Opinión

Más obstáculos…

Brevedades y reflexiones

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

De modo sigiloso, sin consulta pública y sin la intervención formal del organismo autónomo garante de la democracia en Querétaro, el último jueves de julio la Legislatura del Estado reformó dos leyes en materia la electoral. Confirmó, así, el sistemático desdén hacia la ciudadanía a la que se dice representar y beneficiar, pues con similar sigilo se obró en 2012, al regular el plebiscito y el referéndum, que en teoría constituyen herramientas para el control ciudadano de los gobernantes, pero que en los hechos resultó una deliberada obstrucción a su injerencia en los asuntos públicos.

 

Esta forma de proceder es particularmente penosa al tratarse justamente de la regulación de las candidaturas independientes, una figura novedosa que en sentido estricto ampliaría los espacios ciudadanos. Su inclusión, por cierto, no responde a ninguna vocación democrática de los partidos, pues por años la bloquearon, sino a la inevitable obediencia a un mandato de organismos internacionales, en tanto que en el plano local se hizo para no desobedecer un mandato constitucional que otorgó a los legisladores un año para su regulación local. De cualquier modo, si hubiere existido interés en tomar en cuenta a los ciudadanos para definir “los detalles”, se dispuso de un largo año para escucharlos, a ellos y a los estudiosos, cosa que sencillamente se omitió.

Resulta que los partidos políticos, por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie fuera de ellos mismos, diseñaron la figura y dispusieron requisitos para que, en la realidad, casi nadie pueda competir con sus candidatos. Los ciudadanos de a pié, desde ahora pueden irse olvidando de esta cosa. Y bien puede desde ya advertirse que si llegaran a inscribirse, los que lo hagan en 2015 no serán sino los excluidos de los partidos, esto es, los que tienen redes de financiamiento y acceso a algún tipo de estructura proselitista, indispensables para una operación de esta naturaleza.

La ley, en general, otorga a los candidatos independientes el mismo trato que a los partidos, que sí cuentan con estructura humana, financiera y logística para el ejercicio profesional de la política. Y en aquellos aspectos en los que no les da trato igualitario, no es precisamente para favorecer el acceso directo de los ciudadanos al servicio público, sino para exactamente lo contrario, para impedirlo.

Si en año y medio a usted se le ocurriera presentarse como candidato independiente a la gubernatura de Querétaro, por ejemplo, tendrá que encontrar la manera de que al menos 38 mil ciudadanos, credencial del IFE en mano, se encaminen, enciendan su carro o tomen el camión que pasa por el fraccionamiento Galindas, para formarse en las oficinas del IEQ y firmar su adhesión. Esta será, en los hechos, una proeza ridícula. Exigir que se presente personalmente el equivalente al 3 por ciento de la lista nominal de electores es francamente muy elevado, además de que este requisito no tendrá que cumplirlo ninguno de los candidatos que postule el más escuálido de los partidos. A aquel ciudadano tan urgido de servir al pueblo, y que tenga capacidad para movilizar tal número de personas, habrá que advertirle que con esa cantidad de personas podría conseguir cosas más fabulosas como, por ejemplo, crear de un jalón dos partidos políticos estatales o, si quiere, cuatro flamantes asociaciones políticas estatales. Es decir, es más fácil crear un partido estatal con todas las de la ley, incluido el acceso a dinero público, pues para ello basta con reunir un número equivalente a la mitad de los “respaldos ciudadanas” que se exige hoy para apenas inscribirse como candidato independiente.

Y no es todo. Otro obstáculo que es una soberbia exquisitez, es la negación del derecho a los candidatos independientes a participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional. Con el sólo hecho de obtener el 3 por ciento de los votos, un partido político tiene derecho a un diputado plurinominal, pero a un candidato independiente, que tuvo primero que reunir 3 por ciento de firmas para ser registrado, si llegara a obtener 5 o hasta 10 o 15 por ciento de los votos, simplemente no tendrá derecho a una curul en la Legislatura. Pueden competir pero no ganar, ¡bonita cosa! Esa absurda disposición no tiene fundamento alguno y los legisladores, por gloriosa votación unánime de los 25, no se ocuparon siquiera de justificarlo en la exposición de motivos. Los partidos, de este modo, se reservan para sí mismos el monopolio del Congreso.

Tanto en la forma como en el fondo, de nuevo se ha evidenciado el doble discurso de los partidos políticos y de los legisladores. Doble discurso es un decir, pues en realidad no es otra cosa sino un olímpico desprecio que responde a la idea de mantener a la ciudadanía en los márgenes, analfabeta y como mera consumidora (de despensas, sería mejor siempre). Se les olvida que la creación de esta figura descansa sobre el profundo enfado que guardan los votantes hacia los partidos. No por nada en las últimas elecciones vimos el grotesco espectáculo donde algunos ciudadanos postularon animales como candidatos, y donde otros prefieren darle la espalda a las urnas (en Baja California 63 de cada 100 votantes decidieron quedarse en casita). No por nada, los partidos políticos, que se resisten a perder el monopolio del acceso al poder, se mantienen sólidos en el más bajo índice de confianza entre todas las instituciones.

Al hablar de ciudadanía hay que superar la tentación de idealizarla (y hasta deificarla), pues ella es también portadora de arraigados vicios que niegan y atacan la democracia. Para ser ciudadano no basta con tener 18 años, es necesario asumirse como sujeto de la historia y como agente responsable de la marcha de los asuntos públicos. Y también hay que superar otra tentación, que consiste en el fomento institucionalizado (y casi imperceptible) de la ignorancia y el desprecio hacia la política, cuando es obligación del Estado promover la cultura democrática para que la gente común esté en condiciones de hacerse cargo de su propia suerte. Lo que los diputados aprobaron en la última sesión de julio encaja en esta segunda tentación.

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