Las últimas tres reformas constitucionales
El pasado 26 de mayo fueron aprobadas por el congreso federal tres nuevas reformas constitucionales, las mismas que fueron aprobadas el 29 de mayo por el senado de la república y para el 31 de mayo aprobadas ya por 22 congresos estatales, es decir, por la mayoría, por lo que sólo quedan los trámites formales de la declaratoria de constitucionalidad y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que dichas reformas entren en vigor.
La primera de ellas es algo que la oposición (PAN, PRI y MC) había venido pidiendo de manera insistente: que la elección de jueces y magistrados del poder judicial, prevista para 2027, se pospusiera para 2028 para que no empatara con el proceso electoral ordinario del año próximo. Pero, a pesar de que se trataba de un reclamo de la oposición, de manera contradictoria, todas y todos los diputados de oposición votaron en contra y lo mismo sus senadoras y senadores (excepto dos que si votaron a favor).
La segunda reforma consistió en agregar una nueva causal de nulidad de un proceso electoral: la intervención comprobada de extranjeros en nuestros procesos electorales internos. ¿Quién podría estar a favor de la intervención de extranjeros en nuestros procesos electorales? Pues los que promueven y alientan tal intervención y que son los mismos que votaron en contra de esta reforma, el PRIAN y MC. Una vez más todas y todos los diputados y senadores de la oposición votaron en contra, lo que dada la composición del congreso y del senado, no les alcanza para bloquear ninguna reforma. Esta reforma se aplicará a partir del proceso electoral de 2030.
Incluso en los Estados Unidos hubo un escándalo nacional en sus elecciones presidenciales de 2016 cuando se acusó a Rusia de interferencia en dichas elecciones a grado tal que incluso el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó un informe sobre intervenciones extranjeras en esas elecciones. Es decir, ningún país permite que extranjeros intervengan en sus procesos electorales.
La tercera reforma consiste en cuidar la integridad de las candidaturas de los partidos políticos para impedir que haya candidatos con vínculos comprobados con delitos o con la delincuencia organizada. En este caso será una comisión del INE que tendrá acceso a información oficial de las fiscalías, de las secretarías de seguridad, de la UIF, etc. Los partidos políticos podrán someter a sus posibles candidatas y candidatos a la inspección de dicha comisión, de manera voluntaria, es decir, no es obligación de los partidos someter a sus aspirantes a una inspección de este tipo. Ya veremos que partidos lo hacen. Una vez más, de manera contradictoria la oposición del PRIAN y de MC votó en contra, todas y todos sus diputados y sus senadores. Quién votó en contra de esta reforma es porque quiere opacidad en la selección de sus candidaturas y que no forme parte del escrutinio público.
Y la contradicción, sobre esta tercera reforma, es aún más grande, tomando en cuenta la cínica campaña desatada por la oposición de hablar de “narcogobierno”, cuando los narcogobiernos que han existido en este país han sido del PAN y del PRI.
En efecto, si el PAN y el PRI hubiesen combatido a los cárteles, los cárteles no habrían existido antes de la llegada de la 4T al gobierno federal, en diciembre de 2018, pero existían y eran numerosos.
Habría que recordarle al PRIAN que, en junio de 2017, la BBC de Londres publicó un extenso reporte sobre las zonas de influencia de los cárteles mexicanos y sus cambios entre 2010 y 2017 y ya desde 2010 el mapa de México estaba casi cubierto por dichas zonas de influencia, justo cuando gobernaba el panista Felipe Calderón y lo mismo sucedía en 2017 cuando gobernaba el priista Peña Nieto.
