La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 12 dice a la letra: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Por: Rafael Vázquez Díaz

Se dice que los mexicanos queremos a dos tipos de policías; el que haga cumplir la ley a rajatabla a los otros y el que dé chance cuando  la ignorancia, la inocencia, la viveza o la soberbia suplique una excepción de la regla.

Primero dejemos en claro lo más importante, el derecho humano a la vida privada; tener amistades, familiares, una vida amorosa según nos plazca, creencias personales, religiosas, políticas, comunicación con quien se nos pegue la gana, el derecho a mantener en secreto nuestra situación financiera. La privacidad no puede entrar (como sucede con nuestro vecino del norte) en la agenda de los gobiernos para restringir las libertades con la justificación del progreso, el desarrollo o incluso la “seguridad nacional”, pomposo concepto con el cual se acepta el espío de ciudadanos y la invasión a intimidad. El derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 12 dice a la letra: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 dice algo muy similar. Tomo en cuenta dos puntos trascendentes; el señalar cuando una injerencia sea “arbitraria” y la expresa mención del domicilio y la correspondencia como sitios bajo los cuales no se puede hacer una excepción a la restricción de invasión.

Aclarando éste primer punto, podemos entrar al debate; ¿es ilegal  el trabajo del Director General de Administración –ó  City Manager, como lo hace llamar Arne Aus den Ruthen- que vía una red social, muestra los operativos contra los infractores en la delegación Miguel Hidalgo?

El debate ha sido en torno al derecho a la imagen, a la privacidad de los datos, al principio de máxima publicidad pero sobretodo a la impunidad con la que los ciudadanos –especialmente los más acaudalados- viven en un régimen de total falta de cultura de la legalidad. La implacable aplicación de Periscope -aplicación que en 4 meses logró 10 millones de usuarios, transmitiendo video en tiempo real a más de 2 millones de usuarios diariamente- ha capturado muestras de enfado, lastimeros ruegos y también la resistencia que todo ciudadano con el teléfono celular de algún servidor público medianamente bien acomodado, cree que lo hace inmune a la ley.

Es importante primero conocer los hechos: ¿es un infractor una persona que se estaciona en doble fila? ¿Qué obstruye la vía pública? ¿El qué no tira la basura donde debe hacerlo? ¿Es infractor el restaurante que invade la banqueta para poner sus mesas? ¿Aquel otro que  “delimita” su espacio con jardineras que obligan al peatón a bajarse a la avenida? ¡Por supuesto que lo son! La enciclopedia jurídica define “infracción” como aquel que transgrede, violenta o inclumple un pacto, ley o tratado. Se ha criticado mucho la labor del City Manager por exponer a los infractores y por atribuirse funciones que no le corresponden como servidor público; curiosa  e irónicamente el mismo artículo constitucional (16) que refiere a la protección de datos personales también otorga las facultades de detener a cualquier infractor siempre y cuando se le ponga en manos de la autoridad más cercana.

Hay dos situaciones; según la máxima del jurista Hans Kelsen, todo lo que no esté prohibido expresamente está permitido, con excepción de los funcionarios públicos cuyo ámbito de competencia solamente es aquello para lo que esté facultado. En ese sentido Arne invoca al principio de máxima publicidad, dado que toda información generada y controlada por el Estado, es generada y conservada por los recursos públicos, por lo cual le pertenece a la colectividad y su uso debe ser una herramienta de transparencia.

¿Se vulnera los derechos de los ciudadanos al tener un registro de video la falta a la ley? La respuesta inicial es negativa, todos los días tanto policías como ciudadanos graban, fotografían y registran acciones en los espacios públicos que a su parecer puedan servir para aportar pruebas en la constitución de un delito. El dilema realmente responde al hecho de ser transmitido en tiempo real; ¿se viola la privacidad de una persona que se encuentra cometiendo una infracción y se captura infraganti? ¿Acaso hay una calumnia de algo que no tiene producción?  Estas preguntas siguen en el aire, no obstante, no considero que sean las más trascendentes.

Lo que si deberíamos de estar discutiendo es la forma en la que se viola el derecho de imagen y la privacidad de las personas de las revistas o periódicos sensacionalistas, de los contenidos televisivos, de los reportajes con cortes obsenos y tendenciosos que parcializan a la realidad, pero para mover la maquinaria de imagen pública se tienen que poseer los recursos económicos o políticos para influir efectivamente y eso no pareciera importarte a las Comisiones de Derechos Humanos. En cambio, si le ocupa la humilde aplicación Periscope, que ha desnudado al mass media al servicio de la élite; ¿cómo influir en las groserías y la altanería con la que ciertos funcionarios o empresarios tratan a quien intenta cumplir la ley? ¿Cómo desdecir o negar lo que miles de usuarios presenciaron en tiempo real? ¿Cómo evitar la propagación de dicho material que afecta su imagen y por consiguiente los jugosos negocios con servidores públicos corruptos?
Lo de Arne no es una “revolución” –como lo han catalogado en diversas ocasiones- pero si es un área de oportunidad enorme para repensar la transparencia y la forma de evidenciar a los ciudadanos que no cumplan la ley, particularmente los que, además, desdeñan las leyes porque tradicionalmente no están acostumbrados a cumplirlas, y con ello no me refiero a la inmensa mayoría de mexicanos cuyo mayor delito puede ser estacionarse mal, poner alguno cono afuera de su vivienda o negocio o tirar la basura en un lugar equivocado; hablo de aquellos con suficiente poder para mandar a “levantar” a cualquier ciudadano incómodo, hablo de los grandes peces que se ven favorecidos con el inexistente Estado de derecho. Es una oportunidad para retornar al verdadero espíritu republicano de la igualdad ante la ley, Periscope es una maravillosa herramienta que, sin duda alguna, fortalece a la democracia participativa.

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