Por: Efraín Mendoza Zaragoza

PARA DESTACAR: Se han cumplido ya cuatro meses de haberse estrenado el nuevo sistema de justicia penal y no se percibe cambio alguno. Seguimos viendo en los diarios las fotos de personas que incurren en robo y son exhibidas impunemente. Que la presunción de inocencia iba a ser el eje central del nuevo sistema, puras palabras.

El domingo 18 de septiembre se informó de un hecho delictivo ocurrido en la plaza Galerías de Querétaro. Oficialmente se trató del asalto a una joyería.

En insólita eficiencia, unas horas después, el titular de la Fiscalía General del Estado formuló una declaración que podría parecer de rutina. Deslizó que la banda de delincuentes no es queretana. En sus propias palabras: “Que (la banda) esté establecida en el estado, no creo. Generalmente este tipo de personas que han realizado este tipo de actividades ilícitas lo han hecho gente que viene de fuera del estado, y de manera muy específica del D.F. o del Estado de México”.

Y, claro, al otro día la prensa exhibió los titulares que le fueron dictados: “Delincuencia es foránea, dice fiscal”. Palabra de fiscal. Como si fuera Palabra de Dios. Como si los titulares de la prensa tuvieran el mágico poder de cambiar la realidad.

Es inaceptable que el responsable de la investigación de los delitos actúe con tal ligereza. Es inquietante que en lugar de fincar la investigación criminal en la evidencia científica, como está obligado, lo haga en la subjetividad más endeble. En una muy personal y conveniente creencia. No hay un solo detenido, pero al fiscal le late que no hay queretanos en esa banda y así lo decreta. Y no solo eso, con el mayor desparpajo y sin fundamento alguno, carga el delito a la cuenta de los chilangos.

Por faltas de seriedad como esta, la justicia está hundida en el desprestigio y no manda la menor señal de confianza. Se han cumplido ya cuatro meses de haberse estrenado el nuevo sistema de justicia penal y no se percibe cambio alguno. Seguimos viendo en los diarios las fotos de personas que incurren en robo famélico (en México 7 mil personas están hoy encarceladas por esa falta); incluso gente que no alcanzó a robar nada porque fue detenida en la puerta del centro comercial ahí está, exhibida impunemente. Que la presunción de inocencia iba a ser el eje central del nuevo sistema, puras palabras. Pero que no se trate de un junior, incluso en su condición de víctima, entonces ahí hasta se mandan advertencias a quienes se atrevan a mencionar el nombre.

La autoridad muy poco o nada está haciendo para prestigiar a la justicia. Viene esto a cuento porque la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, confirmó cifras de alarma: de cada 100 delitos cometidos en el país, en 93 no se abre investigación o no se presenta denuncia. La gran mayoría de las víctimas tiene poderosas razones, imputables a la autoridad: los trámites son largos y difíciles, hay desconfianza o la autoridad se comporta con hostilidad o de plano las víctimas tienen miedo de ser extorsionadas.

Por si el señor fiscal nos viniera a decir que la cifra negra del delito o la impunidad son lastres de todo el mundo, habrá que remitirlo a la ‘Anatomía de la corrupción’, de la doctora María Amparo Casar. En esa investigación están las proporciones vergonzosas en que se encuentra nuestro país: mientras en Estados Unidos por cada 688 delitos perseguidos terminan en condena 614, en México por cada 1,946 delitos perseguidos terminan en condena solo 48.

Según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el fabuloso lugar 58 entre 59 países analizados. Y bueno, tratándose de faltas de servidores públicos, la proporción es aberrante: de 444 denuncias presentadas entre 1998 y 2012, el número de consignaciones fue de siete. Sí, siete, de 444.

La laxitud de los criterios que emplea el titular de la Fiscalía General de Querétaro para la investigación criminal parece corresponder a los lastimosos números de la justicia mexicana. Pero qué, ¿no se trataba de cambiar? ¿o el nuevo sistema de justicia se reducía a un mero cambio de nombre?