¿Qué hacer?

La política y la ciencia

Por: Marta Gloria Morales Garza

Con el título de este artículo hago referencia al texto homónimo de Lenin, escrito en 1902 y del que extraigo varios conceptos, justamente porque, como él, comparto la preocupación de cómo definir una estrategia para que la crisis política que enfrentamos —Lenin en su tiempo, nosotros ahora— se convierta en una salida y no es un callejón donde todos perdemos.

Las crisis políticas ocurren cuando se dan al menos dos de tres condiciones: en palabras de Lenin, crisis en las alturas (la crisis en la clase dirigente), crisis de legitimidad entre los gobernados y crisis internacional. Es decir, cuando se combinan estos tres elementos, las circunstancias se transforman en situaciones revolucionarias.

En este momento, en México existen las tres condiciones, aunque —claro— con diferentes grados de intensidad. Primero, la crisis internacional es muy fuerte; desde 2000, pero más aún desde la presente década, la crisis se ha agudizado y afectado a los países más débiles en el concierto internacional. La ausencia del crecimiento económico, por ejemplo, se ha hecho muy evidente, primero, en la famosa crisis de Grecia, que significó la quiebra del gobierno, la renuncia del presidente, los recortes a las jubilaciones… En el caso de España, el desempleo afecta a más de la mitad de los jóvenes. Hoy, el problema económico alcanza ya a toda la comunidad europea; Alemania anuncia que no puede ser el único responsable de sostener a la UE. Incluso, China, que había mantenido tasas de crecimiento de más del 10%, ha visto un estancamiento de su economía.

Por supuesto, la crisis económica en México tiene magnitudes impresionantes. Lo que sucede es que aquí no estalla la gente por razones económicas, y eso es algo que los analistas no comprendemos del todo aún. En el año 2000, con la alternancia política, era tal nuestra euforia que se nos olvidó la crisis, las movilizaciones no sucedieron en aquel momento.

La política y la economía no son esferas que se conectan mecánicamente, depende de muchas mediaciones que las crisis económicas se conviertan en crisis políticas. Hoy, en cambio, en México estamos en una crisis política muy fuerte.

Quiero decir, por ejemplo, que los momentos más álgidos de la crisis económica ya pasaron; sin embargo, no hemos tenido, incluso con el gobierno de Peña Nieto, tasas de crecimiento superiores al aumento de la población. La economía tendría que crecer por lo menos al doble de lo que crece la población, pero en nuestro caso tenemos un déficit.

Sin embargo, lo que hoy tenemos son crisis internas profundas, tanto de la clase dirigente, como de legitimidad. No hay duda de que en México éstas coexisten en gobierno —en el sentido más amplio de la palabra, pues el gobierno no es sólo Peña Nieto—; el poder ejecutivo, legislativo y judicial están sumergidos en una profunda crisis y sus comportamientos y acciones propician que ésta se amplié y no atinan a resolverla; cada vez que hacen algo, se complica más la salida. Es decir, ésta es una crisis de gobierno.

Al interior del gobierno hay una pugna por el poder entre la gente del estado de México, los viejos priistas, que dominan el gabinete. Algo raro pasa en ese grupo; no atino a aceptar que en el gobierno sólo sean ineficientes, normalmente no lo son. Hay demasiados errores, uno tras otro, que tienen que ver con esa crisis al interior del PRI.

La pérdida de legitimidad del gobierno es más que evidente, las marchas son clara evidencia; pero el descontento va mucho más allá de ello. Las tres marchas del 20 de noviembre fueron a tal grado impresionantes que el gobierno tuvo que cancelar el desfile militar. Y no todos los indignados están sólo en las marchas: cada quien tiene su forma de demostrar sus descontento.

Si pudiéramos definir el conflicto se diría que es un movimiento de jóvenes inconformes con el gobierno y particularmente indignados por la procuración de justicia. La mayor parte de los jóvenes son universitarios: UNAM, Politécnico, UAM, el conjunto de las instituciones privadas… Y luego, los estados; prácticamente no hubo un sólo estado donde las marchas no fueran muy significativas. Otra vez, universidades públicas, privadas y tecnológicos se unieron en las marchas, es decir, el descontento está llegando a todas las esferas educativas.

Ni siquiera en el preludio del 68 los movimientos convergieron de tal manera a nivel estatal. Quizá por eso resulta fundamental que los rectores tengan una reunión y logren encontrar soluciones para este conflicto. Los rectores de todo el país fueron convocados este viernes 28. Por primera vez en la historia, podríamos decir, han sido convocados todos para definir el “¿qué hacer?”. Pero, claro, no tenemos que pensar que todo esto garantiza una solución pacífica, pues existen entre los rectores al menos dos bandos: los que piensan como el gobierno, en el sentido de que hay que frenar las manifestaciones; y, por el otro lado, los que piensan que éstas son la muestra de un problema más profundo que hay que resolver.

La primera postura puede, como el gobierno, estar de acuerdo en criminalizar la protesta, encarcelar a los estudiantes y llegar a una masacre como la del 68. Del otro bando, quizá no tienen claro qué es lo que se podría hacer, porque son tantas las demandas y tantos los movimientos, que no es fácil encontrar la punta de la madeja para empezar a desbaratar este conflicto.

La reunión del viernes 28 es, retomando al doctor Hugo Aboites, momento histórico para mostrar la capacidad de los universitarios. Hoy, no pueden ser omisos como lo fueron en el 68. Esto no se puede repetir, pero también es una enorme responsabilidad para los rectores; los universitarios son uno de los sectores con mayor legitimidad en México, y aquéllos deberán usar dignamente este capital político.

Sugiero, para esta reunión, dos propuestas:

Que los rectores acuerden, primero y en defensa de sus comunidades, que la criminalización de la protesta no es la salida, antes bien, puede ser la puerta para un conflicto de mayor envergadura y muchas más sangre.

Que propongan la conformación de una comisión amplia y plural de intelectuales de reconocido prestigio y autoridad moral para que se cumplan varias funciones fundamentales: participar como observadores de las investigaciones de la PGR, con capacidad para tener acceso a toda la información y para hacer declaraciones públicas; servir de intermediarios entre los afectados y las autoridades; proponer las reformas necesarias para lograr, en el corto tiempo, la autonomía de la PGR, así como la creación de un órgano autónomo encargado de vigilar y sancionar actos de corrupción de cualquier funcionario.