante el período de inducción el joven maestro deberá someterse a al menos tres evaluaciones (una cada año). Si no se acredita alguna de las evaluaciones, el joven docente será despedido del servicio público “sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado”.

Como puede observarse es clarísimo que el objetivo de este anteproyecto es ligar la permanencia en el empleo con el resultado de las evaluaciones e introducir periodos de prueba de tres años, actos netamente laboral.

Se corre el gran riesgo de que muchos maestros pierdan sus empleos a partir de evaluaciones incorrectas.

anbapu05@yahoo.com.mx

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