Opinión

Política y crimen

Por: Marco Antonio Lara

La estrategia para legitimarse ante los ciudadanos, por parte de Felipe Calderón Hinojosa, lo fue su llamada “guerra contra el narcotráfico” y de ello se ha comentado demasiado hasta la saciedad. Una lucha que se caracteriza por la serie de desaciertos, pero sobre todo por las grandes consecuencias que ha tenido que sufrir la población civil. Al día 30 de septiembre del año 2011 se tienen contabilizados en base a la llamada Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial 47 mil 515 muertos, cifra que por supuesto se encuentra alejada de la realidad social.

Las llamadas fuerzas encargadas de salvaguardar a la sociedad civil han demostrado, en muchas ocasiones, que carecen de la capacitación necesaria para combatir al crimen organizado y que al mismo tiempo no tienen los elementos técnicos para llevar a cabo una adecuada investigación de conductas que presuntamente son constitutivas de hechos delictuosos. Pero ahora bien, es digno de analizar la serie de contradicciones, omisiones, y fantasiosas explicaciones que envuelven el hecho de que al parecer fue muerto el señor Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como “El Lazca”, la más destacada de la fantasiosa explicación es el robo del cadáver así como el sumarísimo proceso de autopsia y confrontación con los datos del cadáver con la llamada Plataforma México.

Lejos de la ineptitud refrendada en este caso en lo particular, la pregunta en el aire es: ¿A quién le beneficia la incertidumbre de la no confirmación de la muerte del Z-40? ¿O se trata de un tipo de acuerdo, convenio, negociación del equipo de Enrique Peña Nieto con los principales líderes de los grupos del narcotráfico en México? Porque es un secreto a voces que entre la cúpula del poder en México y las altas esferas de los delincuentes han existido acuerdos en distintos sexenios, tan es así que en días pasados una de las notas comentadas en los espacios noticiosos fue el hecho de que a través de un video “subido” a la red social YouTube, se documenta la forma en que el señor Ignacio de Jesús Valladares Salgado, edil electo de Teloloapan, Guerrero, por la fórmula conformada por el Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, pactó, o mejor dicho en palabras del propio alcalde, se comprometió aparentemente con La Familia Michoacana a designar a un director de Seguridad Pública “neutral” o ajeno a los intereses de cualquier grupo del narcotráfico a cambio de que estos supuestos delincuentes tengan el pueblo tranquilo.

Éste es sólo un ejemplo de lo que probablemente se da en otras administraciones. Cuando se le cuestionó al alcalde involucrado en estos hechos el porqué de su actuación, se justificó con el argumento de que sus elementos policiacos no cuentan con la preparación necesaria para “ir a la guerra”, justificable o no su actuar, lo cierto es que en el presente sexenio se han asesinado a 31 alcaldes en distintos estados de la República Mexicana en hechos vinculados presuntamente con la delincuencia organizada, por ello debemos preguntarnos ¿cuál es el papel que deben desempeñar nuestros representantes populares en circunstancias similares?, ¿es reprochable pactar con el crimen organizado para mantener la tranquilidad de un lugar? ¿Usted lector aprobaría que Enrique Peña Nieto convenga con los criminales para reducir los niveles de violencia en el país?

Twitter: Lic_Marco_Lara

Facebook: Marco Antonio Lara

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