Opinión

Las UMAS también afectan a la Educación Pública

Irene Cortés / Programa Universitario de Derechos Humanos UAQ

PARA DESTACAR: El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ, ha desarrollado estrategias legales e integrales para defender los Derechos de los becarios de Conacyt, de manera que puedan seguir desarrollando sus investigaciones y obtener un pago justo por sus actividades.

En números anteriores de TRIBUNA DE QUERÉTARO, hemos abordado el importante tema de los recortes al rubro correspondiente a la educación pública del país, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, mismo Presupuesto, en el que claramente se pueden apreciar aumentos en otros rubros, como en el que concierne al Poder Legislativo, por ejemplo.

Entre los muchos agravios directos al presupuesto de la educación pública, también es importante retomar el impuesto en contra del desarrollo científico y tecnológico del país. Esto se evidencia, entre otras causas, de la iniciativa de desindexación del salario mínimo que fue presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2014, misma que se ve culminada con la publicación del decreto correspondiente y su entrada en vigor desde enero del 2016.

El salario mínimo tenía la función de ser un índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México; así como en las disposiciones jurídicas que emanaran de dichas leyes. Esta función, es suplantada con la creación de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), contemplada en el decreto presentado por el Ejecutivo Federal.

En ese primer mes del año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información (INEGI), determinó que el valor de la Unidad de Medida de Actualización sería correspondiente al salario mínimo, es decir, 73.04 pesos.

El problema surgió cuando se aumentó el salario mínimo a 80.04 pesos para este 2017, mientras que el Inegi publicó en el Diario Oficial de la Federación que para este año, el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) es de 75.54 pesos. Hay una diferencia de al menos cinco pesos entre en salario mínimo y la UMA.

El verdadero problema es que la Unidad de Medida de Actualización está desplazando totalmente al salario mínimo y por lo tanto, algunos de los ingresos, las prestaciones, los pagos y las retribuciones aparentemente serán ahora estimados con base en la nueva Medida de Actualización.

A raíz de esto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) inició un procedimiento arbitrario en el pago de las becas que otorga a todas y todos los miembros de sus posgrados de calidad, cambió el tabulador de pago de estar cotizados en salarios mínimos, ahora lo hace con base en UMAS sin previo aviso ni consentimiento de los becarios. Esta situación afecta a los becarios, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento pertenecen al estado de Querétaro.

Esto, aunque en un primer vistazo podría representar un “incremento” por tratarse de una nueva unidad de medida que aparentemente incrementa el monto total de la beca mensual, en realidad se traduce como un agravio más al Derecho Humano a la Educación e incluso redunda en un acto violatorio a otros Derechos Humanos como lo son: a una vida digna. A partir de este pago con formato en UMAS, tampoco se puede garantizar que los becarios reciban una remuneración justa por ser investigadores de tiempo completo.

El Conacyt establece en sus reglamentos oficiales que por ningún motivo puede considerarse su relación con un becario como una relación “trabajo- patrón” lo cual resulta aún más perjudicial; puesto que los becarios no tienen acceso a las prestaciones establecidas en ley. Sin embargo y pese a la condición de no ser trabajadores, las alumnas y los alumnos no pueden trabajar más de una hora diaria, ya que, de demostrarse lo contrario, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología podría inmediatamente romper la relación con el becario y retirarle el apoyo económico, incluso, podría obligarlo a regresar el dinero que le hubiera entregado para desarrollar sus estudios de Especialidad, Maestría o Doctorado.

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha desarrollado estrategias legales e integrales para defender los Derechos de los becarios de Conacyt que forman parte de la comunidad UAQ, de manera que puedan seguir desarrollando sus investigaciones y obtener un pago justo por sus actividades.

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