Por: Ángel Balderas Puga / anbapu05@yahoo.com.mx

PARA DESTACAR: El pronunciamiento del SUPAUAQ y del Consejo Universitario, en 2013, contra la reforma energética resultó premonitorio de lo que vivimos hoy en día, tres años después. No se necesitaba ser adivino, sino simplemente explorar el futuro con base en datos y tendencias comprobables. El futuro nos alcanzó.

Cuando me tocó dirigir el sindicato de académicos de nuestra Universidad, nos tocó enfrentar dos de las reformas estructurales más agresivas: la laboral y la energética.

Aparentemente, ninguna de ellas tenía un efecto directo en nuestros afiliados, por lo que algunos sostenían (y siguen sosteniendo) posturas netamente gremialistas, que son aquellas en donde los sindicatos se mueven única y exclusivamente para defender sus derechos, sus prestaciones, su Contrato Colectivo de Trabajo y nada más.

Estas posturas gremialistas no consideran el entorno y no toman en cuenta que si el entorno empeora, antes o después sus efectos nocivos llegarán a sus sindicatos y atacarán de manera directa a las prestaciones a las que tienen derecho. Su defensa será más débil, pues será una defensa tardía y aislada, pretendiendo resolver de manera local un problema estructural nacional.

Pues bien, el 29 de agosto de 2013, el SUPAUAQ impulsó en Consejo Universitario un pronunciamiento en contra de la reforma energética con la plena conciencia que, antes o después, la entrega de parte de los ingresos derivados de la riqueza en hidrocarburos se traduciría en menos ingresos para el Estado, lo que a su vez se traduciría en disminución del gasto público, aumento de impuestos, aumento en los precios de los servicios públicos o aumento de la deuda pública o todas estas opciones juntas.

Ese pronunciamiento resultó premonitorio de lo que vivimos hoy en día, tres años después. No se necesitaba ser adivino, sino simplemente explorar el futuro con base en datos y tendencias comprobables. El futuro nos alcanzó.

Muchos de nuestros afiliados no comprendieron que la lucha contra la reforma energética era una lucha en defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, de nuestras jubilaciones, de nuestras prestaciones, una lucha en defensa de la viabilidad económica y académica de nuestra Universidad, una lucha en defensa de nuestros estudiantes y de sus familias.

En el pronunciamiento arriba señalado manifestamos que dado que Pemex aportaba el 35 por ciento del gasto federal, su privatización, aunque fuera parcial, traería como consecuencia al interior de nuestra Universidad una reducción, en términos reales (entre otros): 1. Del presupuesto anual real, lo que ya sucedió; 2. Del número o del monto (o de ambos) de las becas a estudiantes, lo que aumentará la posibilidad de que algunos de nuestros estudiantes abandonen sus estudios, no por falta de capacidad académica sino por motivos económicos; 3. Del monto de los apoyos a programas de fortalecimiento institucional (PIFI, PROMEP, SNI, estímulos a la docencia, etc.), lo que también ya sucedió al reducirse el monto de los fondos concursables a nivel nacional, de 10 mil millones de pesos a tan solo 3 mil 600 millones de pesos, una enorme reducción del 65 por ciento; 4. Del financiamiento para contar con nuevas plazas docentes de tiempo completo, lo que provoca un aumento de la precariedad laboral en el entorno universitario, lo que a su vez conduce al detrimento académico al reducirse las posibilidades de profesionalización de los docentes; 5. Del financiamiento para el pago de jubilaciones y pensiones, lo que ya sucedió también con el recorte para 2017 del fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES de 2 mil 700 millones de pesos ¡a cero pesos! Este fondo incluye las aportaciones del gobierno federal a los distintos fideicomisos de jubilaciones que existen en las universidades, por lo que al no aportar ya nada el gobierno federal la carga se concentra en los mismos maestros y en las universidades lo que, de manera natural, hará más lento el crecimiento de dichos fideicomisos; y finalmente, 6. Del gasto para la sanidad pública.

En el último punto se enmarca la ofensiva contra los sistemas de pensiones públicos, como los del Seguro Social y del ISSSTE y el impulso, cada vez más evidente, hacia la privatización de los servicios de salud. Esto también compromete a los universitarios, pues si disminuye, por ejemplo, el financiamiento a las pensiones del IMSS, nuestra Universidad no podrá con la carga económica derivada de hacerse cargo de, actualmente, 500 jubilados del SUPAUAQ, más jubilados del STEUAQ. Y también nos afecta, directamente, con el uso de los servicios de salud, pues al disminuir cobertura y calidad aumentan los gastos de las familias para hacerse cargo de esos gastos en el sector privado.

Ahora resulta que hasta la Coparmex, uno de los grupos más entusiastas en el apoyo a la reforma energética de Peña Nieto, señala que dicha reforma ha traído más daño que beneficios. Y mencionan específicamente el aumento en el precio de los energéticos como un lastre para las empresas y para su entorno de negocios.