¿Por qué los maestros no se quieren evaluar? (Parte 2)
Por: Ángel Balderas Puga
PARA DESTACAR: Es así como debemos ver la lucha de los y las maestras de México, una lucha no solo por su propia estabilidad laboral sino también por la estabilidad laboral de las futuras generaciones de maestros y maestras.
En nuestra entrega de la semana pasada demostramos que la primera razón por la que un docente se niega a ser evaluado en el contexto de la reforma administrativo-laboral, que se quiere vender como “educativa”, es de tipo jurídico-laboral pues evaluarse implica reconocer la legitimidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y por lo tanto, es aceptar la pérdida de la estabilidad laboral, cambiar una plaza permanente por una temporal.
En este sentido nos preguntamos ¿quién en su sano juicio, cambia de manera voluntaria una plaza permanente por una temporal? Esto es lo que verdaderamente está en juego con los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la LGSPD. Ese es el núcleo laboral de la reforma y el verdadero interés del gobierno federal y de sus cómplices en la esfera política.
El lector, en caso de tener un trabajo fijo, ¿lo haría? ¿Le gustaría que el o la cabeza de familia lo hiciera? ¿Le gustaría que alguno de sus hijos o hijas lo hiciera? En caso de ser joven ¿Le aconsejarías a uno de tus progenitores que lo hiciera? ¡No! ¿Verdad? Es así como debemos ver la lucha de los y las maestras de México, una lucha no solo por su propia estabilidad laboral sino también por la estabilidad laboral de las futuras generaciones de maestros y maestras.
Desde que dimos la batalla contra la legalización del ‘outsourcing’ en la reforma laboral, aprobada por el mismo grupo de legisladores que aprobaron la reforma energética y la “educativa”, alertamos sobre la importancia de tener un trabajo estable. Esta es una condición indispensable para poder mantener, de manera adecuada, a una familia.
Sin un trabajo estable es imposible echarse el compromiso de obtener un crédito. Por ejemplo, los créditos hipotecarios pueden tardar en pagarse entre 15 y 20 años. Si no se tiene la certeza de mantener el empleo ¿cómo tomar la decisión de solicitar alguno de esos créditos? ¿Qué pasa si se pierde el empleo 10 años después de haber solicitado el crédito? No sólo se perderá la casa sino también el dinero pagado hasta el momento de volverse insolvente. Y
una vez perdido el inmueble ¿a dónde irá a vivir la familia? ¿Quién los acogerá y por cuánto tiempo?
Recordemos que entre 2012 y 2014, 100 mil familias perdieron su vivienda en España, como consecuencia de la pérdida del empleo de los padres de familia (El Mundo, 23/06/2015). Además de las consecuencias logísticas de la pérdida de una vivienda, se desatan una serie de problemas psicológicos en las familias que perdieron su casa y una serie de conflictos con los familiares que los acogen temporalmente.
Sin tener la certeza de un empleo es muy arriesgado comprar algo a crédito, no tiene que ser forzosamente una vivienda, puede ser un auto o un electrodoméstico. En ese sentido, la LGSPD es perversa pues ni siquiera garantiza una temporalidad fija en el empleo. A los que acrediten la pésima “evaluación” que ya nos exhibió el gobierno de Peña Nieto, los llamados “idóneos”, su “idoneidad” sólo les durará hasta el próximo examen, que puede ser en cualquier momento, pues la ley señala que los exámenes serán por lo menos cada cuatro años, pero que se intuye serán lo más frecuente posible con el fin de aumentar la probabilidad de reprobación.
Como podemos ver no es una simple cuestión de “tener miedo” a ser evaluado o no. Este es un problema que dejó de ser individual para convertirse en un problema familiar pues lo que está en juego es la manutención de más de un millón de familias, número que se incrementará al imponer el mecanismo en otros sectores.
Es evidente que los hijos de los maestros que pierdan el empleo también pagarán las consecuencias pues, al perder el empleo uno o ambos de sus padres, se les dificultará a ellos mismos continuar con sus estudios, aumentará dramáticamente la probabilidad de que vayan a incrementar el número de estudiantes que desertan de sus estudios, por motivos económicos.
Esto profundizará el desastre de la deserción escolar en México pues según datos de la misma Secretaría de la Educación Pública, de 2014, de cada 100 niños que ingresan a la primaria solo 88 la terminan, sólo 65 egresan de secundaria, solo 35 terminan el bachillerato y solo 21 egresan de una carrera universitaria.
Esto no es culpa de los maestros sino de las políticas neoliberales que, en los hechos, demuestran que lo que menos les interesa es la “calidad” en la educación de los niños.
