Opinión

Más caro el caldo que las albóndigas

Por: Martagloria Morales Garza

 

PARA DESTACAR: El Estado mexicano atraviesa por un grave problema de legitimidad y debilidad extrema del Estado de derecho; nos enfrentamos a un Estado incapaz de hacer cumplir las reglas. Solicitar que el Estado no tenga el monopolio del uso de las armas es lo mismo que quitarle los dientes a un león en plena pelea.

 

En días recientes, el senador por el PAN, Jorge Luis Preciado, presentó ante la prensa su propuesta legislativa en el sentido de ampliar el permiso a los ciudadanos para portar armas no solo en el domicilio, sino también en el auto y en los negocios.

 

El mismo reconoce que su propuesta es polémica y que la hace a título personal con el apoyo del excandidato a gobernador de Colima, por el clima de violencia en su entidad. El sábado pasado se publicó un deslinde de su partido y del coordinador de su fracción en el senado en relación con la propuesta, así como declaraciones de algunos diputados del PRD que se manifestaron en contra incluso calificaron la propuesta de ridícula.

Con esto lo que quiero enfatizar es que seguramente la propuesta no pasará, pero lo relevante es que esté en la agenda pública y eso es lo que quiero reflexionar. Esta propuesta surge en un momento muy complicado de nuestro país.

En el último año han surgido las autodefensas en algunas entidades y aunque algunos advertimos del error de permitir que los ciudadanos se armen, algunos segmentos de la izquierda pensaron que significaba el despertar de la sociedad civil, en vez de lo que realmente significó: “el impulso y legitimidad de guardias blancas, contratadas o auspiciadas por productores o empresarios para su propia seguridad”.

Todos los días leemos casos de linchamiento a ladrones, violadores y secuestradores por parte de las comunidades donde suceden estos actos delictivos, así como balaceras entre victimarios y víctimas, pues estas últimas se sienten con derecho de defender su propia integridad.

Y los ciudadanos cada vez nos sentimos más inseguros frente a un Estado que no puede o no quiere hacer nada.

Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los porcentajes de la población que se siente insegura se han incrementado en un año de 68 por ciento en septiembre del 2015 a 72 por ciento en septiembre del 2016.

Esto debe ser interpretado como que un 72 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años que viven en espacios urbanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven.

Las ciudades donde la percepción alcanza porcentajes superiores a esta media nacional son 22, con porcentajes que van desde 95.3 por ciento hasta 73.9 por ciento. En cuatro ciudades más del 90 por ciento de la población se siente insegura, en otras ocho, los porcentajes son mayores al 80 por ciento y menores de 90 por ciento, entre las cuales está la Ciudad de México, Netzahualcóyotl, Nuevo Laredo y León de los Aldama en Guanajuato, el resto de las ciudades, es decir 10 ciudades tienen porcentajes superiores al 72 por ciento.

Al mismo tiempo, las nueve ciudades donde los ciudadanos se sienten más seguros son Aguascalientes, San Francisco de Campeche, Saltillo, La Laguna (Matamoros, Torreón, Gómez Palacios y Lerdo), Pachuca, Puerto Vallarta, Tepic, y Mérida (33.2 por ciento) y casi de panza la ciudad de Querétaro, pero sigue estando en este grupo de ciudades.

Es en este contexto donde empiezan a parecer iniciativas y prácticas que pueden resultar como dice el dicho popular “más caro el remedio que la enfermedad”.

Sin duda el Estado mexicano atraviesa por un grave problema de legitimidad y de una debilidad extrema del Estado de derecho, es decir, nos enfrentamos a un Estado incapaz de hacer cumplir las reglas y aplicar las sanciones correspondientes, en este contexto, solicitar que el Estado no tenga el monopolio del uso de las armas, es lo mismo que quitarle los dientes a un león en plena pelea.

El crecimiento de la incidencia delictiva está asociada directamente con el crecimiento del poder de los narcotraficantes y con el incremento en los niveles de impunidad. Dotar de armas a los ciudadanos, es dotar a los delincuentes de legitimidad y este es el verdadero peligro, se borran las fronteras entre las víctimas y los victimarios si todos estamos armados, y en este momento le abrimos la puerta a una guerra civil.

Entiendo la desesperación de los ciudadanos que viven en estas 22 ciudades, entre ellas Colima, ciudad que representa el senador que ha hecho la propuesta, pero la desesperación no es una buena consejera, es el momento de fortalecer al Estado, no de debilitarlo más. Podemos tener un mejor gobierno, pero no lo dejemos indefenso.

 

En este escenario se torna relevante el tema de la legalización de la mariguana, no es una reflexión en torno a valores, como algunos ciudadanos y políticos quieren verla, es un tema de mercado y de dinero.

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