Pacto por México: III Cruzada contra el hambre, ¿creer o no creer?

Por: María del Carmen Vicencio Acevedo

El pensamiento crítico no consiste simplemente en argumentar en contra de quienes piensan diferente de uno, sino también intentar comprender su perspectiva y su lógica, así como prever las consecuencias de lo que cada quien propone.

En un intento por entender las razones del Pacto por México, hay que reconocer varios problemas que nos afectan seriamente y que se alegan como motivos para suscribirlo:

1. El desprestigio internacional que México ha tenido en los últimos años a raíz de diversos estudios que lo ubican entre los últimos lugares en el desarrollo económico, científico, tecnológico, educativo, etcétera y entre los primeros en desigualdad social, obesidad infantil, violencia, corrupción, etcétera.

2. Nuestra legislación no corresponde a los tiempos modernos; tiene muchos candados que impiden el desarrollo del país y dificultan responder a las exigencias de los organismos internacionales a los que México está subordinado. Por eso las reformas estructurales son indispensables para “ponernos a tono” con los desafíos de la globalización económica.

3. El Estado mexicano ha sido secuestrado por los llamados “poderes fácticos”. El narcotráfico, los grandes emporios que no pagan impuestos, el sindicalismo corrupto que usurpa las funciones del Estado, entre otros.

4. El Congreso se desgasta en pugnas partidistas. Si un partido hace cualquier propuesta para resolver los problemas de la nación, los demás lo desacreditan sólo por ser adversario, sin discutir la pertinencia y viabilidad de la propuesta. Así los acuerdos en beneficio de la población son imposibles.

Para enfrentar todos estos problemas se proponen diversas acciones. Aquí sólo me referiré brevemente a una de las más cacareadas: La Cruzada Nacional contra el Hambre.

El hecho de que el gobierno reconozca que, en el tercer milenio, tenemos a mexicanos que se mueren de hambre, cuando otros concentran la riqueza y el poder, “lo que está en el núcleo de nuestra desigualdad”, da escalofríos pero al menos es algo. Según los cálculos conservadores de la Cepal (2012), tenemos alrededor de 16 por ciento de mexicanos indigentes o “pobres extremos”; 26.7 por ciento en pobreza de capacidades, y 51.3 por ciento, en pobreza de patrimonio (que incluye a los anteriores). Estamos peor que en 2006 (en que había 13.8 por ciento, 20.7 por ciento y 42.7 por ciento respectivamente, según el mismo organismo).

¿Cómo acabar con el hambre y la pobreza en México, o mejor, con la desigualdad? Ya se ha discutido bastante que no puede ser a través de programas asistenciales. El mismo Pacto lo reconoce: “Con el objeto de terminar con la pobreza extrema, se creará un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales y priorizará sus esfuerzos para garantizar el derecho universal a la alimentación…” Sólo que no basta con decir eso, hay que cambiar las reglas del juego y hacerlas efectivas; impedir que unos cuantos sigan concentrando la riqueza y reorganizar todos los niveles de nuestra relación social; en otras palabras abandonar el sistema capitalista, que es algo que el pacto NO considera (al menos no en serio).

El tema del Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza ocupa en el pacto mencionado sólo un párrafo (subapartado 1.2 del primer gran grupo de acuerdos), sin especificar ninguna acción para conseguir lo propuesto. (En contraste, el subapartado 1.3, dedicado a la “Educación de calidad y con equidad” se desglosa en nueve puntos “de chile de dulce y de manteca”, en donde se definen acciones en niveles de precisión tan disímbolos que van desde “consolidar el sistema nacional de evaluación educativa”, hasta “instrumentar un programa de dotación computadoras portátiles con conectividad a todos los alumnos de 5º y 6º de primaria”).

Si somos justos, en otros apartados del Pacto mencionado se dan algunas pistas para enfrentar el tema de la pobreza, aunque no resultan muy claras. Habrá que ver cómo se concretan sus normas de operación para hacerlas efectivas y creíbles: “Realizar una reforma hacendaria, eficiente y equitativa”, “aplicar una estrategia para el desarrollo sur-sureste” (¿parecida al Plan Puebla-Panamá?), “transformar el campo en actividad más productiva…” (y bla, bla, bla).

Mientras estos temas se discuten, nos enteramos que los regidores queretanos decidieron aumentar sus prerrogativas. Éstas pasarán de 84 mil 601.43 a 87 mil 894.98 pesos mensuales; ADEMÁS DE SU DIETA, que es de 48 mil pesos mensuales. Recordemos que no hay ningún instrumento legal que los obligue a dar cuenta de cómo gastan esos recursos (¡Otra vez la misma historia!).

Con este tipo de acciones, a los ciudadanos nos queda claro que todo el rollo del Pacto por México es sólo eso, rollo. (Por eso, si al inicio de este texto intenté comprender la perspectiva oficial, concluyo con el “y bla, bla bla”).

Si nuestras “autoridades” no son capaces de establecer ninguna relación entre la desigualdad social (nuestro más grave problema) y sus propias acciones de concentración de la riqueza, ¿qué se puede esperar de quienes no son autoridad?

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