Presupuesto participativo en Querétaro: un camino por recorrer

La ciudad irregular pone el problema todavía más difícil

La primera revisión mostró otra paradoja. Los lineamientos oficiales establecen que el presupuesto participativo debe procurar la equidad territorial, considerar el rezago social, las necesidades de las comunidades y el historial de inversión municipal, procurando priorizar aquellas zonas que han recibido menos recursos. Sin embargo, varios proyectos encontraron obstáculos porque pretendían intervenir calles todavía no recibidas o reconocidas formalmente por el municipio, terrenos ejidales, propiedades condominales, asentamientos en regularización o espacios cuya competencia corresponde a otra autoridad.

La regla tiene sentido. Los recursos públicos no pueden gastarse simplemente donde alguien lo solicite. Pero entonces aparece una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando algunos de los territorios con mayores carencias son precisamente aquellos que tienen mayores dificultades jurídicas para recibir recursos públicos? ¿Debemos excluirlos hasta que su situación se regularice? ¿Deberíamos flexibilizar las reglas? Tampoco esa segunda respuesta es sencilla.

Supongamos que mediante presupuesto participativo se introduce drenaje, pavimentación y alumbrado en cualquier urbanización irregular. Podríamos crear un incentivo perverso: urbanizar irregularmente suelo privado, venderlo y posteriormente conseguir que el gobierno pague con recursos públicos la infraestructura que aumenta su valor. Una política pensada para combatir desigualdades podría terminar socializando los costos de una urbanización irregular y privatizando sus beneficios.

Entonces, ¿cómo atendemos a quienes ya habitan territorios precarios sin premiar a quienes producen irregularidad urbana? Ése es un verdadero problema de política pública.

Entre la legalidad y el derecho a la ciudad

Quizá por eso el debate no debería reducirse a flexibilizar las reglas. El desafío consiste en construir instituciones y capacidades públicas capaces de combinar legalidad, conocimiento técnico, participación democrática y justicia territorial. Aquí el derecho a la ciudad puede ofrecer una perspectiva particularmente fértil, como principio para preguntarnos si nuestro marco jurídico permite atender de manera justa las desigualdades existentes. La pregunta podría formularse al revés: ¿cómo construimos normas que hagan legalmente posible aquello que una ciudad democrática considera socialmente necesario?

Eso podría requerir fondos con reglas específicas, mecanismos diferenciados para territorios en regularización, acciones que no necesariamente se conviertan en obra pública convencional o instrumentos capaces de distinguir entre una comunidad históricamente precarizada y una operación inmobiliaria que pretende transferir sus obligaciones al gobierno.

Los propios lineamientos del presupuesto participativo de Querétaro abren parcialmente esa posibilidad. El presupuesto no contempla únicamente obras: permite destinar recursos también a acciones, políticas públicas y programas. Tal vez ahí exista un campo todavía poco explorado para pensar formas más flexibles de intervención ciudadana.

Volvamos por un momento a Porto Alegre

La experiencia de Porto Alegre se hizo famosa no solamente porque los ciudadanos podían decidir sobre obras públicas. Una parte fundamental del proceso consistía en reunirse territorialmente, discutir necesidades, construir prioridades y decidir cómo distribuir recursos escasos. No necesitamos copiar ese modelo. Querétaro es otra ciudad, en otro país y más de treinta años después. Pero su origen permite recordar algo importante: el presupuesto participativo nació con una ambición mayor que organizar una votación sobre proyectos. Aspiraba también a democratizar la discusión sobre cómo se produce la ciudad.

Quizá ahí se encuentre el horizonte para Querétaro.

Este primer ejercicio representa un avance que debemos cuidar. Hay que participar, conocer los proyectos y votar. Después habrá que evaluar cómo funcionó y qué podemos mejorar. En pro de el siguiente paso, todas y todos podríamos rodear el voto de deliberación colectiva: encontrarnos antes de votar para conocer las propuestas, discutir cuáles resultan más necesarias y entender qué implicaciones tienen para el conjunto de la ciudad. Así, pasar poco a poco del “yo propongo y tú votas” al “nosotros discutimos, construimos alternativas y decidimos”. Porque quizá el mayor logro de un presupuesto participativo no sea conseguir que gane el proyecto que queda cerca de nuestra casa. Quizá sea algo más difícil: aprender a pensar como ciudadanos una ciudad que también pertenece a quienes viven lejos de nuestra casa.

En un futuro cercano podríamos agregar algo más: asambleas territoriales previas, diagnósticos construidos entre vecinos, acompañamiento técnico desde el inicio, mecanismos especiales para territorios rezagados y espacios donde podamos conocer las necesidades de quienes viven en otras partes de la ciudad antes de decidir dónde colocar los recursos. Todo ello podría construirse mediante una colaboración más estrecha entre ciudadanía, organizaciones sociales, gobierno, academia y especialistas.

Y si Querétaro está comenzando ese aprendizaje, queda todavía una última pregunta: ¿por qué no imaginar que, con el tiempo, esta posibilidad de discutir y decidir sobre los recursos públicos pueda extenderse también al resto de los municipios del estado?
Una puerta se ha abierto, nos resta atender a cómo podemos atravesarla.