No hay finales rosas
Por Omar Árcega
Lo que inició como el final de una película rosa: secuestrados liberados y secuestradores apresados, está a punto de de terminar como tragedia griega: desprestigio del sistema judicial mexicano, cuestionamientos a los responsables de la seguridad pública y una deshonra internacional a nuestras endebles instituciones, todos pierden, nadie gana.
En estos días es imposible no hablar del caso Florence Cassez y es que más allá de su inocencia o culpababilidad; el hecho de que su posible liberación se sustente en que hubo faltas graves en su detención que invalidan el proceso judicial, es una muestra de los vicios de los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un “súper policía” que se dedica a montar escenas para televisión, un cónsul francés que la PGR es incapaz de localizar, una sospechosa que permaneció horas “plagiada” antes de ser presentada al Ministerio Público, todos estos forman los elementos de la tragicomedia que estamos viviendo.
El precio de la libertad
Si Florence es liberada será un duro golpe para la credibilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal y por lo tanto del gobierno de Felipe Calderón. Si no se otorga su liberación, será un mensaje que se envía a los policías mexicanos: pueden detener a “sospechosos” y no tener en cuenta sus más elementales derechos. He aquí lo realmente importante de este caso, están en juego dos visiones de combatir a los criminales: la primera es perseguirlos a toda costa, incluso pasando por encima de sus derechos fundamentales; la segunda es hacerlo pero siempre en el marco de la ley. Si triunfa la primera perspectiva entonces como sociedad habremos perdido, pues estaremos más vulnerables ante las arbitrariedades de los funcionarios en turno. Si gana la segunda entonces podremos presumir de un paso más en la construcción de un Estado regido por leyes y no por caprichos.
El costo a pagar por dejar a Florence libre es alto: mayor desprestigio a las instituciones de seguridad pública, liberar a una posible criminal, abrir la puerta para que otros presuntos culpables puedan revocar sus condenas, que las víctimas no reciban justicia. Sin embargo el costo de mantenerla encerrada a pesar de las faltas cometidas contra el “debido proceso” es aún mayor: otorgar impunidad a las policías para violentar las garantías de los presuntos culpables, incrementar la mentalidad de prepotencia con la que se mueven algunos integrantes de los cuerpos de seguridad, todo esto potencia la vulnerabilidad de los ciudadanos.
Moneda al aire
La ecuación no es sencilla, no estamos ante una opción positiva o negativa, estamos ante dos situaciones malas y de entre ellas la Suprema Corte deberá escoger la menos peor. A mi juicio será dejar libre a Florence, con eso se manda un mensaje duro pero claro, nadie puede ser detenido sin que se violenten sus derechos, las policías lo pensaran dos veces antes de detener a sospechosos y no presentarlos de forma inmediata ante el Ministerio Público, en otras palabras, se dará cabal cumplimiento a la ley. Todo esto, impactará en el vicio policiaco de la construcción de falsos culpables para cerrar casos de manera expedita.
El sistema de persecución de criminales e impartición de justicia quedó exhibido, la Policía se da el lujo de mantener retenidos a personas por horas antes de presentarlas al Ministerio Público, lapso en el cual es posible “preparar” las declaraciones, atar los cabos sueltos y por supuesto, fabricar a los culpables que después orgullosamente presentarán ante las cámaras; después los juzgados pasan por alto estos detalles y abogados con poca experticia no analizan si la aprensión de sus clientes se dio conforme a derecho. Todo esto genera la incertidumbre sobre si los verdaderos culpables están tras las rejas, o lo más grave, si hay inocentes purgando condenas que no merecen.
El caso Florence Cassez sentará un precedente de qué tipo de justicia viviremos o padeceremos en los próximos años, de qué tantos avances o retrocesos tendremos en la construcción de una cultura de la legalidad, de qué tanto generaremos una auténtica vivencia de los derechos humanos. Estas cuestiones están en el aíre, quedarán condicionadas, mas no determinadas, por los ministros que juzgaran este paradigmático caso. Estemos atentos, pues el rumbo de la justicia en México está en uno de esos raros momentos donde puede evolucionar o retroceder.
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