Opinión

“No estoy de acuerdo, pero es mi chamba”

Por María del Carmen Vicencio Acevedo

“No hay marcha atrás” ni en la Alianza por la Calidad de la Educación ni en la Evaluación Universal. Advirtió recientemente el titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, en un: “No oigo, no oigo, soy de palo…” No hay nada que hacer, sólo exhortar a los maestros a “asumir una actitud racional y madura a favor de México”. “Se debe trabajar con los disidentes para que entren en el razonamiento de lo que se está dando en diferentes partes del mundo y que es ejemplo de lo que es ir hacia la calidad educativa…” (El Economista, 28 mayo, 2012). Los maestros disidentes reclaman lo mismo a la inversa: Que las autoridades asuman una actitud racional y madura. ¿Quién puede pontificar sobre lo que es o no racional?

Al parecer, Córdova Villalobos está desinformado sobre todos esos estudios, al menos en Europa y América, que evidencian las limitaciones, falacias y consecuencias contraproducentes de la Evaluación Universal, cuyos parámetros magnifican lo que los evaluados no logran hacer, pero son incapaces de medir lo inmaterial de todo eso que un maestro SÍ hace. Dice León Felipe: “No tengo podadera, ni tampoco un reloj de precisión, que marque los rítmicos latidos de mi poema, pero sé la hora que es”. Tampoco se enteró de todos los movimientos mundiales de indignados, protestando contra medidas neoliberales, similares a las que se vienen imponiendo de facto (fuera de la ley), sobre el sistema escolar y que ahora se ratifican formalmente; medidas que afectan, no sólo a los educadores-educandos, sino a todos. (Internacional de la educación: www.ie-ie.org/spa; Observatorio Ciudadano de la Educación: www.observatorio.org). Desconoce, además, la dramática desigualdad mexicana.

Este conflicto pudo haberse evitado, si los funcionarios públicos hubieran considerado y escuchado, antes que a la OCDE y a los empresarios, a los maestros (no a la cúpula del SNTE, que no es lo mismo). No habría necesidad de convocar a todos; una buena síntesis podría haber surgido de un diálogo inteligente entre su tesis y la antítesis de ellos. La verdad no es dogma, se construye socialmente, cuando todas las partes involucradas están dispuestas a escucharse. Como nadie escucha a los maestros, las posturas se tornan irreconciliables.

En efecto, parece que el (¿los?) Secretario(s) de Educación(s) sólo escucha(n) a asesores economicistas, tipo Macario Schettino (ITESM-El Universal), que trasladan la lógica empresarial al campo educativo. Schettino, en un discurso altamente coherente (entrevista en TV con Leonardo Curzio, 27/05/12), considera que “la clave del progreso son los entornos competitivos”; que es necesario avanzar hacia la “flexibilización” del empleo (eufemismo para inestabilidad laboral) y reactivar la reforma estructural a la Ley Federal del Trabajo (atorada en el Congreso de la Unión). Implica también que los trabajadores sean “más autónomos”, para que las empresas (o el Estado) ya no tengan que “cargar” con su capacitación. Considera además que los maestros “ya no debieran enseñarles cuentos mayas a los niños, por ser pérdida de tiempo” (sic). Lo que ellos requieren hoy es aprender lenguajes (¿sin contenidos?): inglés, matemáticas, manejo de TICs, etc. Por eso, los profesores “deben certificarse como cualquier otro profesionista”, pues los títulos son obsoletos; hablan sólo de lo que uno estudió, pero no de lo que sabe hacer.

En efecto, la Evaluación Universal, acordada con la OCDE y el Banco Mundial y negociada (otra vez) a puertas cerradas y a espaldas de los maestros, entre la cúpula del SNTE, la empresarial y la gubernamental, abre las puertas a la “cultura de la certificación”. Ya no bastan los Exani-Ceneval intermedios de la carrera, ni finales, ni el examen profesional, ni el diagnóstico para ingresar al sistema (USEBEQ en Querétaro), ni las evaluaciones durante los interinatos, ni el examen de oposición para obtener plaza; tampoco los de la carrera magisterial, ni los ligados a los resultados de los alumnos en Enlace (el 50 por ciento del puntaje). Ahora se requiere de certificaciones periódicas en dominios específicos (especialmente en TICs e inglés), con lo que la SEP ¡se autodescalifica! y pierde credibilidad. Pronto, los requerimientos implicarán videograbaciones que evidencien la didáctica del profesor, que aspire a la plaza o promoción, acompañadas de sofisticados formatos de “planificación” y evaluación de “evidencias de aprendizaje”, con tablas de cotejo o rúbricas con largas listas de “indicadores de desempeño” ultraprecisos.

Esto orilla a los maestros a desatender a los niños, para poder “medir” cada bimestre, en cada asignatura, en cada uno de sus 40 a 60 alumnos, incluidos los que necesitan educación especial (y duplicados si tiene doble plaza) cada rasgo de las complejas reacciones sobre cada “aprendizaje esperado” (v.gr. contarles palabras por minuto, al leer oralmente) e interrumpir clases para examinarlos.

Para colmo, CADA certificación (por ejemplo, diseño de “blogs”) cuesta a los profesores (o al erario público) entre seis y 10 mil pesos, además de cientos de horas de trabajo extra. ¿Quiénes ganan con esto?, ¿por qué luego deploramos el maltrato infantil o el “bullying”?

Aunque las decisiones principales sobre estas reformas se toman a nivel cupular, a lo largo de la pirámide escolar participan diversas “autoridades” que dejan pasar todas estas medidas, sin reflexionar en sus causas ni en sus consecuencias, sin chistar y sin poner límites. Cuando los maestros de base les preguntan por qué han aceptado tales absurdos, algunos responden: “Yo tampoco estoy de acuerdo, pero es mi chamba”.

En una próxima entrega detallaré algunos costos sociales de esta obsesión por la “calidad educativa”, reducida a tan obtusos criterios.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

 

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