Opinión

Más allá del exhorto

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: Hay que recordar que en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con la presencia del gobernador, se planteó la pertinencia de crear una norma mediante la cual se establezca una proporción fija del presupuesto anual para la UAQ equivalente, al menos, al 3 por ciento del presupuesto del estado.

A cuenta de su solidaridad con la defensa que nuestra Universidad está haciendo de su presupuesto, el líder de una de los grupos legislativos del Congreso local deslizó que promovería un exhorto para que la federación otorgue más recursos a la educación pública. No es mala idea, pero sería mucho mejor que los legisladores hicieran uso de sus facultades para encarar el tema de fondo.

En manos de los diputados está el evitar que cada año el presupuesto de la Casa de Estudios se defina en medio de confrontación y protestas. Ellos son los que tienen la última palabra en la aprobación del presupuesto. En manos de ellos está que no se tenga a la Universidad con la mano estirada pidiendo recursos. En manos de ellos está evitar que la Universidad quede en la calle y tenga, por ello, que estar tomando la calle. En manos de ellos está que se cumplan la Constitución y el Plan Estatal de Desarrollo.

A nivel federal, nos lo ha recordado el actuario Alfonso Reséndiz, el único rubro que los legisladores blindaron con siete llaves es justamente el relativo a sus prerrogativas. Llevaron al artículo 41 de la Constitución General de la República una fórmula para que de manera automática se actualice el monto que se otorgan cada año a sí mismos los propios partidos para sus gastos. Más que surrealista, esto es insostenible en un país donde los partidos tienen medalla de oro en desconfianza. En lugar de priorizar la producción de alimentos, la salud y la educación, priorizaron el dinero para las campañas electorales. Vergüenza nacional.

En el plano local, por supuesto que los diputados pueden hacer mucho por la educación superior pública. Hay que recordar que en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada el 19 de mayo de 2016, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Francisco Domínguez Servién, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales planteó la pertinencia de crear una norma mediante la cual se establezca una proporción fija del presupuesto anual para la Universidad Autónoma de Querétaro equivalente, al menos, al 3 por ciento del presupuesto del estado. Ello evitará que sea la discrecionalidad política coyuntural el criterio que defina la asignación presupuestal de la máxima casa de estudios del estado.

Por fortuna, el Consejo Universitario ha hecho suya esta propuesta. En la sesión ordinaria de octubre acordó formularla de manera oficial ante la Legislatura del estado. Y no solo eso, dispuso que se prepare una propuesta para el plano nacional, a fin de que se produzcan las reformas necesarias para blindar la educación superior pública.

Este planteamiento descansa sobre dos sólidos fundamentos. Uno, el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Querétaro reconoce la Autonomía de la Universidad pública y dispone que, por conducto de los órganos competentes, “se promoverá y se atenderá la educación superior necesaria para el desarrollo del Estado, destinando el subsidio suficiente y oportuno para el cumplimiento eficaz de sus fines”.

El segundo lo encontramos en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en cuya Estrategia I.2, denominada “Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado”, se fijan varias “líneas de acción”, entre las que figura “aumentar la cobertura de los servicios educativos en los niveles de educación media y superior del Estado” y “fomentar la formación científica y tecnológica en todos los niveles educativos y en los municipios de la entidad”.

Ya que en Querétaro a nuestros próceres les encanta proclamar que en todo estamos a la vanguardia nacional, que aquí todo comienza y que en todo aquí somos ejemplo para el mundo, pueden los legisladores locales dar un paso al frente y hacer la adecuación legal necesaria. Tienen tiempo para ello. Con la celeridad y eficacia que aplicaron en diciembre pasado para reformar la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, podrían procesar las reformas necesarias para establecer esta norma y aplicarla a partir de la asignación correspondiente al ejercicio 2017.

¿Quién dice que no se puede?

 

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