Opinión

No a la confrontación

Por: Efraín Mendoza Zaragoza

Abordaré un tema interno, en cuya solución tengo interés institucional. Se trata del diferendo entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el Gobierno del Estado por las asignaciones presupuestales. En lo personal no me preocupa que las diferencias se ventilen públicamente; al contrario, eso tiene mucho de saludable. Lo preocupante seria que no se exploren los posibles remedios.

Habrá que recordar que en la sesión ordinaria de noviembre, el Consejo Universitario acordó por unanimidad remitir al gobierno federal una reclamación formal por la reducción de 60% del recurso previamente autorizado para el Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas, antes conocido por las siglas PIFI.

En una desproporcionada y muy lamentable reacción, en lugar de respaldar a los universitarios queretanos en su justo reclamo, el titular del Ejecutivo del Estado tomó la defensa del gobierno federal y calificó esa protesta, que atribuyó al rector, como un acto irresponsable. Más aún, pidió al rector se calmara y opinó que “no puede decirle a los jóvenes que se movilicen”. Esto es absurdo e incomprensible viniendo de un servidor público emanado del voto popular, que contó con el apoyo de muchos jóvenes universitarios por sus explícitos compromisos de campaña. Y más aún, proviniendo de un servidor público que en el pasado fue líder estudiantil en esta misma casa de estudios.

Es oportuno poner sobre la mesa algunos puntos.

Primero. El gobernador no está en posición de alentar la confrontación con los actores públicos. Antes bien, su investidura le obliga a mantener la cordura y la sensibilidad, a ser factor de cohesión. No es mi opinión, es un mandato constitucional. El artículo 22 de la Constitución del Estado de Querétaro le asigna la responsabilidad de preservar la tranquilidad en el territorio que gobierna, esto es, no alentar el conflicto y el choque.

Segundo. Emana de la misma Constitución la obligación que tiene el poder público de “promover y atender la educación superior necesaria para el desarrollo del Estado, destinando el subsidio suficiente y oportuno para el cumplimiento eficaz de sus fines”. Tampoco es mi opinión. Es un mandato constitucional.

Tercero. La autonomía de la Universidad tampoco es antojo de los universitarios. Es una disposición constitucional y el gobernador está obligado a respetarla. Está contenida en el artículo 4 de la Constitución local. Y el respeto empieza por las palabras y el tono.

Cuarto. La decisión de inconformarse por los recortes presupuestales no fue del rector, fue del Consejo Universitario, que de acuerdo con la Ley Orgánica es la máxima instancia de gobierno interior. Es un órgano colegiado y sus miembros son electos por sus respectivas comunidades. Un poco de ecuanimidad vendría muy bien en esta hora.

Quinto. Atacar a la Universidad pública es atacar a la clase media y media baja, estratos de donde proviene la mayoría de los jóvenes que aquí estudian. Hace trece años los universitarios salieron a la calle a reclamar lo suyo, a un gobierno panista, por cierto. La desmemoria no es buena consejera. No se puede golpear a alguien y luego exigirle que se calme. Nomás faltaba que se pretenda negar a la Universidad el derecho a levantar la voz ante un agravio.

Sexto. Es muy oportuno recordar aquí uno de los párrafos del escrito que produjo la irritación del Ejecutivo. Servirá para advertir cómo la irresponsabilidad y la carencia de visión están no en la Universidad sino en las políticas públicas. Expuso ahí el órgano colegiado: “sacrifican a las Instituciones de Educación Superior públicas de alta calidad (mientras) priorizan el derroche y la opulencia cotidiana, tal como se ha evidenciado con el gasto excesivo e innecesario en publicidad gubernamental, el dispendio en campañas electorales y el derroche de recursos públicos en la construcción de infraestructura que termina en manos extranjeras (y) la condonación de impuestos a las grandes empresas nacionales y extranjeras, entre otros aspectos”. Esos son “apenas algunos ejemplos que ilustran la incongruencia de prioridades en el diseño del presupuesto en un contexto de crisis económica como en el que vivimos”. No es el delirio de algún izquierdoso extraviado, es el razonamiento del máximo órgano de gobierno de esta institución.

Por último, siete. La legitimidad del gobernador proviene de la confianza que inspiró entre la mayoría de los ciudadanos, y a nadie conviene que entre a una espiral de desgaste tan temprano. A nadie beneficia que exponga su legitimidad en una confrontación con los universitarios. Apenas está transcurriendo el tercer mes de gobierno, es demasiado pronto, y por un asunto de la esfera federal. El Ejecutivo del Estado tiene un compromiso con la Universidad pública y no puede regatearle lo que la Constitución ordena le otorgue.

 

Ciudad de Querétaro, diciembre 10, 2015

 

 

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